Los móviles que
conllevaron a la nacionalización de la universidad son multifactoriales, entre
los principales pueden considerarse la organización y orientación ideológica de
la federación estudiantil, el descubrimiento del carácter patrimonial y
hereditario de la universidad, la carencia económica del estudiantado, los
cuestionamientos morales y económicos a la dirección universitaria, la
incapacidad probada de algunos docentes, las disputas políticas por la
partidarización de la universidad, el carácter extracomunal de la universidad,
el rol de la prensa comprometida con su pueblo y el carácter alienado de la
clase media. Atenderemos a cada una de éstas.
Organización de la
primera federación estudiantil
Jesús Fernando Romero Villanes, estudiante de la
Facultad de Educación, fue el primer presidente de la naciente Federación de
Estudiantes de la Universidad Comunal (FEUC), le sucedería en el cargo Julio
Seminario Wensel, ambos eran trabajadores y sindicalistas bancarios. Esta
afirmación es diametralmente contraria a lo planteado por Ramos Cahuana, quien
afirma que el primer presidente fue el estudiante aprista Mayer Martel (430).
Romero y Seminario dirigieron el movimiento estudiantil en los momentos más álgidos
que comprendieron los procesos de la nacionalización y la primera
reorganización de la universidad, en representación del Frente Estudiantil
Revolucionario (FER), de tendencia progresista, línea política que dirigió por
muchos años dicho estamento. Ambos debieron adquirir la experiencia necesaria
en la Federación de Empleados Bancarios (FEB), donde conocieron a Saúl Muñoz
Menacho.
La FEUC jugó un rol importante y decisivo en el
proceso de democratización y nacionalización de la universidad, fue el elemento
más comprometido con dicha liberación, puesto que los estamentos docentes y
administrativos estaban en manos del aprismo, por mayoría en su composición.
Después de 51 años de fundada la universidad, tuvimos
la oportunidad de entrevistar a uno de los principales protagonistas de la
nacionalización, al ahora Dr. Fernando Romero Villanes, quien confirmó nuestro
planteamiento acerca de esta gesta heroica: “… Sin
embargo, se traicionó la volutad popular. Los estudiantes de la Universidad
Comunal del Centro del Perú al ver y sentir la injerencia política que cada vez
más se entronizaba en nuestros claustros, investigaron y así se conoció que la
Universidad Comunal tenía dueños privados y que nunca fue comunal… El pueblo de
Huancayo levantó sus banderas de lucha encabezado por sus estudiantes y
comuneros. También estaban presentes sus instituciones vivas: sindicatos,
asociaciones, federaciones, como la FEP, la bancaria, de profesores y muchas
más organizaciones populares, su objetivo: era lograr la nacionalización de la
universidad y de todas las filiales que con sentido proselitistas se habían
creado. La lucha duró dos años hasta que logramos la nacionalización por
movilizaciones populares...” (444).
Usurpación y
apropiación de la universidad
Los cuestionamientos
a la dirección de la universidad, incluyendo al rector, nacen a partir de que
se divulga la Escritura Pública de Constitución Nº 371, la cual había
quebrantado las aspiraciones legítimas de las comunidades campesinas y de todo
el pueblo, anunciando a la vez, el carácter patrimonial y hereditario de la
universidad. Como se sabe, las cláusulas Nº 4 y 8 otorgan el carácter de propietarios a los cuatro fundadores
principales y las cláusulas Nº 23 y 25 otorgan el derecho de elegir en los
cargos de dirección solamente a quienes tengan la calidad de fundadores de la
universidad y que el rector y los directores no cesan ni por la ausencia ni por
la muerte, pasando a sus herederos. Los dueños de la universidad y el Apra,
vieron en la privatización la oportunidad para la usura, la ganancia, el
beneficio y el lucro.
Las condiciones
económicas de la población
La carencia económica del estudiantado fue otro factor
decisivo, puesto que la universidad tenía el carácter de particular; se infiere
que toda entidad de este tipo tiene dueños y los usuarios tienen que pagar los
servicios. Es así como la pensión de enseñanza se fijó en una suma de 300 soles
mensuales. En tal sentido, en sus inicios la universidad reconocía a la
Asociación de Padres de Familia, que en realidad eran quienes con su dinero
daban el soporte económico a la institución, así un diario local testifica la
existencia del Comité de Emergencia de los Padres de Familia de la Facultad de
Arquitectura (179). Estas pensiones de enseñanza eran consideradas costosas para
los estudiantes quienes provenían, en la mayoría, de una extracción campesina.
Los alumnos foráneos pagaban, aparte de la mensualidad en la universidad, sus
pensiones alimentarias y de vivienda que oscilaban en un monto cercano a 400
soles promedio. A todo este problema económico se sumó el incremento
sistemático y continuo de las tasas educacionales, lo cual agravó la situación,
frente a la real condición económica social de los pobladores del valle del
Mantaro.
La inmoralidad de las
autoridades universitarias
Los cuestionamientos morales y económicos a las
principales autoridades universitarias, incluyendo al rector, coadyuvaron a la
situación. Los actos de corrupción, malversaciones de los ingresos que luego
fueron juzgados y sancionados, radicalizaron las luchas estudiantiles de la
naciente FEUC como único estamento universitario dispuesto a no doblegarse. Era
evidente que lo recaudado por concepto de pensiones eran desviados para fines
ilícitos y no se rendían las “cuentas claras” ante el cuestionamiento
estudiantil. Al tratar de evadir la responsabilidad, muchos directivos optaron
por culpar a Ramiro Prialé en su ausencia.
