DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO REGIONAL DE JUNIN

Vladimir Cerrón Rojas

Desde que en noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, hasta hace un mes que al Perú no le habían tocado la puerta a capela. El Estado Peruano ahora es remecido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), debido a que se niega aceptar su papel verdugo frente a presos indefensos y bajo su custodia, cuál fuere su delito.
Momento propicio para darle práctica a nuestro lóbulo temporal, como área de memoria, con el objetivo de aprender de la historia y no errar rutinariamente. Una forma de cómo el centralismo nos afectó hasta en los derechos humanos es el ejemplo de las masacres universitarias. Se habla tanto solamente en el escenario limeño de un profesor y nueve estudiantes secuestrados, torturados y asesinados en "La Cantuta" y se le da escasa importancia al secuestro, tortura y ejecución extrajudicial de una autoridad universitaria, quince profesores, quince trabajadores no docentes y ciento treinta y dos estudiantes en la provinciana Universidad Nacional del Centro del Perú.
Tan ingrata es la suerte para los habitantes de nuestra región que resulta paradójico que habiendo tenido un congresista Presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, hasta en dos ocasiones, no haya emitido opinión alguna en materia de derechos humanos, pese a que la Comisión de la Verdad estaba en «boga», aunque puedo equivocarme porque algún día expresó algo con respecto a la matanza de Molinos, manifestando que estaba de acuerdo con la exhumación de los cadáveres pero, sólo para que les dieran «cristiana sepultura».
Resulta que los derechos humanos no sólo se refieren a los crueles asesinatos, sino también abarcan los derechos en la salud, educación, alimentación y medio ambiente, esencialmente. En Junín se mueren poco más de 1000 niños anualmente (aún contando con subregistro) y de ellos más del 70 % de enfermedades totalmente curables en la actualidad. Existen más de 90 000 analfabetos que no sabrán leer ni siquiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siendo el Estado culpable no va a los tribunales y lo peor de todo es que no hay autoridad que lo denuncie.
En cuanto refiere a medio ambiente, La Oroya es una de las cinco primeras ciudades contaminadas en el mundo y la patronal que es Estados Unidos da claramente a entender en el TLC que no aplicaría las leyes de protección al medio ambiente (puesto que se excluye del Convenio de Kioto), salvo si afectara al comercio internacional. Pues, a los Estados Unidos se le «entiende» puesto que no ha firmado el mencionado convenio internacional, pero el Perú si lo ha firmado y permite bajo la complicidad de sus gobernantes la violación y contaminación ambiental. Tribuna impresionante para algún gobernante con pantalones que proceda a denunciar internacionalmente al Estado Peruano, para que se empeñe en hacer cumplir las disposiciones comprometidas internacionalmente de protección ambiental y así salvaguardar la vida de tantos inocentes que mueren lentamente.
Nancy Alexander escribía un espectacular artículo: «Socavando la democracia en nombre de la descentralización», donde alertaba que la primera receta privatizadora es descentralizar responsabilidades a los gobiernos regionales, y éstos puedan hacer convenios directos (Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo), sin involucrar al gobierno central puesto que se trata de un «convenio de carácter subnacional». Pero como todo tiene una contrapartida, si en caso desgraciado se aprobara la pena de muerte en el país, seria interesante a propósito de la «autonomía» regional que se de una iniciativa legislativa para que las regiones sean autónomas de su filiación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o acción semejante.
Ahora el presidente de la República se encuentra obsesionado por aprobar la pena de muerte «por sobre la cabeza del Congreso» a los violadores. Pero quienes serían los que pagaran este cruel e inicial escarmiento, primeramente la clase media y la baja (puesto que ningún rico sería violador) desocupada, inestable económica y psíquicamente, y provinciana mayormente. En esta última, los presidentes regionales tienen una obligación moral de manifestarse ante la opinión pública.
Seria bueno recordarle al señor presidente Alan García que, cuando Fujimori quiso salirse de la CIDH (1999), el APRA fue uno de los partidos que en «defensa de la democracia» se opuso tajantemente.
Es tanto así, porque las autoridades al ser elegidas se consideran representantes del gobierno ante el pueblo y no representantes del pueblo ante el gobierno. ¡Cambiemos!