CAPÍTULO III
DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR A LA UNIVERSIDAD NACIONAL
Los móviles que conllevaron a la nacionalización de la universidad son multifactoriales, entre los principales pueden considerarse la organización y orientación ideológica de la federación estudiantil, el descubrimiento del carácter patrimonial y hereditario de la universidad, la carencia económica del estudiantado, los cuestionamientos morales y económicos a la dirección universitaria, la incapacidad probada de algunos docentes, las disputas políticas por la partidarización de la universidad, el carácter extracomunal de la universidad, el rol de la prensa comprometida con su pueblo y el carácter alienado de la clase media. Atenderemos a cada una de éstas.
Organización de la primera federación estudiantil
Jesús Fernando Romero Villanes, estudiante de la Facultad de Educación, fue el primer presidente de la naciente Federación de Estudiantes de la Universidad Comunal (FEUC), le sucedería en el cargo Julio Seminario Wensel, ambos eran trabajadores y sindicalistas bancarios. Esta afirmación es diametralmente contraria a lo planteado por Ramos Cahuana, quien afirma que el primer presidente fue el estudiante aprista Mayer Martel (430). Romero y Seminario dirigieron el movimiento estudiantil en los momentos más álgidos que comprendieron los procesos de la nacionalización y la primera reorganización de la universidad, en representación del Frente Estudiantil Revolucionario (FER), de tendencia progresista, línea política que dirigió por muchos años dicho estamento. Ambos debieron adquirir la experiencia necesaria en la Federación de Empleados Bancarios (FEB), donde conocieron a Saúl Muñoz Menacho.
La FEUC jugó un rol importante y decisivo en el proceso de democratización y nacionalización de la universidad, fue el elemento más comprometido con dicha liberación, puesto que los estamentos docentes y administrativos estaban en manos del aprismo, por mayoría en su composición.
Después de 51 años de fundada la universidad, tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los principales protagonistas de la nacionalización, al ahora Dr. Fernando Romero Villanes, quien confirmó nuestro planteamiento acerca de esta gesta heroica: “… Sin embargo, se traicionó la volutad popular. Los estudiantes de la Universidad Comunal del Centro del Perú al ver y sentir la injerencia política que cada vez más se entronizaba en nuestros claustros, investigaron y así se conoció que la Universidad Comunal tenía dueños privados y que nunca fue comunal… El pueblo de Huancayo levantó sus banderas de lucha encabezado por sus estudiantes y comuneros. También estaban presentes sus instituciones vivas: sindicatos, asociaciones, federaciones, como la FEP, la bancaria, de profesores y muchas más organizaciones populares, su objetivo: era lograr la nacionalización de la universidad y de todas las filiales que con sentido proselitistas se habían creado. La lucha duró dos años hasta que logramos la nacionalización por movilizaciones populares...” (444).
Usurpación y apropiación de la universidad
Los cuestionamientos a la dirección de la universidad, incluyendo al rector, nacen a partir de que se divulga la Escritura Pública de Constitución Nº 371, la cual había quebrantado las aspiraciones legítimas de las comunidades campesinas y de todo el pueblo, anunciando a la vez, el carácter patrimonial y hereditario de la universidad. Como se sabe, las cláusulas Nº 4 y 8 otorgan el carácter de propietarios a los cuatro fundadores principales y las cláusulas Nº 23 y 25 otorgan el derecho de elegir en los cargos de dirección solamente a quienes tengan la calidad de fundadores de la universidad y que el rector y los directores no cesan ni por la ausencia ni por la muerte, pasando a sus herederos. Los dueños de la universidad y el Apra, vieron en la privatización la oportunidad para la usura, la ganancia, el beneficio y el lucro.
Las condiciones económicas de la población
La carencia económica del estudiantado fue otro factor decisivo, puesto que la universidad tenía el carácter de particular; se infiere que toda entidad de este tipo tiene dueños y los usuarios tienen que pagar los servicios. Es así como la pensión de enseñanza se fijó en una suma de 300 soles mensuales. En tal sentido, en sus inicios la universidad reconocía a la Asociación de Padres de Familia, que en realidad eran quienes con su dinero daban el soporte económico a la institución, así un diario local testifica la existencia del Comité de Emergencia de los Padres de Familia de la Facultad de Arquitectura (179). Estas pensiones de enseñanza eran consideradas costosas para los estudiantes quienes provenían, en la mayoría, de una extracción campesina. Los alumnos foráneos pagaban, aparte de la mensualidad en la universidad, sus pensiones alimentarias y de vivienda que oscilaban en un monto cercano a 400 soles promedio. A todo este problema económico se sumó el incremento sistemático y continuo de las tasas educacionales, lo cual agravó la situación, frente a la real condición económica social de los pobladores del valle del Mantaro.