El movimiento
estudiantil y algunos docentes progresistas, llegaron a la conclusión que
apremiaba reorganizar la Universidad Comunal frente a los actos de corrupción,
pero no tenían sustentos legales para hacerlo puesto que era propiedad privada,
por ello sería imprescindible la nacionalización y el posterior amparo en la
Ley Universitaria, facilitar la intervención del Consejo Inter Universitario
(CIU), el cogobierno estudiantil, la legitimización de la FEUC y su adhesión a
la Federación de Estudiantes del Perú (FEP).
La incapacidad académica y de
gestión
La incapacidad
probada en algunos docentes que habían sido traídos del “sólido norte”,
especialmente trujillanos, carentes de títulos y grados, fueron el blanco de un
duro cuestionamiento estudiantil y de algunos docentes. Cabe recordar que la
universidad tuvo dos rectores sucesivos, procedentes de la Universidad Nacional
de Trujillo, de probada militancia aprista, que luego, uno huyera de Huancayo y
el otro fuera encarcelado. Una vez nacionalizada la universidad aún persistió
la mediocridad del profesorado al contratarse docentes carentes de título
profesional, y en el peor de los casos, otros que ni siquiera habían estudiado
en una universidad, en las diferentes facultades, contratados por el simple
hecho de ser militantes apristas como demostraremos más adelante.
La utilización política de la
universidad por parte del Apra
Las disputas
políticas en el manejo de la universidad condujeron a discrepancias entre
docentes y estudiantes miembros de algunas tiendas políticas. El manejo partidarizado del Apra, que incluía
las decisiones de quien ingresaba como estudiante o docente a la universidad,
cercó la paciencia. Es probable que el Partido Comunista Peruano prestara asesoramiento
desde el exterior al movimiento estudiantil progresista, puesto que los dos
primeros presidentes de la FEUC fueron trabajadores bancarios y la Federación
de Empleados Bancarios era dirigida por personajes como Saúl Muñoz Menacho.
Los directivos de la universidad en su gran mayoría
eran apristas y era lógico que se opusieran a la nacionalización y esperaran
las mínimas “faltas” de la oposición para tomar represalias. En una ocasión se
negaron a matricular a siete estudiantes de diferentes facultades y ante los
cuestionamientos de la FEUC, el Consejo Directivo pretextó que los mismos no se
habían matriculado dentro de los plazos regulares y que sus dirigentes y
docentes habían mantenido una actividad constante encaminada a producir el
desorden con grave daño de los alumnos que deseaban estudiar. Manifestaron también que como universidad no se puede
cumplir los fines sin el orden, la disciplina y un clima académico
indispensable (296). Pero lo cierto era que los estudiantes habían sido
segregados de la universidad por el solo hecho de haberse manifestado, pedido y
propiciado la nacionalización, según refiere una fuente periodística local.
Ante este suceso, la FEUC, que estaba cada día en fortalecimiento, convocó a
una huelga indefinida, la misma que fue iniciada al día siguiente, exigiendo
que UCCP matricule a los alumnos. El saldo final se resumió en el triunfo de la
huelga; los alumnos fueron admitidos.
El carácter extracomunal de la
universidad
La renuncia al Apra
del principal líder comunero Elías Tácunan Cahuana, denunciando que el Apra
había capturado la universidad como su propiedad, sentenció que la universidad
era un ente extracomunal. Más adelante, en 1965, Véliz Lizárraga haría pública
sus verdaderas intenciones: “Por qué
honrar a los hijos de los campesinos, de los mineros, acaso sólo porque sus
padres batallaron para instaurar el ideal educativo que hoy se erige
sólidamente; debemos tener en cuenta que la Universidad requiere cambios
sustanciales, órganos de gobierno que decidan hábil y políticamente sin perder
la brújula. El poder de esta Universidad debe ser conducido por nosotros, de
esta manera nos será fácil desconectar el lazo que une a la Universidad con las
comunidades indígenas y los mineros” (408).
El oportunismo de
la clase media alienada
No se debe olvidar que gran sector de la
clase media alienada, incluyendo estudiantes y docentes, se sentían incómodos
de pertenecer a una universidad de carácter comunal o campesina y en medio de
su crisis subjetiva decidieron apoyar el proyecto de la nacionalización. Este
fenómeno es advertido por Véliz cuando manifiesta: “Algunos sectores de la población criolla y acriollada criticaron su
aparición alegando que era una Universidad para indios” (409), y confirmado
por Ramos cuando se refiere a Tácunan: “Le
criticaban a sus espaldas por su castellano mal hablado, por su talla, por su
vestido campesino y hasta por sus apellidos, pero jamás tenían la amplitud y el
coraje de ver sus virtudes que era en grado superior a lo que ellos vivían”
(430).
El pueblo se
organiza
Todas estas causales dieron motivo a que en la agenda
del pueblo se priorice la nacionalización de la Universidad Comunal del Centro
del Perú. Debemos tener en claro que la FEUC por sí sola no hubiera podido
lograr la ansiada nacionalización, aunque ciertamente fueron los más decididos
a emprender y resistir la batalla. En el ámbito extrauniversitario se
organizaron los comités de apoyo a la nacionalización, gremios y sindicatos
clasistas como ferroviarios, bancarios, campesinos, etc., apoyaron la idea. También jugaron
un rol decisivo los partidos políticos, especialmente Acción Popular y el
Partido Comunista del Perú, durante el proceso de reorganización, así el fiscal
Ciro Rodríguez, la jueza Duarte Velarde y el abogado Oscar Bernuy de probadas
militancia populista, se enfrascaron en la lucha anticorrupción contra el Apra.
