Entrevista Diario La Primera 26 de febrero 2011Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Vladimir Cerrón, critica destrucción de 19 dragas. También alerta que decretos de urgencia no fueron parcialmente derogados, sino, simplemente modificados.
-Como presidente de la ANGR ¿qué opinión le merece las últimas medidas que el Ejecutivo ha ido tomando vulnerando la autonomía de los gobiernos regionales?
-Nos sentimos bastante preocupados en el sentido que no evidenciamos un equilibrio en el manejo democrático del Perú. Se han tomado medidas en las cuales no consideran la opinión legítima de los gobiernos regionales, como ha sucedido con los últimos decretos de urgencia 001 y 002, así como el proyecto de ley por parte del Ejecutivo para la designación de los directores regionales deEducación y las Ugeles, los contratos CAS de los maestros y la intervención de las dragas que se hizo enMadre de Dios.
-Sobre los D.U. 001 y 002, la ANGR ha manifestado que son inconstitucionales y entreguistas. ¿Se mantiene en la misma posición después de la derogatoria parcial del Ejecutivo?
-Nos manifestamos en la misma posición, mantenemos nuestros cuestionamientos, no ha existido una derogatoria como se pretende hacer creer, lo que hubo fue una discreta modificatoria. Agradecemos el esfuerzo de la ministra de Justicia, pero no es suficiente, creo que conjuntamente con los presidentes regionales se tuvo el deseo de evitar una concesión sin precedentes de proyectos estratégicos para el desarrollo del Perú, pero hasta ahora solamente esfuerzos. No podemos entregar nuestros terrenos y edificaciones a título gratuito, no podemos obligar a instituciones del Estado como SUNARP a titular a sola solicitud a favor de un privado, no podemos entregar las servidumbres del Estado a favor de los particulares, ni debemos entregar obras en frontera como Ecuador, Chile, Brasil y concesionar la navegabilidad del río Amazonas, ¡por favor, dónde está el sentido patriota y la dignidad de la nación!
-Ha sucedido un conflicto en Madre de Dios con la destrucción con explosivos de 19 dragas usadas por la minería informal. ¿Qué opina al respecto?
-Creo que ha ocurrido algo injusto con respeto al accionar unilateral. Debe entenderse que la máxima autoridad de una región es el Presidente Regional, así como lo es el Presidente de la República en la nación. No tomar en cuenta su opinión no es faltar a su persona, sino faltar a toda una población regional que lo ha elegido como su representante y su protector. Es decir, un Estado de derecho y orden constitucional debe garantizarlo. No se está a favor de la informalidad, sino que se hizo una intervención inopinada sin el consentimiento ni conocimiento previo de la máxima autoridad regional representada por su Presidente. Cuando se asume el gobierno regional uno trata de concertar toda acción con las fuerzas policiales y armadas para que en un consenso no se corran riesgos de violación de derechos humanos. Eso fortalece la democracia. Lo sucedido en la región de Madre de Dios es lamentable porque el Presidente Regional, tengo entendido, manifestó su desacuerdo, con la ejecución de dichas acciones buscando garantizar el orden y la tranquilidad, y sobre todo el respeto irrestricto a la vida y derechos demás derechos fundamentales. No se trata solamente de destruir sino de buscar una solución consensuada al problema minero informal, legalizándolo y formalizando sus actividades, pero sobre todo creando actividades económicas alternativas.
-¿Qué plantea en concreto sobre este problema?
-Hay algo que me preocupa y es que el Ejecutivo ha dicho que continuará con lo iniciado, pero quiero llamar a la reflexión a las FF PP y FF AA, en mi condición de Presidente de la ANGR, en resguardo de la autonomía de las regiones para que a partir de este suceso lamentable aprovechemos la oportunidad de enmarcar nuestras acciones dentro de una cultura de respeto a los derechos humanos. Por ello, mi más sincera solidaridad con el gobierno regional de Madre de Dios y su presidente Luis Aguirre Pastor, con respecto al respeto de su autonomía regional y el rechazo en la forma como se ha procedido contra la minería informal, cuya actividad, aunque inadecuada, garantiza el sustento de algunas familias desprovistas de la oportunidad laboral.
-Usted ha hablado de un proyecto de ley sobre designación de los directores regionales de Educación y las Ugeles...
-Sí claro, me refiero al Proyecto de Ley Nº 4658-2010-PE, presentado al Congreso de la República por el Presidente de la República en el cual se propone que solo los profesores incorporados en la Carrera Pública Magisterial, serán designados como Directores Regionales de Educación y de Unidades de Gestión Educativa Local. Esta medida afecta el proceso de descentralización educativa, pretendiéndose cometer otra inconsistencia legal al limitar solo a los docentes incorporados en la CPM con la finalidad que ocupen cargos de Directores Regionales de Educación y de Unidades de Gestión Local, contraviniendo con el Art. 2º de la Constitución Política. Lo más grave de este proyecto es que dado el carácter de urgente, se ha exonerado el trámite en comisiones, consecuentemente no se debatirá en la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República, contraviniendo con el Artículo 73º del Reglamento del Congreso. El Ejecutivo no ha tenido en consideración, que muchos directores regionales y de Ugeles a nivel nacional, proceden de institutos pedagógicos, tecnológicos y de formación artística, cuyos docentes no han sido considerados para su incorporación a la CPM, constituyendo una práctica discriminatoria la aprobación del referido proyecto.
-¿Qué nos puede decir sobre los contratos CAS a los profesores?
-La Resolución Jefatural 182-2011, dispone la contratación de docentes bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativo de Servicios (CAS), atenta contra derechos laborales, al suprimir las bonificaciones por Navidad, escolaridad y Fiestas Patrias, donde todos los servidores públicos son beneficiados, asimismo, anula la proporcional que se les otorga a los docentes contratados, por consiguiente atenta contra la Ley del Profesorado Nº 24029. Además la aplicación del CAS para los profesores no es congruente toda vez que el maestro no realiza labores administrativas sino que su función es la de impartir enseñanza, por lo tanto no se puede aplicar dicho dispositivo para otra labor que no fuera labores eminentemente administrativas, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional (Exp. Nº 0002-2010-PI/TC). Esta es una determinación abusiva y unilateral por parte del Ministerio deEducación, de generalizar la aplicación del CAS para los docentes, porque limita el derecho a un mes de vacaciones, restringiéndolo solo a quince días. Por ello es justo el reclamo de los maestros al exigir se derogue y deje sin efecto la resolución en cuestión por contravenir con la ley y la Constitución Política.
-Usted ha solicitado al Ejecutivo, a través de la ministra de Justicia, que la ANGR sea considerada dentro del organigrama del Estado.
-Sí claro, queremos que la ANGR sea reconocida dentro del Estado para que sus decisiones sean de carácter vinculante, puesto que nosotros podemos constituirnos, como hace poco, como intermediarios para resolver los conflictos sociales, pues la población nos ve más cerca de ellos, más fiscalizables y venimos de una contienda electoral reciente. La población se ve representada por nosotros. Así como modificaron la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales obligándolo mediante ella a la constitución de los alcaldes provinciales en el Concejo de Coordinación Regional y eso es bueno, de la misma manera le pedimos que la ANGR sea considerada dentro del Consejo de Ministros, aunque sea con derecho a voz mas no con voto.