La inmoralidad de las autoridades universitarias
Los cuestionamientos morales y económicos a las principales autoridades universitarias, incluyendo al rector, coadyuvaron a la situación. Los actos de corrupción, malversaciones de los ingresos que luego fueron juzgados y sancionados, radicalizaron las luchas estudiantiles de la naciente FEUC como único estamento universitario dispuesto a no doblegarse. Era evidente que lo recaudado por concepto de pensiones eran desviados para fines ilícitos y no se rendían las “cuentas claras” ante el cuestionamiento estudiantil. Al tratar de evadir la responsabilidad, muchos directivos optaron por culpar a Ramiro Prialé en su ausencia.
El movimiento estudiantil y algunos docentes progresistas, llegaron a la conclusión que apremiaba reorganizar la Universidad Comunal frente a los actos de corrupción, pero no tenían sustentos legales para hacerlo puesto que era propiedad privada, por ello sería imprescindible la nacionalización y el posterior amparo en la Ley Universitaria, facilitar la intervención del Consejo Inter Universitario (CIU), el cogobierno estudiantil, la legitimización de la FEUC y su adhesión a la Federación de Estudiantes del Perú (FEP).
La incapacidad académica y de gestión
La incapacidad probada en algunos docentes que habían sido traídos del “sólido norte”, especialmente trujillanos, carentes de títulos y grados, fueron el blanco de un duro cuestionamiento estudiantil y de algunos docentes. Cabe recordar que la universidad tuvo dos rectores sucesivos, procedentes de la Universidad Nacional de Trujillo, de probada militancia aprista, que luego, uno huyera de Huancayo y el otro fuera encarcelado. Una vez nacionalizada la universidad aún persistió la mediocridad del profesorado al contratarse docentes carentes de título profesional, y en el peor de los casos, otros que ni siquiera habían estudiado en una universidad, en las diferentes facultades, contratados por el simple hecho de ser militantes apristas como demostraremos más adelante.
La utilización política de la universidad por parte del Apra
Las disputas políticas en el manejo de la universidad condujeron a discrepancias entre docentes y estudiantes miembros de algunas tiendas políticas. El manejo partidarizado del Apra, que incluía las decisiones de quien ingresaba como estudiante o docente a la universidad, cercó la paciencia. Es probable que el Partido Comunista Peruano prestara asesoramiento desde el exterior al movimiento estudiantil progresista, puesto que los dos primeros presidentes de la FEUC fueron trabajadores bancarios y la Federación de Empleados Bancarios era dirigida por personajes como Saúl Muñoz Menacho.
Los directivos de la universidad en su gran mayoría eran apristas y era lógico que se opusieran a la nacionalización y esperaran las mínimas “faltas” de la oposición para tomar represalias. En una ocasión se negaron a matricular a siete estudiantes de diferentes facultades y ante los cuestionamientos de la FEUC, el Consejo Directivo pretextó que los mismos no se habían matriculado dentro de los plazos regulares y que sus dirigentes y docentes habían mantenido una actividad constante encaminada a producir el desorden con grave daño de los alumnos que deseaban estudiar. Manifestaron también que como universidad no se puede cumplir los fines sin el orden, la disciplina y un clima académico indispensable (296). Pero lo cierto era que los estudiantes habían sido segregados de la universidad por el solo hecho de haberse manifestado, pedido y propiciado la nacionalización, según refiere una fuente periodística local. Ante este suceso, la FEUC, que estaba cada día en fortalecimiento, convocó a una huelga indefinida, la misma que fue iniciada al día siguiente, exigiendo que UCCP matricule a los alumnos. El saldo final se resumió en el triunfo de la huelga; los alumnos fueron admitidos.
El carácter extracomunal de la universidad
La renuncia al Apra del principal líder comunero Elías Tácunan Cahuana, denunciando que el Apra había capturado la universidad como su propiedad, sentenció que la universidad era un ente extracomunal. Más adelante, en 1965, Véliz Lizárraga haría pública sus verdaderas intenciones: “Por qué honrar a los hijos de los campesinos, de los mineros, acaso sólo porque sus padres batallaron para instaurar el ideal educativo que hoy se erige sólidamente; debemos tener en cuenta que la Universidad requiere cambios sustanciales, órganos de gobierno que decidan hábil y políticamente sin perder la brújula. El poder de esta Universidad debe ser conducido por nosotros, de esta manera nos será fácil desconectar el lazo que une a la Universidad con las comunidades indígenas y los mineros” (408).