A nivel del Congreso de la República se oficializó el
proyecto de ley que se conoció como Proyecto Sarmiento en referencia a su principal
gestor, el diputado por Junín, Dr. Alfredo Sarmiento Espejo, acompañado por
Jorge Vallejos Montenegro y Max Espinoza Galarza, lo que le dio al mencionado
proyecto el carácter oficial.
El día 18 de noviembre de 1961, la FEUC expresa su
apoyo al Proyecto Sarmiento, afirmando que el mismo se encuadra dentro de la
aspiración del estudiantado en general, porque solo consiguiendo la
nacionalización integral al igual que otras universidades, la UCCP, podrá
liberarse de los partidos políticos y privilegios de grupo que han perjudicado
desde que empezó a funcionar. Agrega que la FEUC “no puede apoyar proyectos que crean Comisiones Gubernativas y la
desintegración de la filial de Lima, porque no guarda relación con los
proyectos presentados por Sarmiento Espejo y la Federación de Estudiantes.
Informa además, que una comisión de alumnos presidida por el Presidente de la
FEP, Max Fernández y Fernando Romero, se entrevistó con el Presidente de la
Cámara de Diputados, Armando de la Flor, quien ofreció prestar su apoyo para la
nacionalización” (287). Finalmente, para dar contundencia a este pedido, la
FEUC organizó la Marcha al Congreso; una marcha de sacrificio hacia la ciudad
de Lima a iniciativa de los mismos alumnos y con sus propios medios.
El Dr. Fernando Romero acota al respecto y
hace un llamado: “Al conseguir la
nacionalización la lucha continuó en Huancayo, esta vez por la injerencia del
partido aprista que seguía manteniéndose en el poder con ayuda de los
organismos del Estado. Fue cruenta, constante, no por el predominio ideológico,
sino por la implementación de la ciencia y la cultura con honradez,
transparencia y pluralidad de ideas. Y principalmente contra la corrupción.
Pero estas acciones heroicas han costado vidas y muchos daños a las personas
que lucharon para conquistar los logros obtenidos. ¡Cómo olvidar a Saúl Muñoz
Menacho, uno de los mejores alcaldes de Huancayo que cayó bajo las balas
asesinas y a Jaime Cerrón Palomino, raptado y asesinado!… Herminio Parra
Rivera, Ernesto Barriga del Barco, Roberto Aguirre Palomino, docentes y
luchadores... Cayeron asesinados por escuadrones paramilitares formados a fin
de eliminar a los que se oponían a las ansias de poder y enriquecimiento. Para
que hablar de los que nos hemos salvado de estas ejecuciones. Los enemigos del
pueblo no duermen, se preparan. Nosotros también debemos estarlo” (444).
La convivencia y la
nacionalización sin perder el poder
Cuando la
nacionalización era inminente, el Apra, que constituía parte del grupo de poder
nacional amparado en el gobierno de la convivencia, optó por hacer público un
comunicado de claro tinte oportunista, en el cual decide apoyar la
nacionalización y más aún la reorganización de la universidad, con el claro
propósito de enquistarse en el futuro gobierno.
Si partimos de la afirmación que el pueblo de la
región central ganaba con la nacionalización, es dable preguntarse quiénes
perdían con la misma. Inicialmente las comunidades campesinas se opusieron a la
nacionalización aduciendo que se les estaba expropiando su universidad, pero en
realidad, los únicos perdedores eran los dueños considerados en la Escritura
Pública de Constitución Nº 371. El Apra solamente perdería parcialmente, puesto
que, más adelante, como veremos, utilizará múltiples argucias para seguir en el
gobierno universitario y seguir lucrando de la institución.
En conclusión, la realidad era la siguiente: la
universidad de comunal solamente tenía el nombre, porque quienes la dirigían
pertenecían a la clase pequeño burguesa foránea y local, representada por el
Apra, con diferentes aspiraciones ajenas a las del campesinado. Además, la
universidad se sustentaba en los aportes económicos de los padres de familia o
los propios estudiantes. Es necesario aclarar que la universidad al
nacionalizarse no fue expropiada a las comunidades, como en alguna ocasión lo
diera a entender Elías Tácunan Cahuana, simplemente porque las comunidades no
estaban reconocidas como propietarias principales en ninguna cláusula de la
Escritura Pública de Constitución Nº 371. Aunque claro está, que las
comunidades donaron algunos terrenos para que el funcionamiento de la
institución sea el ideal, es así como se crean varios colegios comunales en
Acolla (Inca Garcilaso de la Vega), Muquiyauyo (Bruno Terreros), Ahuac
(Amauta), Manzanares (Guamán Poma de Ayala), Sapallanga (Chinchaysuyo), Chongos
Alto (Pachacútec), San Jerónimo (San Roque, hoy Esteban Sanabria Maraví), Hualhuas
(Buenaventura Gamarra, hoy José Olaya) y Huayucachi (Warivilca).
Pese a ser nacionalizada la universidad, los apristas
hicieron artificios para seguir empotrados en el poder, negociaron con todos
los gobiernos que pudieron, con tal fin: “Cuando
los estudiantes opositores al Apra actuaban ya mancomunadamente con ese grupo
para expulsar de la Universidad Comunal de entonces a Javier Pulgar Vidal y a Jesús
Véliz Lizárraga, rector el uno y gerente el otro, se dijo que ya no habría
propietarios de ese centro de estudios, pero no tomaron las providencias del
caso para impedir en el futuro el surgimiento de otro aparato administrativo
donde pudieran cometerse igualmente irregularidades de toda naturaleza en
provecho del grupo de turno… Hay observadores que estiman que este grupo más
parece un clan, estaría integrado por los ex – apristas y hasta por los que
fungiendo de militantes todavía, mantienen lazos estrechos con el Comité
Ejecutivo Departamental de Junín del
Partido Aprista con cuyo respaldo moral y partidario cuentan, las veces que
quieran, para la defensa y resguardo de sus propios intereses personales”
(430,431).
