EMPRESAS PRIVADAS DEBEN APOYAR EL DESARROLLO DE LA REGIÓN JUNÍN

Entrevista por Rosa María Loayza

El presidente regional de Junín y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Vladimir Cerrón, aseguró a LA PRIMERA que la ordenanza que establece exigencias a las empresas privadas que invierten en la región es una invitación a participar en el desarrollo de la región, dentro de los parámetros del respeto a la población y a sus derechos.

-Se ha levantado una serie de reacciones en torno a la ordenanza regional dictada por su despacho que impone condiciones a la inversión privada en Junín. ¿Cuál es el fin de esta norma?

-No son condiciones, solo le estamos exigiendo un compromiso real a las empresas privadas que buscan invertir en la región Junín y lo hacemos en el marco legal internacional y nacional, como lo son las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las reglas del derecho laboral peruano. Son leyes comunales, que nosotros particularizamos en algunos puntos, adecuándolas a la necesidad de la región.

-Algunos aseguran que con estas exigencias el gobierno regional estaría buscando detener la inversión en la región…

-No hay nada de que temer, estamos declarando de interés regional la inversión privada. Los estamos invitando a participar dentro de los parámetros del respeto, buscando el beneficio de la población con las empresas, lo que queremos es que cuando ellos vengan adopten algunas medidas para vivir en un mejor cLimay eso los ayudará a ganar más. Lo que no queremos es que cuando la empresa privada venga contamine los ríos, ni traiga gente foránea, ni atente contra los pequeños negocios.

-¿Cuál es el contenido de la ordenanza dictada?

-Hemos dispuesto que garanticen empleo y estabilidad laboral para todas las comunidades de la región, cosa que muchas veces no se da, pues la contratación del personal se circunscribe a la comunidad donde están explotando los recursos, mas no hay una selección extensiva a las demás, para luego traer profesionales de otras ciudades o directamente de Lima. Queremos que le den prioridad a la mano de obra de Junín, por lo que exigimos que más del 60% de los trabajadores sean de la región, garantizando la mano de obra, para evitar la violencia laboral tal y como se está dando en Lima, sobre todo en los gremios de construcción civil.

-La norma habla también del respeto por los convenios colectivos…

-Sí. Queremos que se respeten los convenios colectivos con los trabajadores. Por ejemplo, la empresa minera Volcan, que opera en Pasco y en Junín, ha cambiado de razón social en Pasco, desconociendo los derechos laborales, con el fin de dividir el sindicato. Por ello, los mineros vendrán a Junín para llevar a cabo su huelga. Cosa que perjudica a la región, a los trabajadores y a la empresa.

-Las preocupaciones ambientales del gobierno regional ¿está reflejado en la norma?

-Como gobierno regional debemos procurar que se garantice el cuidado del medio ambiente, por eso estamos exigiendo el cumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que los decretos de urgencia 001 y 002 han querido simplificar, así como el respeto en la consulta a los pueblos, que lo estipula el Convenio 169 de la OIT, que el país ha suscrito. Además del acatamiento a las normas de participación ciudadana.

-La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha criticado la exigencia de la ordenanza que habla sobre la participación accionaria de las comunidades en las empresas, diciendo que con esto se está regresando a la época del régimen de Juan Velasco Alvarado…

-Solo estamos solicitando que algunas de las comunidades se hagan accionistas de las empresas privadas, aunque sea en un porcentaje menor al 1%, tal como se está dando en Junín con la empresa Cemento Andino que tiene a las dos comunidades aledañas como accionistas, lo que ha permitido mantener un buen cLima de convivencia, más cohesionado y de responsabilidad entre la empresa y la comunidad.

-Por otro lado, ¿estas exigencias tienen algún efecto en los impuestos que pagan estas empresas?

-Queremos que las empresas trasladen sus oficinas fiscales a la región donde están invirtiendo, ya que Junín es una de las últimas regiones en tributación, lo que hace que seamos menos atractivos a la inversión nacional y extranjera, porque se registra un movimiento económico bajo, debido a la poca tributación.

-¿De qué manera se ha visto afectada la región por esa situación?

-Hace poco se inauguró un Plaza Vea en Junín, sacando del mercado a un grupo de pequeños comerciantes que, aunque poco, tributaban en la región, mientras que esta gigantesca empresa tiene su domicilio fiscal y tributa en Lima. Nosotros planteamos un mecanismo de regulación para que subamos en el ranking de tributación, con lo cual muchos empresarios querrán apostar por nuestra región.

Norma genera expectativa

-¿Cuál ha sido la reacción de la población frente a esta ordenanza?
-Todavía no hemos tenido tiempo de medir la reacción de la población, ya que hoy (ayer) se ha puesto en vigencia esta norma; sin embargo, los comentarios de los medios de comunicación, incluyendo los diarios de oposición más recalcitrantes, resaltan que se haya declarado de interés público nacional la inversión privada.