El oportunismo de la clase media alienada
No se debe olvidar que gran sector de la clase media alienada, incluyendo estudiantes y docentes, se sentían incómodos de pertenecer a una universidad de carácter comunal o campesina y en medio de su crisis subjetiva decidieron apoyar el proyecto de la nacionalización. Este fenómeno es advertido por Véliz cuando manifiesta: “Algunos sectores de la población criolla y acriollada criticaron su aparición alegando que era una Universidad para indios” (409), y confirmado por Ramos cuando se refiere a Tácunan: “Le criticaban a sus espaldas por su castellano mal hablado, por su talla, por su vestido campesino y hasta por sus apellidos, pero jamás tenían la amplitud y el coraje de ver sus virtudes que era en grado superior a lo que ellos vivían” (430).
El pueblo se organiza
Todas estas causales dieron motivo a que en la agenda del pueblo se priorice la nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú. Debemos tener en claro que la FEUC por sí sola no hubiera podido lograr la ansiada nacionalización, aunque ciertamente fueron los más decididos a emprender y resistir la batalla. En el ámbito extrauniversitario se organizaron los comités de apoyo a la nacionalización, gremios y sindicatos clasistas como ferroviarios, bancarios, campesinos, etc., apoyaron la idea. También jugaron un rol decisivo los partidos políticos, especialmente Acción Popular y el Partido Comunista del Perú, durante el proceso de reorganización, así el fiscal Ciro Rodríguez, la jueza Duarte Velarde y el abogado Oscar Bernuy de probadas militancia populista, se enfrascaron en la lucha anticorrupción contra el Apra.
A nivel del Congreso de la República se oficializó el proyecto de ley que se conoció como Proyecto Sarmiento en referencia a su principal gestor, el diputado por Junín, Dr. Alfredo Sarmiento Espejo, acompañado por Jorge Vallejos Montenegro y Max Espinoza Galarza, lo que le dio al mencionado proyecto el carácter oficial.
El día 18 de noviembre de 1961, la FEUC expresa su apoyo al Proyecto Sarmiento, afirmando que el mismo se encuadra dentro de la aspiración del estudiantado en general, porque solo consiguiendo la nacionalización integral al igual que otras universidades, la UCCP, podrá liberarse de los partidos políticos y privilegios de grupo que han perjudicado desde que empezó a funcionar. Agrega que la FEUC “no puede apoyar proyectos que crean Comisiones Gubernativas y la desintegración de la filial de Lima, porque no guarda relación con los proyectos presentados por Sarmiento Espejo y la Federación de Estudiantes. Informa además, que una comisión de alumnos presidida por el Presidente de la FEP, Max Fernández y Fernando Romero, se entrevistó con el Presidente de la Cámara de Diputados, Armando de la Flor, quien ofreció prestar su apoyo para la nacionalización” (287). Finalmente, para dar contundencia a este pedido, la FEUC organizó la Marcha al Congreso; una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima a iniciativa de los mismos alumnos y con sus propios medios.
El Dr. Fernando Romero acota al respecto y hace un llamado: “Al conseguir la nacionalización la lucha continuó en Huancayo, esta vez por la injerencia del partido aprista que seguía manteniéndose en el poder con ayuda de los organismos del Estado. Fue cruenta, constante, no por el predominio ideológico, sino por la implementación de la ciencia y la cultura con honradez, transparencia y pluralidad de ideas. Y principalmente contra la corrupción. Pero estas acciones heroicas han costado vidas y muchos daños a las personas que lucharon para conquistar los logros obtenidos. ¡Cómo olvidar a Saúl Muñoz Menacho, uno de los mejores alcaldes de Huancayo que cayó bajo las balas asesinas y a Jaime Cerrón Palomino, raptado y asesinado!… Herminio Parra Rivera, Ernesto Barriga del Barco, Roberto Aguirre Palomino, docentes y luchadores... Cayeron asesinados por escuadrones paramilitares formados a fin de eliminar a los que se oponían a las ansias de poder y enriquecimiento. Para que hablar de los que nos hemos salvado de estas ejecuciones. Los enemigos del pueblo no duermen, se preparan. Nosotros también debemos estarlo” (444).