La lucha interna del
Apra y la salida de Pulgar Vidal
La nacionalización necesariamente implicaba una
posterior reorganización. El Apra que manejaba la universidad, se resistió a
dejarla por muchos años más, pero el cuestionamiento y la fuerza popular les
era cada vez más hostil y frente a ello existieron dos posturas dentro de la
crisis interna del Apra, los que sostenían que se mantenga el poder tal como
estaba y los que sostenían prepararse para el poder en las nuevas condiciones
dado que la nacionalización era inminente. Optaron por la segunda.
Para que el plan sea operativamente viable, decidieron
hacer un artificio político y legal en la que, una vez nacionalizada la
institución, les permitiría seguir siendo los amos y señores. Entonces
decidieron contradecir al rector Pulgar (a quien le habían dado la misión de
defender la universidad de la nacionalización), ayudados de la convivencia con
el pradismo y bañados de un falso populismo, se manifestaron primero en favor
de la reorganización y luego por la nacionalización.
Es así como el 27 de marzo de 1961, la Junta de
Catedráticos de la UCCP (fachada del aprismo), acordó declarar en
reorganización la universidad y constituir una Junta Provisional de
Reorganización, basada en un decreto supremo, integrada por Augusto Peñaloza
como presidente, Mauricio Arriola, Nilo Arroba, Joaquín Chivílchez, Ernesto
Orellana, Humbero Tasaico, Raúl Vidalón y Consuelo Castillo. Ante este acuerdo
la reacción del rector fue desconocer tal pretensión, aduciendo que esa
determinación solo podía ser facultad del Consejo Directivo y su persona,
factores que fueron condicionando su renuncia. Finalmente, estos conflictos
internos en la cúpula aprista hicieron que el rector Javier Pulgar renuncie al
cargo y conjuntamente con su gerente Jesús Véliz, sean desconocidos por los
demás apristas en el poder, de su calidad de fundadores y propietarios. La
ambición de ser los únicos dueños de la universidad particular fue el principal
móvil que condujo a sus discrepancias. En esta coyuntura de estatización y
reorganización, Ramos Cahuana rescata un testimonio que pone en evidencia la
primera derrota de los propietarios: “Los
Dres. Jesús Véliz L. y Javier Pulgar V., donaron sus acciones a las Comunidades
del Valle” (430).
El otro propietario, Ing. César Solís Rojas, había renunciado
a la universidad cuatro meses antes de que estallen los conflictos y ante este
incómodo escenario trató de limpiar su imagen negando cínicamente su condición
de dueño que le adjudicaba la escritura pública, terminando por enviar una
carta a un diario capitalino el 29 de marzo de 1961 en los términos siguientes:
“Señor Director de El Comercio… El día de
ayer y hoy, he leído las informaciones del periódico de su dirección,
referentes a las irregularidades existentes en la Universidad Comunal del Centro
y en las que se me incluye como “propietario” del mencionado Centro de
Estudios… Fui llamado a ocupar el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias
Geográficas y Planeamiento… desde el 3 de abril hasta el 28 de noviembre del
año pasado, fecha esta última en la que presenté mi renuncia irrevocable por no
estar de acuerdo con su conducción administrativa y académica… Aparte de mis
labores docentes no he tenido ninguna otra participación, ni como socio
capitalista, ni como “propietario”, ni he firmado escritura de constitución o
documento alguno en ese sentido” (445).
Frente a la inminente nacionalización y
reorganización, el Apra quiso adaptarse a la realidad, en referencia un diario
manifestó: “Gran conmoción produjo aquí
en la opinión pública la difusión de un comunicado de prensa expedido por el
Comité Ejecutivo del Partido Aprista en la cual ve con simpatía el movimiento
generado por la Federación de Catedráticos que tiende a su reorganización
substancial. Este temperamento ha sido interpretado como el rompimiento entre
el Comité Ejecutivo del Apra y los Directivos de la Universidad. Informaciones
no oficiales señalan que el Dr. Jesús Véliz Lizárraga está sometido a
disciplina dentro de su partido, y que se tramita su expulsión por haber
defraudado las esperanzas de su partido. Todo parece indicar que tal
temperamento ha sido adoptado con la anuencia del Secretario General del Apra,
Ramiro Prialé, quien se encuentra en esta ciudad (Lima) por el fallecimiento de
su padre” (285).
Al respecto la prensa nacional resaltó: “La Junta Reorganizadora de la Universidad
Comunal del Centro acordó hoy desconocer la autoridad del rector Dr. Javier
Pulgar Vidal y del gerente Dr. Jesús Véliz Lizárraga. Esta posición y el
pronunciamiento del partido aprista en el sentido de apoyar el movimiento de la
reorganización de la Universidad, han impreso un nuevo giro al conflicto de la
Comunal que antes de cumplir un año de funcionamiento se debate en una aguda
crisis que pone en serio peligro la iniciación del año académico. De otro lado
los alumnos de la Facultad de Ciencias Geográficas y Planeamiento han pedido la
renuncia inmediata del Dr. Jesús Véliz Lizárraga, a quien sindican como el
principal responsable de la crisis universitaria. Por lo demás los diversos
Centros Federados de Estudiantes han expedido sendos comunicados en los cuales
apoyan la reorganización y nacionalización de ese centro de estudios… La Junta Reorganizadora definitiva quedaría
formada durante una Asamblea de Catedráticos convocada para el próximo 3 de abril,
con la intervención del Tercio Estudiantil” (285,295).
