Entrevista por Rosa María Loayza
El presidente regional de Junín y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Vladimir Cerrón, aseguró a LA PRIMERA que la ordenanza que establece exigencias a las empresas privadas que invierten en la región es una invitación a participar en el desarrollo de la región, dentro de los parámetros del respeto a la población y a sus derechos.
-Se ha levantado una serie de reacciones en torno a la ordenanza regional dictada por su despacho que impone condiciones a la inversión privada en Junín. ¿Cuál es el fin de esta norma?
-No son condiciones, solo le estamos exigiendo un compromiso real a las empresas privadas que buscan invertir en la región Junín y lo hacemos en el marco legal internacional y nacional, como lo son las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las reglas del derecho laboral peruano. Son leyes comunales, que nosotros particularizamos en algunos puntos, adecuándolas a la necesidad de la región.
-Algunos aseguran que con estas exigencias el gobierno regional estaría buscando detener la inversión en la región…
-No hay nada de que temer, estamos declarando de interés regional la inversión privada. Los estamos invitando a participar dentro de los parámetros del respeto, buscando el beneficio de la población con las empresas, lo que queremos es que cuando ellos vengan adopten algunas medidas para vivir en un mejor cLimay eso los ayudará a ganar más. Lo que no queremos es que cuando la empresa privada venga contamine los ríos, ni traiga gente foránea, ni atente contra los pequeños negocios.
-¿Cuál es el contenido de la ordenanza dictada?
-Hemos dispuesto que garanticen empleo y estabilidad laboral para todas las comunidades de la región, cosa que muchas veces no se da, pues la contratación del personal se circunscribe a la comunidad donde están explotando los recursos, mas no hay una selección extensiva a las demás, para luego traer profesionales de otras ciudades o directamente de Lima. Queremos que le den prioridad a la mano de obra de Junín, por lo que exigimos que más del 60% de los trabajadores sean de la región, garantizando la mano de obra, para evitar la violencia laboral tal y como se está dando en Lima, sobre todo en los gremios de construcción civil.
-La norma habla también del respeto por los convenios colectivos…
-Sí. Queremos que se respeten los convenios colectivos con los trabajadores. Por ejemplo, la empresa minera Volcan, que opera en Pasco y en Junín, ha cambiado de razón social en Pasco, desconociendo los derechos laborales, con el fin de dividir el sindicato. Por ello, los mineros vendrán a Junín para llevar a cabo su huelga. Cosa que perjudica a la región, a los trabajadores y a la empresa.
-Las preocupaciones ambientales del gobierno regional ¿está reflejado en la norma?
-Como gobierno regional debemos procurar que se garantice el cuidado del medio ambiente, por eso estamos exigiendo el cumplimiento del Programa de Adecuación Ambiental (PAMA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que los decretos de urgencia 001 y 002 han querido simplificar, así como el respeto en la consulta a los pueblos, que lo estipula el Convenio 169 de la OIT, que el país ha suscrito. Además del acatamiento a las normas de participación ciudadana.
-La Sociedad Nacional de Minería y Petróleo ha criticado la exigencia de la ordenanza que habla sobre la participación accionaria de las comunidades en las empresas, diciendo que con esto se está regresando a la época del régimen de Juan Velasco Alvarado…
-Solo estamos solicitando que algunas de las comunidades se hagan accionistas de las empresas privadas, aunque sea en un porcentaje menor al 1%, tal como se está dando en Junín con la empresa Cemento Andino que tiene a las dos comunidades aledañas como accionistas, lo que ha permitido mantener un buen cLima de convivencia, más cohesionado y de responsabilidad entre la empresa y la comunidad.
-Por otro lado, ¿estas exigencias tienen algún efecto en los impuestos que pagan estas empresas?
-Queremos que las empresas trasladen sus oficinas fiscales a la región donde están invirtiendo, ya que Junín es una de las últimas regiones en tributación, lo que hace que seamos menos atractivos a la inversión nacional y extranjera, porque se registra un movimiento económico bajo, debido a la poca tributación.
-¿De qué manera se ha visto afectada la región por esa situación?
-Hace poco se inauguró un Plaza Vea en Junín, sacando del mercado a un grupo de pequeños comerciantes que, aunque poco, tributaban en la región, mientras que esta gigantesca empresa tiene su domicilio fiscal y tributa en Lima. Nosotros planteamos un mecanismo de regulación para que subamos en el ranking de tributación, con lo cual muchos empresarios querrán apostar por nuestra región.
Norma genera expectativa
-¿Cuál ha sido la reacción de la población frente a esta ordenanza?
-Todavía no hemos tenido tiempo de medir la reacción de la población, ya que hoy (ayer) se ha puesto en vigencia esta norma; sin embargo, los comentarios de los medios de comunicación, incluyendo los diarios de oposición más recalcitrantes, resaltan que se haya declarado de interés público nacional la inversión privada.
-¿Usted ha recibido el apoyo de otros presidentes regionales?
-Son varios los presidentes regionales que me han llamado para felicitarme por la norma, entre ellos los presidentes regionales de Apurímac, Elías Segovia y Huancavelica, Maciste Díaz. Otros nos han manifestado su deseo de aplicar gran parte de nuestras medidas.
-¿En algún momento Junín tomará la medida tomada por la región Cusco, que declaró su territorio área de no admisión de denuncios mineros?
-No creo que lleguemos a ese extremo porque Cusco tiene otra realidad. Sería una exageración que lo hiciéramos.