La convivencia y la nacionalización sin perder el poder
Cuando la nacionalización era inminente, el Apra, que constituía parte del grupo de poder nacional amparado en el gobierno de la convivencia, optó por hacer público un comunicado de claro tinte oportunista, en el cual decide apoyar la nacionalización y más aún la reorganización de la universidad, con el claro propósito de enquistarse en el futuro gobierno.
Si partimos de la afirmación que el pueblo de la región central ganaba con la nacionalización, es dable preguntarse quiénes perdían con la misma. Inicialmente las comunidades campesinas se opusieron a la nacionalización aduciendo que se les estaba expropiando su universidad, pero en realidad, los únicos perdedores eran los dueños considerados en la Escritura Pública de Constitución Nº 371. El Apra solamente perdería parcialmente, puesto que, más adelante, como veremos, utilizará múltiples argucias para seguir en el gobierno universitario y seguir lucrando de la institución.
En conclusión, la realidad era la siguiente: la universidad de comunal solamente tenía el nombre, porque quienes la dirigían pertenecían a la clase pequeño burguesa foránea y local, representada por el Apra, con diferentes aspiraciones ajenas a las del campesinado. Además, la universidad se sustentaba en los aportes económicos de los padres de familia o los propios estudiantes. Es necesario aclarar que la universidad al nacionalizarse no fue expropiada a las comunidades, como en alguna ocasión lo diera a entender Elías Tácunan Cahuana, simplemente porque las comunidades no estaban reconocidas como propietarias principales en ninguna cláusula de la Escritura Pública de Constitución Nº 371. Aunque claro está, que las comunidades donaron algunos terrenos para que el funcionamiento de la institución sea el ideal, es así como se crean varios colegios comunales en Acolla (Inca Garcilaso de la Vega), Muquiyauyo (Bruno Terreros), Ahuac (Amauta), Manzanares (Guamán Poma de Ayala), Sapallanga (Chinchaysuyo), Chongos Alto (Pachacútec), San Jerónimo (San Roque, hoy Esteban Sanabria Maraví), Hualhuas (Buenaventura Gamarra, hoy José Olaya) y Huayucachi (Warivilca).
Pese a ser nacionalizada la universidad, los apristas hicieron artificios para seguir empotrados en el poder, negociaron con todos los gobiernos que pudieron, con tal fin: “Cuando los estudiantes opositores al Apra actuaban ya mancomunadamente con ese grupo para expulsar de la Universidad Comunal de entonces a Javier Pulgar Vidal y a Jesús Véliz Lizárraga, rector el uno y gerente el otro, se dijo que ya no habría propietarios de ese centro de estudios, pero no tomaron las providencias del caso para impedir en el futuro el surgimiento de otro aparato administrativo donde pudieran cometerse igualmente irregularidades de toda naturaleza en provecho del grupo de turno… Hay observadores que estiman que este grupo más parece un clan, estaría integrado por los ex – apristas y hasta por los que fungiendo de militantes todavía, mantienen lazos estrechos con el Comité Ejecutivo Departamental de Junín del Partido Aprista con cuyo respaldo moral y partidario cuentan, las veces que quieran, para la defensa y resguardo de sus propios intereses personales” (430,431).
La lucha interna del Apra y la salida de Pulgar Vidal
La nacionalización necesariamente implicaba una posterior reorganización. El Apra que manejaba la universidad, se resistió a dejarla por muchos años más, pero el cuestionamiento y la fuerza popular les era cada vez más hostil y frente a ello existieron dos posturas dentro de la crisis interna del Apra, los que sostenían que se mantenga el poder tal como estaba y los que sostenían prepararse para el poder en las nuevas condiciones dado que la nacionalización era inminente. Optaron por la segunda.
Para que el plan sea operativamente viable, decidieron hacer un artificio político y legal en la que, una vez nacionalizada la institución, les permitiría seguir siendo los amos y señores. Entonces decidieron contradecir al rector Pulgar (a quien le habían dado la misión de defender la universidad de la nacionalización), ayudados de la convivencia con el pradismo y bañados de un falso populismo, se manifestaron primero en favor de la reorganización y luego por la nacionalización.