Como vemos, la salida del Dr. Pulgar Vidal se da en la
atmósfera de la traición de su entorno político partidario, su desprestigio
administrativo frente al estatus de gran intelectual, la conformación de una
comisión reorganizadora desconociendo su autoridad y el estar perdiendo “su”
universidad, haciendo que deje el cargo el 7 de noviembre de 1961, siendo
sucedido por el ingeniero Manuel Carranza Márquez, quien había sido vicerrector
y rector de la Universidad Nacional de Trujillo y decano de la Facultad de
Ciencias de la misma institución. Carranza tenía estudios en Alemania y
Argentina (266) y era militante del Apra, es decir, cumplía los “requisitos”
para dirigir la universidad.
Comité Pro Nacionalización
Simultáneamente a estos sucesos, el 27 de marzo de
1961, en Huancayo se realizaba otra reunión que tenía el carácter de Asamblea
Pública en el Salón de Actos del Instituto Industrial Femenino del Centro (hoy
I.E. María Inmaculada), en la cual constituyeron el Comité Permanente Pro
Nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú, bajo la
presidencia del abogado Oscar Bernuy Gómez, acto que recibió el apoyo unánime
del estudiantado universitario, mediante comunicados de prensa (295,294). Este
comité respondía al llamado que hicieron los estudiantes de la universidad y la
reunión fue convocada por el Comité Provisional que presidía Horacio Gutiérrez
Tordoya; duró cerca de cuatro horas y el público asistente se calculó en más de
mil personas. Acto seguido habló el asesor jurídico del Comité, Oscar Bernuy,
quien señaló que el primer paso era conseguir, mediante una gestión
parlamentaria, la unificación de los artículos 45 y 80 del Estatuto
Universitario, para que, así como la Pontificia Universidad Católica, la
Comunal tuviera carácter nacional. Además integraron dicho comité: “Jorge Diéguez como Vicepresidente; José
Guerra Peñaloza como Secretario del Interior; Alejandro Leiva como Secretario
de Organización; Víctor Alfaro de la Peña como Secretario de Defensa; Wilfredo
Paredes como Secretario de Economía; Mario Serrano como Secretario del
Exterior; Antonio Cisneros Reaño como Secretario de Prensa y Propaganda; Javier
Valencia como Secretario de Control y Disciplina; Enrique Serpa Elejalde como
Secretario de Entidades Sostenedoras; Leoncio Vila Orellana como Secretario de
Comunidades; Fernando Romero Villanes como Secretario de Cultura y Javier Ríos
Burga como Secretario de Relaciones Estudiantiles. Los abogados Juvenal
Benítez, Hermógenes Casaverde y Leoncio Acosta Santibáñez, fueron nombrados por
aclamación popular, integrantes de la Comisión Jurídica encargada de hacer los
estudios pertinentes para llevar al éxito la labor emprendida” (286).
Oscar Bernuy, presidente del Comité Permanente, frente
a cuestionamientos políticos por su militancia en las filas de Acción
Popular, señaló: “El Comité no tiene ninguna orientación ni injerencia política, y que el
hecho de que algunos de sus miembros pertenezcan a Acción Popular no tiene
mayor significación. Las labores serán encaminadas a lograr la modificación de
la Escritura Pública de Constitución de la Universidad que adolece de serios
reparos jurídicos, así como, el de los propios Estatutos y programas académicos
de la Universidad” (285).
Muchas asociaciones
extrapolíticas también se solidarizaron al llamado, como es el caso del Centro
Universitario Jauja, que el 29 de marzo de 1961 reunido en Asamblea General
Extraordinaria y considerando la situación caótica por la que atravesaba la universidad,
acordó solidarizarse con la ciudadanía consciente del departamento de Junín y
del país, exigiendo la nacionalización de la Universidad Comunal (298).
El semanario El Tiempo, del 28 de
marzo de 1961, puso en evidencia la postura antinacionalización de la
universidad por parte de Elías Tácunan: “Este
elemento, quien abogándose la representación de todas las comunidades de la
región, defiende las irregularidades de la Universidad Comunal. Anoche fue
repudiado en la asamblea” (430).
El día 30 de junio de 1961, se
realizó un mitin en la Plaza Constitución, convocado por el Comité Permanente
Pro Nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú, con apoyo de
todas las instituciones que han contribuido para la realidad de este Centro de
Estudios Superiores, teniendo como objetivo pedir la rendición de cuentas al
rector, Dr. Javier Pulgar Vidal y al ex director gerente, Dr. Jesús Véliz
Lizárraga. Al respecto un diario local señala: “Aunque los organizadores no han dado a conocer la relación de los
oradores, se sabe que entre otros hablará un alumno de la Gran Unidad Escolar
Santa Isabel y representantes de cuatro sindicatos…” (299).
A los estudiantes y al pueblo en general, no les
importaba impulsar la mencionada reorganización, puesto que en el fondo
solamente consistía en una pugna de los apristas contra los apristas por la
hegemonía del poder. A ello responde la renuncia del Dr. Gottardo Agüero
Jurado, catedrático de Biología de la UCCP a la Junta de Catedráticos de la
UCCP (294). En conclusión, al Apra le interesaba la reorganización, pero a la
FEUC le interesaba un proyecto más ambicioso en beneficio del pueblo que era la
nacionalización y debía moverse en ese sentido, aprovechando la coyuntura, si
la universidad no se nacionalizaba era en vano pensar en una reorganización.
