ORDENANZA REGIONAL DE JUNÍN
EL COMERCIO 11 DE MARZO 2011
El presidente de la región considera que esta iniciativa evitará los conflictos sociales
Recientemente el Gobierno Regional de Junín publicó una ordenanza (N° 108-2011 GRJ/CR) que indica que es necesario que las comunidades y pueblos donde se desarrollen proyectos mineros sean incluidos como accionistas de la empresa que explotará los recursos. El presidente de la región Junín, Vladimir Cerrón, indicó que esto se implementará con miras a reducir el descontento de las poblaciones a futuros proyectos mineros.
Indicó que esta modalidad no es nueva, ya que se está implementando en el caso de Cemento Andino, empresa que opera en Tarma, donde dos comunidades son accionistas de la empresa con menos del 1%.
La ordenanza no solo establece esta acción sino pide que las inversiones en Junín tributen en esa región y no en Lima, además que las empresas contraten mano de obra local y den el 3% de estas oportunidades a los discapacitados. Vladimir Cerrón indicó que además está solicitando que las mineras realicen compras locales a las comunidades.
MODALIDADES
La inclusión de comunidades como accionistas no es nueva. Este sistema se implementa en varias poblaciones de Canadá; de esta manera existe un beneficio mutuo y los pobladores siempre están atentos a que a la empresa le vaya bien.
En el Perú se sabe que la minera australiana Rio Tinto, por iniciativa propia, ha implementado este tipo de acuerdo en un proyecto exploratorio del sur del país. De esta manera, si se desarrolla una mina, los pobladores tendrán ingresos como accionistas más allá de lo que la Rio Tinto pague como canon y regalías.
José Luis López, director de la asociación civil Labor, indica que no se puede obligar a las mineras a asumir un tipo de acuerdo como el planteado por el Gobierno Regional de Junín. Señala además que existen distintas modalidades de participación económica de los pueblos que están dando resultados.
Señala que entre ellas se encuentra la participación de utilidades de las comunidades vía más regalías como se da en el caso Tintaya; otra es el pago alto de la tierra (con costos de US$8.000 por metro cuadrado) como sucedió con los proyectos Tantahuatay (Cajamarca), Cerro Corona y Minas Conga. “Cada comunidad elige, en este caso, la modalidad que más le conviene”, indicó.
PRECISIONES
Algunos casos a tener en cuenta
Minera IRL acordó con la población de Ollaechea, en Puno, la participación vía acciones en el desarrollo del proyecto minero.
En Michiquillay, la participación de las comunidades se dio con su privatización. De esta manera, se logró recaudar US$420 millones. Más de la mitad se destina a las comunidades afectadas.
Otro tipo de acuerdo es el alquiler de las tierras con ajustes de precio en función al precio de los minerales
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