Es así como el 27 de marzo de 1961, la Junta de Catedráticos de la UCCP (fachada del aprismo), acordó declarar en reorganización la universidad y constituir una Junta Provisional de Reorganización, basada en un decreto supremo, integrada por Augusto Peñaloza como presidente, Mauricio Arriola, Nilo Arroba, Joaquín Chivílchez, Ernesto Orellana, Humbero Tasaico, Raúl Vidalón y Consuelo Castillo. Ante este acuerdo la reacción del rector fue desconocer tal pretensión, aduciendo que esa determinación solo podía ser facultad del Consejo Directivo y su persona, factores que fueron condicionando su renuncia. Finalmente, estos conflictos internos en la cúpula aprista hicieron que el rector Javier Pulgar renuncie al cargo y conjuntamente con su gerente Jesús Véliz, sean desconocidos por los demás apristas en el poder, de su calidad de fundadores y propietarios. La ambición de ser los únicos dueños de la universidad particular fue el principal móvil que condujo a sus discrepancias. En esta coyuntura de estatización y reorganización, Ramos Cahuana rescata un testimonio que pone en evidencia la primera derrota de los propietarios: “Los Dres. Jesús Véliz L. y Javier Pulgar V., donaron sus acciones a las Comunidades del Valle” (430).
El otro propietario, Ing. César Solís Rojas, había renunciado a la universidad cuatro meses antes de que estallen los conflictos y ante este incómodo escenario trató de limpiar su imagen negando cínicamente su condición de dueño que le adjudicaba la escritura pública, terminando por enviar una carta a un diario capitalino el 29 de marzo de 1961 en los términos siguientes: “Señor Director de El Comercio… El día de ayer y hoy, he leído las informaciones del periódico de su dirección, referentes a las irregularidades existentes en la Universidad Comunal del Centro y en las que se me incluye como “propietario” del mencionado Centro de Estudios… Fui llamado a ocupar el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Geográficas y Planeamiento… desde el 3 de abril hasta el 28 de noviembre del año pasado, fecha esta última en la que presenté mi renuncia irrevocable por no estar de acuerdo con su conducción administrativa y académica… Aparte de mis labores docentes no he tenido ninguna otra participación, ni como socio capitalista, ni como “propietario”, ni he firmado escritura de constitución o documento alguno en ese sentido” (445).
Frente a la inminente nacionalización y reorganización, el Apra quiso adaptarse a la realidad, en referencia un diario manifestó: “Gran conmoción produjo aquí en la opinión pública la difusión de un comunicado de prensa expedido por el Comité Ejecutivo del Partido Aprista en la cual ve con simpatía el movimiento generado por la Federación de Catedráticos que tiende a su reorganización substancial. Este temperamento ha sido interpretado como el rompimiento entre el Comité Ejecutivo del Apra y los Directivos de la Universidad. Informaciones no oficiales señalan que el Dr. Jesús Véliz Lizárraga está sometido a disciplina dentro de su partido, y que se tramita su expulsión por haber defraudado las esperanzas de su partido. Todo parece indicar que tal temperamento ha sido adoptado con la anuencia del Secretario General del Apra, Ramiro Prialé, quien se encuentra en esta ciudad (Lima) por el fallecimiento de su padre” (285).
Al respecto la prensa nacional resaltó: “La Junta Reorganizadora de la Universidad Comunal del Centro acordó hoy desconocer la autoridad del rector Dr. Javier Pulgar Vidal y del gerente Dr. Jesús Véliz Lizárraga. Esta posición y el pronunciamiento del partido aprista en el sentido de apoyar el movimiento de la reorganización de la Universidad, han impreso un nuevo giro al conflicto de la Comunal que antes de cumplir un año de funcionamiento se debate en una aguda crisis que pone en serio peligro la iniciación del año académico. De otro lado los alumnos de la Facultad de Ciencias Geográficas y Planeamiento han pedido la renuncia inmediata del Dr. Jesús Véliz Lizárraga, a quien sindican como el principal responsable de la crisis universitaria. Por lo demás los diversos Centros Federados de Estudiantes han expedido sendos comunicados en los cuales apoyan la reorganización y nacionalización de ese centro de estudios… La Junta Reorganizadora definitiva quedaría formada durante una Asamblea de Catedráticos convocada para el próximo 3 de abril, con la intervención del Tercio Estudiantil” (285,295).