Intelectualidad
aprista contra la nacionalización
Varios intelectuales y políticos apristas se
manifestaron hostiles a la nacionalización. Así, para Javier Pulgar la
universidad debía llevarse como una empresa privada: “Vamos a cambiar el método, dando origen a una empresa privada, que
proceda del esfuerzo no gubernamental” (409). Para el senador Alberto Arca
Parró la universidad era un ente auténticamente comunal: “No debe hablarse de la nacionalización de la Universidad Comunal porque
es como pedir que se nacionalice la llama” (409). En el extremo de los
casos el aún entonces aprista Ciro Alegría manifestara: “La Universidad Comunal del Centro fue fundada, netamente, por ochenta y
seis comunidades indígenas… O sea, que dichas comunidades son propietarias de
la Universidad Comunal y ésta es, exactamente una institución particular. La
Federación Provincial de Comunidades de Huancayo, representada por Elías
Tácunan Cahuana… es la propietaria de la Universidad. Y tanto Tácunan como los
otros dirigentes con plenitud de personería, están en contra de la
nacionalización y piden que la Universidad sea entregada a sus legítimos
dueños. Estos hechos deberían ser suficientes para resolver el problema como
sería lógico: con la devolución inmediata de la Universidad a las comunidades.
Pero dentro de una actitud paternalista y falsamente redentora, se quiere ahora
proteger a los indios a pesar suyo, quitándoles la Universidad que han creado.
La Universidad Comunal nacionalizada sería una Universidad compulsiva,
repudiada por los comuneros… Quienes gestionan la nacionalización, han logrado
que cierto número de estudiantes politizados, que no son precisamente
comuneros, pidan lo mismo. Pero frente a tal solicitud existe el hecho
fundamental de los estudiantes comuneros, para quienes la Universidad Comunal
fue creada y son cosa de trescientos, opinan como sus comunidades, o sea, que
están en contra de la nacionalización” (410).
Lucha de todo el pueblo por la universidad nacional
Acerca de la coyuntura, el articulista
Basilio Orihuela Melo menciona: “La mayor
esperanza para los estudiantes del centro del Perú, es contar con una Universidad
nacional en esta Incontrastable. Debemos seguir el ejemplo de los habitantes de
Puno, Lambayeque, Loreto y Ancash quienes han obtenido la creación de
universidades técnicas sostenidas por el Estado. Debemos asumir la actitud de
los iqueños quienes fundaron una Universidad nacional no habiendo permitido la
creación de una Universidad particular. Cuando nos pronunciamos por la
nacionalización de la Universidad Comunal lo hacemos porque hace más de quince
años participamos en la campaña periodística por la creación en esta ciudad de
una Universidad Nacional. Los ingresos que aportan Junín y el centro del país
son muy grandes y como retribución a ellos esperamos que el Estado sostenga
también una Universidad nacional en Huancayo. Por otra parte no son dueños de
la Universidad Comunal solamente las llamadas “sociedades” entre las que
figuran algunas comunidades indígenas, lo son principalmente los padres de
familia y los muchos estudiantes ya emancipados de la tutela paternal, que
pagan por sus estudios; son los padres de familia quienes abonan los derechos y
pensiones de enseñanza de sus hijos que estudian en esta Universidad y solo con
esos aportes fundamentales se sostiene esa Institución Superior de Enseñanza,
cuyos aportes pasan de algunos millones comparados con la cooperación de
mencionadas entidades sostenedoras” (146).
En el mes de diciembre de 1961 se emite el siguiente
comunicado de prensa: “Los profesores y
alumnos de la Universidad Comunal del Centro del Perú, teniendo en cuenta que
es urgente la Nacionalización de nuestra Alta Casa de Estudios, nos dirigimos
al heroico pueblo de Huancayo a fin de solicitar apoyo a nuestra campaña de
conseguir adhesiones de todas las fuerzas vivas de nuestra zona, para así
presionar a los Poderes Públicos y conseguir la Nacionalización de la UCCP,
antes del 25 del presente mes, fecha de clausura de la Legislatura Ordinaria,
ya que de no ser así la solución de este problema se postergaría hasta el año
1963, con el perjuicio consiguiente de cientos de alumnos que deberán abandonar
sus estudios o que no podrán iniciarlos por lo incierto de nuestra situación.
Es por esto que consideramos que todo Huancayo debe presentarse unido, como
sabe hacerlo cuando las causas son justas, y solicitar individual y
colectivamente la nacionalización de la UCCP, anhelo que ha venido
postergándose por causas ajenas a nuestra voluntad” (291).
Como consecuencia de las luchas estudiantiles, el
informe de diferentes comisiones auditoras, la coyuntura política con el
apro-pradismo, etc., al gobierno no le quedaba otra opción que aprobar la
nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú. El 20 de
diciembre de 1961 el Poder Legislativo emite el decreto ley Nº 13827, que fuera
promulgado el 2 de enero de 1962 por el Poder Ejecutivo (191). El 4 de enero de
1962 se hizo pública la ley que convirtió a la universidad particular en
nacional, producto de las luchas del estudiantado bajo la conducción del FER y
el pueblo organizado.
El FER se fortaleció al haber logrado la nacionalización
como ente estudiantil, La FEUC se transforma en FEUNCP y toma legitimidad, se
constituye oficialmente como miembro integrante de la FEP y concluyen que sus
luchas sumadas a su ideología se convertían en fuerza política. Confiaron más
en sí, se trazaron metas más concretas y decidieron marchar por su propia
redención, solicitando la intervención del CIU en busca de la reorganización.
El carácter de clase
de la prensa
El semanario local El Tiempo, no fue una prensa
neutral, por el contrario, fue una prensa decidida y comprometida, a diferencia
de las otras, a participar sin medias tintas de la lucha que debía reivindicar
al pueblo en su afán por recuperar la universidad que se le había arrebatado.
