Vladimir Cerrón Rojas
Pareciera que debido a la distancia de las sedes internacionales del Fondo Monetario Internacional (FMI) estamos lejanos a sus designios sobre nuestro futuro, pues la verdad que es todo lo contrario, el neoliberalismo ha sido tan inteligente de posesionarse hasta en el último rincón de nuestro terruño, para arrebatarnos lo único y lo último que nos queda como dueños socialmente: el agua.
Para ello somete y hace cumplir a los gobernantes cómplices sus famosas “recetas”. La estrategia consiste en privatizar los denominados sectores “limítrofes”: salud, educación y agua.
Los instrumentos están claros: 1. Identificar a un país de bajos ingresos económicos con buenos recursos ambientales y tentado al préstamo internacional: el Perú; 2. Descentralización de responsabilidades del Estado: Una de las primeras acciones realizadas por este gobierno, fue “descentralizar” (aunque las decisiones se siguen tomando en Lima) la privatización del agua a nivel subnacional (gobiernos regional y local), permitiéndoles que puedan realizar contratos directos con las entidades internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo). Así pasará como un contrato de carácter “subnacional”, sin dañar la imagen del gobierno central; 3. Creación de un “espacio fiscal” para la inversión en infraestructura: el gobierno tiene que garantizar un espacio fiscal y tributario para la devolución de los préstamos de inversión en infraestructura (sobretodo hídrico) más no, en otro tipo de inversión pública (lucha contra la pobreza, morbimortalidad, analfabetismo). Es por ello que gran porcentaje del IGV se va al pago de la deuda externa. 3. Establecimiento de marcos legales para el suministro privado de agua: los gobiernos de Fujimori, Toledo y APRA han garantizado con la defensa de la Constitución Fujimorista el marco neoliberal, donde tanto el la salud, la educación y el agua ya no son derechos, sino servicios que se pueden vender y comprar. Si no lo aceptaran no recibiríamos donaciones, préstamos o una política flexible con la deuda; 4. Eliminación de los subsidios cruzados en los servicios de infraestructura. El agua no puede ser subsidiada por otro sector estatal o privado, el gobierno central asume dicho subsidio y si quiere llegar a cumplir las metas fijadas por el FMI, le queda solamente recurrir a la privatización que se está poniendo en marcha; 5. Comercialización de tarifas: los precios en las tarifas de agua están orientadas a subir en su costo. El BID subsidiará las conexiones de agua a todos los usuarios, más no el consumo. 6. Separación de mercados lucrativos de no lucrativos en el agua. El BID no quiere concesionar el agua de las zonas periurbanas ni marginales, sino quiere el agua de las zonas urbanas, donde le garanticen utilidad a su inversión; 7. Establecimiento de organismos reguladores pro-corporativos: se necesita de un organismo privado para administrar el suministro de agua y debe ser por funcionarios nacionales y no extranjeros para garantizar su “legitimidad”. Es decir crear una especie de “SATH” para garantizar el cobro o embargo a quienes no paguen su deuda. Una forma de burlar la normativa de los derechos humanos con respecto a las OSU (Obligaciones de Servicio Universal); 8. Transparencia debilitada: las políticas de privatización se dan por decreto del poder ejecutivo, sin supervisión pública alguna; 9. El BID facilitará préstamos financieros a transnacionales que concesionen el agua, y de esa forma tendrá garantizado la repatriación de su capital. Los alcaldes peruanos necesitan de subsidio para realizar el estudio técnico de la viabilidad privatizadora, aquellos que digan que no es factible, están en la obligación de devolver el dinero y aquellos que digan que sí, tomarán el subsidio como tal, es decir si o si aceptarán la privatización, ¡cuidado Fredy!
Para ello somete y hace cumplir a los gobernantes cómplices sus famosas “recetas”. La estrategia consiste en privatizar los denominados sectores “limítrofes”: salud, educación y agua.
Los instrumentos están claros: 1. Identificar a un país de bajos ingresos económicos con buenos recursos ambientales y tentado al préstamo internacional: el Perú; 2. Descentralización de responsabilidades del Estado: Una de las primeras acciones realizadas por este gobierno, fue “descentralizar” (aunque las decisiones se siguen tomando en Lima) la privatización del agua a nivel subnacional (gobiernos regional y local), permitiéndoles que puedan realizar contratos directos con las entidades internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo). Así pasará como un contrato de carácter “subnacional”, sin dañar la imagen del gobierno central; 3. Creación de un “espacio fiscal” para la inversión en infraestructura: el gobierno tiene que garantizar un espacio fiscal y tributario para la devolución de los préstamos de inversión en infraestructura (sobretodo hídrico) más no, en otro tipo de inversión pública (lucha contra la pobreza, morbimortalidad, analfabetismo). Es por ello que gran porcentaje del IGV se va al pago de la deuda externa. 3. Establecimiento de marcos legales para el suministro privado de agua: los gobiernos de Fujimori, Toledo y APRA han garantizado con la defensa de la Constitución Fujimorista el marco neoliberal, donde tanto el la salud, la educación y el agua ya no son derechos, sino servicios que se pueden vender y comprar. Si no lo aceptaran no recibiríamos donaciones, préstamos o una política flexible con la deuda; 4. Eliminación de los subsidios cruzados en los servicios de infraestructura. El agua no puede ser subsidiada por otro sector estatal o privado, el gobierno central asume dicho subsidio y si quiere llegar a cumplir las metas fijadas por el FMI, le queda solamente recurrir a la privatización que se está poniendo en marcha; 5. Comercialización de tarifas: los precios en las tarifas de agua están orientadas a subir en su costo. El BID subsidiará las conexiones de agua a todos los usuarios, más no el consumo. 6. Separación de mercados lucrativos de no lucrativos en el agua. El BID no quiere concesionar el agua de las zonas periurbanas ni marginales, sino quiere el agua de las zonas urbanas, donde le garanticen utilidad a su inversión; 7. Establecimiento de organismos reguladores pro-corporativos: se necesita de un organismo privado para administrar el suministro de agua y debe ser por funcionarios nacionales y no extranjeros para garantizar su “legitimidad”. Es decir crear una especie de “SATH” para garantizar el cobro o embargo a quienes no paguen su deuda. Una forma de burlar la normativa de los derechos humanos con respecto a las OSU (Obligaciones de Servicio Universal); 8. Transparencia debilitada: las políticas de privatización se dan por decreto del poder ejecutivo, sin supervisión pública alguna; 9. El BID facilitará préstamos financieros a transnacionales que concesionen el agua, y de esa forma tendrá garantizado la repatriación de su capital. Los alcaldes peruanos necesitan de subsidio para realizar el estudio técnico de la viabilidad privatizadora, aquellos que digan que no es factible, están en la obligación de devolver el dinero y aquellos que digan que sí, tomarán el subsidio como tal, es decir si o si aceptarán la privatización, ¡cuidado Fredy!
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