Como vemos, la salida del Dr. Pulgar Vidal se da en la atmósfera de la traición de su entorno político partidario, su desprestigio administrativo frente al estatus de gran intelectual, la conformación de una comisión reorganizadora desconociendo su autoridad y el estar perdiendo “su” universidad, haciendo que deje el cargo el 7 de noviembre de 1961, siendo sucedido por el ingeniero Manuel Carranza Márquez, quien había sido vicerrector y rector de la Universidad Nacional de Trujillo y decano de la Facultad de Ciencias de la misma institución. Carranza tenía estudios en Alemania y Argentina (266) y era militante del Apra, es decir, cumplía los “requisitos” para dirigir la universidad.
Comité Pro Nacionalización
Simultáneamente a estos sucesos, el 27 de marzo de 1961, en Huancayo se realizaba otra reunión que tenía el carácter de Asamblea Pública en el Salón de Actos del Instituto Industrial Femenino del Centro (hoy I.E. María Inmaculada), en la cual constituyeron el Comité Permanente Pro Nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú, bajo la presidencia del abogado Oscar Bernuy Gómez, acto que recibió el apoyo unánime del estudiantado universitario, mediante comunicados de prensa (295,294). Este comité respondía al llamado que hicieron los estudiantes de la universidad y la reunión fue convocada por el Comité Provisional que presidía Horacio Gutiérrez Tordoya; duró cerca de cuatro horas y el público asistente se calculó en más de mil personas. Acto seguido habló el asesor jurídico del Comité, Oscar Bernuy, quien señaló que el primer paso era conseguir, mediante una gestión parlamentaria, la unificación de los artículos 45 y 80 del Estatuto Universitario, para que, así como la Pontificia Universidad Católica, la Comunal tuviera carácter nacional. Además integraron dicho comité: “Jorge Diéguez como Vicepresidente; José Guerra Peñaloza como Secretario del Interior; Alejandro Leiva como Secretario de Organización; Víctor Alfaro de la Peña como Secretario de Defensa; Wilfredo Paredes como Secretario de Economía; Mario Serrano como Secretario del Exterior; Antonio Cisneros Reaño como Secretario de Prensa y Propaganda; Javier Valencia como Secretario de Control y Disciplina; Enrique Serpa Elejalde como Secretario de Entidades Sostenedoras; Leoncio Vila Orellana como Secretario de Comunidades; Fernando Romero Villanes como Secretario de Cultura y Javier Ríos Burga como Secretario de Relaciones Estudiantiles. Los abogados Juvenal Benítez, Hermógenes Casaverde y Leoncio Acosta Santibáñez, fueron nombrados por aclamación popular, integrantes de la Comisión Jurídica encargada de hacer los estudios pertinentes para llevar al éxito la labor emprendida” (286).
Oscar Bernuy, presidente del Comité Permanente, frente a cuestionamientos políticos por su militancia en las filas de Acción Popular, señaló: “El Comité no tiene ninguna orientación ni injerencia política, y que el hecho de que algunos de sus miembros pertenezcan a Acción Popular no tiene mayor significación. Las labores serán encaminadas a lograr la modificación de la Escritura Pública de Constitución de la Universidad que adolece de serios reparos jurídicos, así como, el de los propios Estatutos y programas académicos de la Universidad” (285).
Muchas asociaciones extrapolíticas también se solidarizaron al llamado, como es el caso del Centro Universitario Jauja, que el 29 de marzo de 1961 reunido en Asamblea General Extraordinaria y considerando la situación caótica por la que atravesaba la universidad, acordó solidarizarse con la ciudadanía consciente del departamento de Junín y del país, exigiendo la nacionalización de la Universidad Comunal (298).
El semanario El Tiempo, del 28 de marzo de 1961, puso en evidencia la postura antinacionalización de la universidad por parte de Elías Tácunan: “Este elemento, quien abogándose la representación de todas las comunidades de la región, defiende las irregularidades de la Universidad Comunal. Anoche fue repudiado en la asamblea” (430).
El día 30 de junio de 1961, se realizó un mitin en la Plaza Constitución, convocado por el Comité Permanente Pro Nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú, con apoyo de todas las instituciones que han contribuido para la realidad de este Centro de Estudios Superiores, teniendo como objetivo pedir la rendición de cuentas al rector, Dr. Javier Pulgar Vidal y al ex director gerente, Dr. Jesús Véliz Lizárraga. Al respecto un diario local señala: “Aunque los organizadores no han dado a conocer la relación de los oradores, se sabe que entre otros hablará un alumno de la Gran Unidad Escolar Santa Isabel y representantes de cuatro sindicatos…” (299).