En múltiples artículos y principales titulares encontramos mensajes que llaman
a marchas, movilizaciones, generan polémica, impulsan la nacionalización y
denuncian abiertamente a los usurpadores. Así, en su edición del 25 de marzo de
1961 acota: “Por Decreto Supremo del 16
de diciembre de 1959, se autorizó el funcionamiento de la Universidad Comunal
del Centro del Perú, con el carácter de entidad PARTICULAR, sorprendiéndose a
la opinión pública y desnaturalizándose el anhelo popular, tan solo para
satisfacer intereses inconfesables de círculo y además burlándose el debate
parlamentario sobre un problema nacional. Que la nacionalización de la
Universidad Comunal es la única garantía para la formación de eficientes
profesionales, el fomento de la investigación científica y la difusión de la
cultura, propendiéndose a la gratuidad de la enseñanza”. El 27 de marzo de
1961 recoge el sentir del pueblo y hace un llamado a la movilización, señalando
en su primera plana: “LA UNIVERSIDAD
COMUNAL NO ES DEL PUEBLO, ES PROPIEDAD PRIVADA ¡POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
COMUNAL!” (71,132).
El diario La Voz de Huancayo tuvo una participación
menos comprometida con el proceso de nacionalización, pero luego, clave, en el
proceso de reorganización bajo la dirección de Benjamín Gutiérrez. El diario Correo aparece en
1962, con su director Carlos Hidalgo Pallete, por lo que no tiene oportunidad
de manifestarse acerca de la nacionalización, pero sí de la reorganización. Nos
preguntamos cuál habría sido su posición respecto a la nacionalización, si consideramos
que Hidalgo Pallete era militante de la DC y antiaprista inicialmente, luego
fue secretario de prensa de la presidencia en el
gobierno de Alan García, donde se mantuvo hasta sus últimos días.
La prensa radial también jugó un papel
importante. Una de las primeras emisoras en Huancayo fue Radio 15-50, según
algunos comentarios sustentados más adelante, fue adquirida con fondos de la
UNCP. Ésta se había convertido en el vocero de la universidad y de sus
principales autoridades. Sus programas estaban copados por programas
partidarios, orientados a la defensa pública de sus directivos y al
desprestigio del movimiento estudiantil ferista. Dirigida por líderes apristas
entre los que encontramos a Ramiro Prialé Prialé, Horacio Gago Espinoza y Juan
Gálvez Ríos. Con esta radio se hizo la campaña a Félix Ortega Arce y Horacio
Gago Espinoza para que llegara el primero al municipio en 1966 y posteriormente
ambos, al Parlamento (364), dando participación activa en dicha emisora al Comando
Universitario Aprista.
El emblema de la
universidad y el legado de Sergio Quijada
Las interpretaciones hechas al emblema que representa
a la UNCP han sido varias, vadeando desde las científicas hasta las míticas.
Sin embargo, es necesario mencionar que en su confección se han introducido
elementos de la trilogía inca, los tres animales más indómitos y temibles: el
cóndor, el puma y la serpiente.
Estos tres animales han tenido en las culturas
prehispánicas y regiones andinas un carácter de seres poderosos y divinos. El
cóndor es mensajero de los dioses y de los espíritus. No es un Dios propiamente
dicho, pero es venerado como intercesor o intermediario y es el que guía a los
muertos al reino del hanan pacha (mundo de arriba).
El puma simboliza la sabiduría, la fuerza, la
inteligencia y el gobierno. Probablemente por esa razón la planificación de
algunas ciudades como el Cuzco tenga la forma de un puma. El puma finalmente
representa el kay pacha (mundo de aquí).
La serpiente representa lo infinito para los incas,
simboliza el ukhu pacha (mundo de abajo, el mundo de los muertos). A diferencia
de otras culturas que consideran al cielo lo más sagrado, para los andinos era
todo lo contrario, el mundo de abajo.
Estos tres animales están representados en el símbolo
de la UNCP. La cabeza de un cóndor. Un felino antropomorfizado agarrando dos báculos,
probablemente el puma u otorongo y su respectiva cola. Finalmente, en su mano
izquierda, uno de los báculos representa una culebra dirigida hacia abajo. El
mundo de arriba, el mundo de aquí y el mundo de abajo, vuelven a representarse.
Algunos han sostenido que la cabeza y el cuerpo
representarían la imagen de un perro (animal que sacrificaban los huancas),
pero si observamos con detenimiento podemos advertir que la supuesta cabeza del
perro no debía llevar una cresta que si lo tiene el cóndor. Igual interrogante
se presenta con la porción cefálica de la serpiente.
El emblema, símbolo o ticpe (prendedor), fue donado
por el insigne Dr. Sergio Quijada Jara, quien halló esta reliquia en una
excavación realizada en el anexo de Auquimarca, distrito de Chilca, en 1940,
durante una excavación en la casa de la familia Palomino, la misma fue donada a
la universidad para usarla como emblema. Contrariamente, Manuel Perales Murguía
afirma en una revista de edición jaujina que Ramiro Matos Mendieta le habría
transmitido verbalmente lo siguiente: “Dicha
imagen fue hallada representada en un prendedor o ticpe de metal recuperado
entre sus trabajos de investigación en el conjunto arqueológico de Huarivilca a
fines de la década de 1960, habiendo desaparecido lamentablemente en la
actualidad. Poco después y particularmente a partir de 1971 fue tomada como
símbolo de la UNCP bautizándola con el nombre de Huallallo” (362).
Esta última afirmación puede ser cierta si
consideramos que Ramiro Matos y David Mota Pérez fueron grandes estudiosos de
la arqueología en la región, pero se contradice cuando refiere que la UNCP lo
adoptó como símbolo en 1971, pues el carné de aspirante o postulante de marzo
de 1960 ya llevaba dicho emblema, por lo que es posible que en el rectorado del
Dr. Javier Pulgar Vidal se haya institucionalizado dicho emblema.