-¿Usted ha recibido el apoyo de otros presidentes regionales?
-Son varios los presidentes regionales que me han llamado para felicitarme por la norma, entre ellos los presidentes regionales de Apurímac, Elías Segovia y Huancavelica, Maciste Díaz. Otros nos han manifestado su deseo de aplicar gran parte de nuestras medidas.

-¿En algún momento Junín tomará la medida tomada por la región Cusco, que declaró su territorio área de no admisión de denuncios mineros?
-No creo que lleguemos a ese extremo porque Cusco tiene otra realidad. Sería una exageración que lo hiciéramos.

LA OIT Y EL CONFLICTO DE BAGUA

Dr. Vladimir Cerrón Rojas

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el instrumento jurídico más completo de carácter internacional y vinculante a las naciones que lo integran. Reconocen los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y tribales, garantizando su integridad territorial, cultural, espiritual, organizacional, económica, ecológica, entre otras. Al ser de carácter vinculante, los países que han ratificado su participación, están en la obligación de cumplirlas, aceptando sus resoluciones en rango de ley. El Perú ratificó su participación el 02 de febrero de 1994.

Quienes participan en política deben conocerlo y reconocerlo, y quien osa lo contrario, solo habría conseguido ser observado por la OIT y algo peor, la severa condenación de la historia, como en los hechos lamentables ocurridos en Bagua.

El Estado peruano confundió dos grandes categorías al tejer su estrategia frente a una protesta popular. Confundía pueblo con población, como confundir religión con cristianismo o movimiento social con socialismo. El término de pueblo puede adquirir conceptos, en dependencia del prisma que sea analizado. Para algunos será lo mayoritario, productivo y ayuno de poder, para otros como la OIT será colectivo social con su propia lengua, instituciones, forma de vida, desarrollo económico, territorio y cultura. Es algo más que un simple conglomerado poblacional. En los sucesos de Bagua, el Estado se enfrentó no a la población amazónica, sino a pueblos amazónicos, que hoy en día conocen sus derechos y solicitan la aplicación de los mismos. El Estado subestimó los aportes de la sociología amazónica.

El Estado estaba en la obligación de salvaguardar sus vidas, bienes, trabajo, cultura y su medio ambiente. Según la OIT, el Estado debió comprometerse adecuar la legislación nacional, desarrollar acciones de acuerdo a estas disposiciones, informar periódicamente su aplicación y responder a las observaciones al órgano de control de la OIT.

En las décadas de 1950-1970, el ingreso de las transnacionales caucheras, conllevaron a la extinción de muchas comunidades indígenas y tribales, ahondó las diferencias entre patrones y explotados, no trajo ningún desarrollo asociado a los indígenas y el medio ambiente fue contaminado. Es decir la experiencia fue deplorable. En la selva central de Junín, se vio algo similar, la nación Asháninka, fue desplazada tierra adentro, hasta hoy día, de la capital de Satipo. Contrariamente, la OIT exhorta a los estados la ayuda a eliminar las diferencias socioeconómicas entre miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional.

El saldo lamentable de los muertos en el conflicto de Bagua, al momento de someter a la justicia a miembros tribales y del Estado, deberá considerar el Art. 9 de la OIT: “…En cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia”, al haberse enfrentado a comunidades tribales con cuasi organización y experiencia militar, donde el honor aún sigue siendo un valor innegociable.

La OIT también manifiesta que la exploración y explotación de los recursos naturales en las tierras comunales deberán de protegerse de manera muy especial y que los pueblos tienen el derecho de participar en la utilización, adecuación y conservación de dichos bienes. Si el Estado no consultó a los pueblos, menos tenía la intensión de hacerlas partícipes de los beneficios de la patria amazónica, por considerarlos ciudadanos de segunda categoría y dueños de una propiedad aparente.

De los países firmantes, solamente en Ecuador, Perú, Bolivia y algunos en Brasil, se han dado conflictos serios desde que el neoliberalismo ha puesto sus energías anticipándose en la política, opuesta al Convenio 169 de la OIT, del “Perro del Hortelano”.

¿A quién no le duele Bagua? Cuando le dicen a su gente, soldados valerosos del Cenepa cuando sirven a la patria, pero ciudadanos de segunda clase, cuando reclaman sus derechos comunales y tribales. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando para combatir el narcotráfico envían soldados niños al VRAE y para reprimir a los amazónicos les envían las fuerzas especiales de la policía, ¿A quién no le duele Bagua? Cuando congresistas como Meckler y Abuggatas, judío y palestino respectivamente, defienden la soberanía peruana. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Estado se sienta negociar con los Apus, pero a la vez su Procurador los denuncia por sedición y rebelión. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando hay una guerra fratricida, y a unos los llaman asesinados y a otros fallecidos. ¿A quién no le duele Bagua? Cuando el Congreso se resiste a derogar leyes anticonstitucionales.