A los estudiantes y al pueblo en general, no les importaba impulsar la mencionada reorganización, puesto que en el fondo solamente consistía en una pugna de los apristas contra los apristas por la hegemonía del poder. A ello responde la renuncia del Dr. Gottardo Agüero Jurado, catedrático de Biología de la UCCP a la Junta de Catedráticos de la UCCP (294). En conclusión, al Apra le interesaba la reorganización, pero a la FEUC le interesaba un proyecto más ambicioso en beneficio del pueblo que era la nacionalización y debía moverse en ese sentido, aprovechando la coyuntura, si la universidad no se nacionalizaba era en vano pensar en una reorganización.
Intelectualidad aprista contra la nacionalización
Varios intelectuales y políticos apristas se manifestaron hostiles a la nacionalización. Así, para Javier Pulgar la universidad debía llevarse como una empresa privada: “Vamos a cambiar el método, dando origen a una empresa privada, que proceda del esfuerzo no gubernamental” (409). Para el senador Alberto Arca Parró la universidad era un ente auténticamente comunal: “No debe hablarse de la nacionalización de la Universidad Comunal porque es como pedir que se nacionalice la llama” (409). En el extremo de los casos el aún entonces aprista Ciro Alegría manifestara: “La Universidad Comunal del Centro fue fundada, netamente, por ochenta y seis comunidades indígenas… O sea, que dichas comunidades son propietarias de la Universidad Comunal y ésta es, exactamente una institución particular. La Federación Provincial de Comunidades de Huancayo, representada por Elías Tácunan Cahuana… es la propietaria de la Universidad. Y tanto Tácunan como los otros dirigentes con plenitud de personería, están en contra de la nacionalización y piden que la Universidad sea entregada a sus legítimos dueños. Estos hechos deberían ser suficientes para resolver el problema como sería lógico: con la devolución inmediata de la Universidad a las comunidades. Pero dentro de una actitud paternalista y falsamente redentora, se quiere ahora proteger a los indios a pesar suyo, quitándoles la Universidad que han creado. La Universidad Comunal nacionalizada sería una Universidad compulsiva, repudiada por los comuneros… Quienes gestionan la nacionalización, han logrado que cierto número de estudiantes politizados, que no son precisamente comuneros, pidan lo mismo. Pero frente a tal solicitud existe el hecho fundamental de los estudiantes comuneros, para quienes la Universidad Comunal fue creada y son cosa de trescientos, opinan como sus comunidades, o sea, que están en contra de la nacionalización” (410).
Lucha de todo el pueblo por la universidad nacional
Acerca de la coyuntura, el articulista Basilio Orihuela Melo menciona: “La mayor esperanza para los estudiantes del centro del Perú, es contar con una Universidad nacional en esta Incontrastable. Debemos seguir el ejemplo de los habitantes de Puno, Lambayeque, Loreto y Ancash quienes han obtenido la creación de universidades técnicas sostenidas por el Estado. Debemos asumir la actitud de los iqueños quienes fundaron una Universidad nacional no habiendo permitido la creación de una Universidad particular. Cuando nos pronunciamos por la nacionalización de la Universidad Comunal lo hacemos porque hace más de quince años participamos en la campaña periodística por la creación en esta ciudad de una Universidad Nacional. Los ingresos que aportan Junín y el centro del país son muy grandes y como retribución a ellos esperamos que el Estado sostenga también una Universidad nacional en Huancayo. Por otra parte no son dueños de la Universidad Comunal solamente las llamadas “sociedades” entre las que figuran algunas comunidades indígenas, lo son principalmente los padres de familia y los muchos estudiantes ya emancipados de la tutela paternal, que pagan por sus estudios; son los padres de familia quienes abonan los derechos y pensiones de enseñanza de sus hijos que estudian en esta Universidad y solo con esos aportes fundamentales se sostiene esa Institución Superior de Enseñanza, cuyos aportes pasan de algunos millones comparados con la cooperación de mencionadas entidades sostenedoras” (146).
En el mes de diciembre de 1961 se emite el siguiente comunicado de prensa: “Los profesores y alumnos de la Universidad Comunal del Centro del Perú, teniendo en cuenta que es urgente la Nacionalización de nuestra Alta Casa de Estudios, nos dirigimos al heroico pueblo de Huancayo a fin de solicitar apoyo a nuestra campaña de conseguir adhesiones de todas las fuerzas vivas de nuestra zona, para así presionar a los Poderes Públicos y conseguir la Nacionalización de la UCCP, antes del 25 del presente mes, fecha de clausura de la Legislatura Ordinaria, ya que de no ser así la solución de este problema se postergaría hasta el año 1963, con el perjuicio consiguiente de cientos de alumnos que deberán abandonar sus estudios o que no podrán iniciarlos por lo incierto de nuestra situación. Es por esto que consideramos que todo Huancayo debe presentarse unido, como sabe hacerlo cuando las causas son justas, y solicitar individual y colectivamente la nacionalización de la UCCP, anhelo que ha venido postergándose por causas ajenas a nuestra voluntad” (291).