Según el historiador Dr. Gilberto Torpoco,
imágenes similares, aunque no iguales, encontraremos en la Portada del Sol de
la Cultura Wari representando al Dios Wiracocha; en excavaciones de la Cultura
Wari en Conchopata; aparece también en las culturas Chavín y Nazca, lo cual nos
permite inferir que se trata de una deidad panandina y no de un símbolo huanca.
En las ruinas de Sacsayhuamán y Macchupicchu existen representaciones de la trilogía
andina, grabada en piedra y en el mismo orden, cóndor, puma y serpiente.
Si comparamos los emblemas de las distintas
universidades peruanas, nos llevaremos el orgullo que la UNCP es la única que
lleva la representación de nuestras culturas andinas milenarias. Para el Dr.
Torpoco: “El símbolo de la UNCP es lo
único que quedó como prueba aborigen y de reivindicación histórica para las comunidades”. Universidades de renombre como la
UNMSM, UNSCH, PUCP, UNT, UNSAAC, UNAS, etc., mantienen en su emblema la influencia
hispano-latino.
Posteriormente la UNCP institucionalizó sus colores
distintivos, el verde y el amarillo, que son los que lo representan en sus
actos oficiales.
REPÚBLICA
DEL PERÚ
LEY
Nº 13827
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR
CUANTO:
El Congreso ha dado la Ley siguiente:
EL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA
Ha dado la ley siguiente:
Art.
1º.- Conviértase, por la presente ley, la Universidad Comunal del Centro, en
Universidad Nacional del Centro del Perú, con sede en la ciudad de Huancayo
regida por Ley Universitaria 13417.
Art.
2º.- La Universidad Nacional del Centro del Perú mantendrá el espíritu que
inspiró su creación, en sus proyecciones sociales y en sus relaciones con las
Comunidades y Centros de Trabajo.
Sus
fines son los siguientes:
- Promover la investigación científica
y técnica con el objeto de impulsar mayor desarrollo cultural, económico y
social de la región del centro del Perú y en forma especial de las
comunidades indígenas.
- Procurar el mejor aprovechamiento
de los recursos naturales de la citada región.
- Formar profesionales, en
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley 13417;
primordialmente aquellos que, por su especialización, contribuyan al
aceleramiento del desarrollo económico, social y cultural del área
geográfica de influencia de la Universidad; y
- Formar técnicos de grado superior
y capacitar a los trabajadores.
Art.
3º.- Para la organización de la Universidad Nacional del Centro del Perú, a que
se refiere la presente Ley, créase una Comisión integrada por los siguientes
miembros: tres delegados designados por el Ministerio de Educación Pública, dos
delegados elegidos por los actuales catedráticos de la Universidad Comunal del
Centro del Perú, y dos delegados elegidos por la Federación de Estudiantes de
la misma Universidad. Dicha Comisión actuará bajo la presidencia de uno de los
delegados del Ministerio de Educación Pública, elegidos por los miembros de la
Comisión.
Art.
4º.- La Comisión que trata el artículo anterior, tendrá las siguientes
atribuciones:
a)
Declarar en estado de reorganización la
Universidad Comunal del Centro y proponer al Ministerio de Educación Pública el
Proyecto de Reglamento Provisorio, conforme al cual dicha Universidad será
adaptada al régimen de la Ley Universitaria Nº 13417, a efectos de
convertirse en Universidad Nacional del Centro del Perú en cumplimiento de los
preceptos de esta ley.
b)
Determinar las facultades, escuelas
Profesionales e Institutos que deben funcionar en el año 1962.
c)
Designar Jurados para la calificación de los
concursos para la provisión de cátedras y cargos administrativos; y
d)
Formular el presupuesto Estimativo de la
Universidad.
Art.
5º.- El Reglamento a que se refiere el artículo precedente será sancionado por
Decreto supremo, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la
promulgación de esta Ley; y el proceso de adaptación de la mencionada
Universidad deberá cumplirse dentro de los ciento veinte días posteriores a la
mencionada fecha.
La
Comisión a que se refiere el Art. 3 cesará en sus funciones al quedar
constituido el Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Centro del
Perú, en conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento.
Art.
6º.- Consígnese en el Presupuesto General de la República para 1962, la partida
necesaria para el cumplimiento de la presente Ley.
Art.
7º.- La Universidad Nacional del Centro del Perú, comprende a las Filiales de Huánuco, Cerro de Pasco,
Huacho y Lima, tanto en su constitución como en su dirección general.
Art.
8º.- El Poder Ejecutivo cederá a la Universidad Nacional del Centro del Perú,
un lote hasta de cinco mil hectáreas de tierras disponibles en la ceja de
montaña de Junín, apropiadas para los fines de ella, según informe de la
autoridad universitaria.
En
caso de existir tierras disponibles, el Estado expropiará las que sean necesarias
para tal objeto.
Art.
9º.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Comuníquese
al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Casa
del Congreso, en Lima, a los treinta días del mes de diciembre de mil
novecientos sesenta y uno.- ENRIQUE MARTINELLI TIZÓN, Presidente del Senado.-
ARMANDO DE LA FLOR VALLE, Presidente de la Cámara de Diputados.- CESAREO
VIDALÓN, Senador Secretario.- CARLOTA RAMOS DE SANTOLAYA, Diputado Secretario.
Por
tanto. Mando se publique y cumpla.
Dado
en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de enero del mil
novecientos sesenta y dos.
MANUEL
PRADO UGARTECHE, Presidente Constitucional de la República.
DARIOACEVEDO,
Ministro de Educación Pública.
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