Como consecuencia de las luchas estudiantiles, el informe de diferentes comisiones auditoras, la coyuntura política con el apro-pradismo, etc., al gobierno no le quedaba otra opción que aprobar la nacionalización de la Universidad Comunal del Centro del Perú. El 20 de diciembre de 1961 el Poder Legislativo emite el decreto ley Nº 13827, que fuera promulgado el 2 de enero de 1962 por el Poder Ejecutivo (191). El 4 de enero de 1962 se hizo pública la ley que convirtió a la universidad particular en nacional, producto de las luchas del estudiantado bajo la conducción del FER y el pueblo organizado.
El FER se fortaleció al haber logrado la nacionalización como ente estudiantil, La FEUC se transforma en FEUNCP y toma legitimidad, se constituye oficialmente como miembro integrante de la FEP y concluyen que sus luchas sumadas a su ideología se convertían en fuerza política. Confiaron más en sí, se trazaron metas más concretas y decidieron marchar por su propia redención, solicitando la intervención del CIU en busca de la reorganización.
El carácter de clase de la prensa
El semanario local El Tiempo, no fue una prensa neutral, por el contrario, fue una prensa decidida y comprometida, a diferencia de las otras, a participar sin medias tintas de la lucha que debía reivindicar al pueblo en su afán por recuperar la universidad que se le había arrebatado. En múltiples artículos y principales titulares encontramos mensajes que llaman a marchas, movilizaciones, generan polémica, impulsan la nacionalización y denuncian abiertamente a los usurpadores. Así, en su edición del 25 de marzo de 1961 acota: “Por Decreto Supremo del 16 de diciembre de 1959, se autorizó el funcionamiento de la Universidad Comunal del Centro del Perú, con el carácter de entidad PARTICULAR, sorprendiéndose a la opinión pública y desnaturalizándose el anhelo popular, tan solo para satisfacer intereses inconfesables de círculo y además burlándose el debate parlamentario sobre un problema nacional. Que la nacionalización de la Universidad Comunal es la única garantía para la formación de eficientes profesionales, el fomento de la investigación científica y la difusión de la cultura, propendiéndose a la gratuidad de la enseñanza”. El 27 de marzo de 1961 recoge el sentir del pueblo y hace un llamado a la movilización, señalando en su primera plana: “LA UNIVERSIDAD COMUNAL NO ES DEL PUEBLO, ES PROPIEDAD PRIVADA ¡POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMUNAL!” (71,132).
El diario La Voz de Huancayo tuvo una participación menos comprometida con el proceso de nacionalización, pero luego, clave, en el proceso de reorganización bajo la dirección de Benjamín Gutiérrez. El diario Correo aparece en 1962, con su director Carlos Hidalgo Pallete, por lo que no tiene oportunidad de manifestarse acerca de la nacionalización, pero sí de la reorganización. Nos preguntamos cuál habría sido su posición respecto a la nacionalización, si consideramos que Hidalgo Pallete era militante de la DC y antiaprista inicialmente, luego fue secretario de prensa de la presidencia en el gobierno de Alan García, donde se mantuvo hasta sus últimos días.
La prensa radial también jugó un papel importante. Una de las primeras emisoras en Huancayo fue Radio 15-50, según algunos comentarios sustentados más adelante, fue adquirida con fondos de la UNCP. Ésta se había convertido en el vocero de la universidad y de sus principales autoridades. Sus programas estaban copados por programas partidarios, orientados a la defensa pública de sus directivos y al desprestigio del movimiento estudiantil ferista. Dirigida por líderes apristas entre los que encontramos a Ramiro Prialé Prialé, Horacio Gago Espinoza y Juan Gálvez Ríos. Con esta radio se hizo la campaña a Félix Ortega Arce y Horacio Gago Espinoza para que llegara el primero al municipio en 1966 y posteriormente ambos, al Parlamento (364), dando participación activa en dicha emisora al Comando Universitario Aprista.
