Antecedentes: la FEP contra el odriísmo
El gobierno
del general Manuel Odría Amoretti (1948-1956), se caracterizó por dirigir una
política antiuniversitaria, siendo uno de los gobiernos que más reprimió y
asesinó a líderes de la oposición. Esta actitud le mereció el rechazo de las
masas estudiantiles universitarias, tanto de sectores progresistas como de
algunos conservadores, quienes agrupados en la FEP impidieron un posicionamiento
más de Odría en el gobierno. Al respecto un diario nacional testifica: “Mientras los odriístas hacen preparativos
para recibir el domingo a las 8 y 30 de la mañana al ex Presidente General
Manuel A. Odría, la FEP que agrupa a 30 mil estudiantes universitarios y la
Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, lanzaron
comunicados por los cuales hacen saber al país que declaran duelo nacional el
día de la llegada del ex dictador. La FEP afirma que el cuartelazo de octubre
de 1948 que llevó al poder al militar interrumpió el más serio ensayo
democrático iniciado por el país por el jurista Dr. José Luis Bustamante y
Rivero. Acusan a Odría de ser el causante de los sucesos posteriores de la
postración del Perú, y de haber abolido el Estatuto Reformista de 1946, de
haber atropellado la Universidad impidiendo la libre asociación. Lo acusa
además de haber abaleado al estudiante Mc Lean Bedoya, de haber deportado
estudiantes, de haber atentado contra la libertad de cátedra. De haber hollado
la Universidad San Marcos introduciendo tanques y de ser enemigo declarado del
estudiantado” (293).
La universidad
peruana estaba en franco proceso de concientización contra las dictaduras,
habían logrado unificarse, tanto el alumnado con el profesorado y contados trabajadores no docentes, para
enfrentar la represión gubernamental. La FEP tenía la presencia que el momento
histórico reclamaba de ellos, no era la actual FEP maniobrada por un partido,
miope a los problemas coyunturales del país y hasta cierto punto pusilánime en
su deber. Es necesario precisar que no solamente la izquierda estaba en contra
de Odría, sino también una facción importante del Apra.
Abel Bonnett
Hermoza era natural del Cuzco, de probada militancia aprista, anticomunista convicto y confeso, se desempeñaba como secretario general de la UNCP
cuando fue asesinado, presumiblemente, por Sendero Luminoso, en la intersección de las calles Ayacucho y Real en Huancayo. Tuvo dos hijos, Abel y Américo, a ambos se les
trasmitió la ideología paterna. Abel era de contextura gruesa y alta, encargado
de dar seguridad a Ramiro Prialé y Nilo
Arroba, sindicado búfalo y estudiante del Colegio Nacional Santa Isabel a una
edad avanzada para el promedio de los estudiantes de secundaria y fue este
personaje el sindicado por varios testigos como el autor que le imprimió una
pedrada con una honda o un jebazo al candidato y exdictador Manuel Odría
durante un mitin en la ciudad de Huancayo en 1961, hecho que desató un
acribillamiento por parte del ejército a la multitud, costándole la vida
oficialmente a 13 ciudadanos, aunque se presume que la cifra real de asesinados
fue mucho mayor (363).
La década de
1960 se caracterizó por el sometimiento de la universidad peruana al manejo de
un grupo de parlamentarios apristas que en coalición con el odriísmo (APRA-UNO)
controlaban el Congreso y presionaban al presidente Fernando Belúnde a
promulgar sus leyes. Los estudiantes universitarios, representados en la FEP, lucharon
arduamente en contra de las dos leyes universitarias elaboradas por el Apra,
una de ellas en complicidad con el odriísmo. En esta etapa el Apra controlaba
las universidades públicas principales del país, hasta que el golpe de Estado
que propinara el general Velasco Alvarado terminó con dicho posicionamiento.
Múltiples son los manifiestos y comunicados de la UNMSM, Universidad Nacional
de Lambayeque, Pontificia Universidad Católica, UNSCH, UNI, UNCP, etc., acerca
del rechazo a la política antiuniversitaria de la coalición.
Al principio
de la década de 1960, el estudiantado de la UNMSM, organizado en el FER,
rechazó la presencia y evitó el acceso a la Casona del expresidente
norteamericano, Richard Nixon, destacando en esta gesta la personalidad del
estudiante Alfonso Barrantes Lingán. Nixon había sido invitado por el rector
aprista Luis Alberto Sánchez. Este espíritu revolucionario sanmarquino data
desde antaño, pudiendo citarse como ejemplo a otro ilustre estudiante, José
María Arguedas, quien en el año 1937 rechazó la visita del general fascista
italiano Camarotta, de la misma Casa Superior de Estudios.
Las luchas en la UNI
En Lima se
libró una dura batalla contra las maniobras apristas para hacerse del poder
institucional. El 28 de mayo de 1967, en valiente manifiesto, la Federación de
Estudiantes de la UNI, representada en las personas de Nelson Parra Villanueva
y Raúl Castro Vera, denunció: “Que la
Universidad peruana se halla gravemente amenazada por las fuerzas retrógradas
del país, siguiendo los designios del imperialismo norteamericano como lo
demuestran, entre otros, los siguientes hechos: la iniciación de la aprobación
en el parlamento de la cavernaria Ley Sánchez; la expulsión de dirigentes
estudiantiles en Huancayo, Chiclayo y Arequipa; la detención arbitraria de
Jorge Monzón, José Carlos Vértiz, José Ñique de la Puente y Rolando Breña”.
Denuncian también la desaparición del estudiante Enrique Amaya Quintana (135,
264). Esta represión se dio en el gobierno del presidente Fernando Belaúnde,
bajo el control parlamentario de la coalición APRA-UNO.
Los gobiernos
de los generales Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez, tampoco
están exentos, como veremos más adelante, de una política antiuniversitaria,
manifestada en la violación de la autonomía universitaria, la categorización de
las universidades, la represión del estudiantado y profesorado universitario, el
recorte de las rentas, entre otras. En enero de 1970, la UNI fue recesada en
mérito a una resolución de su rector Santiago Agurto quien además autorizó a
violar el campus universitario que trajo como consecuencia una represión
desmedida a 100 estudiantes que se encontraban en huelga de hambre, con su
posterior arresto (167).
En las décadas
de 1980 y de 1990, en los gobiernos sucesivos de Fernando Belaúnde, Alan García
y Alberto Fujimori, se condujeron una de las políticas antiuniversitarias más
salvajes, en cuyos pasivos se pueden enunciar recesos, incursiones al campus
universitario, establecimiento de bases militares dentro del campus
universitario, comandos paramilitares (Escorpio, Rodrigo Franco y Colina),
detenciones, desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que
involucraron a los estamentos estudiantil, docente y no docente. Después de la
UNCP, considerada emblema de la masacre universitaria en Latinoamérica, la
UNSCH, la UNMSM, la UNI y la UNE La Cantuta, fueron las más reprimidas y
violentadas. La UNI, hasta la actualidad, cuenta en sus reclamos con varios
profesores y estudiantes en calidad de desaparecidos.
Las luchas en la UNMSM
El día 8 de
febrero de 1966 son satanizados por la prensa, el rector de la UNI, Dr. Samamé
Boggie, por no querer dar declaraciones ante la Comisión Investigadora de
Actividades Comunistas y el rector de la UNMSM, Dr. Mauricio San Martín
Frayssinet, por asilar académicamente a los estudiantes Licurgo Pinto y Donato
Ibarra Palomino (116). El 12 de febrero de 1966, Licurgo Pinto de 25 años de
edad, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNMSM y presidente de la FUSM,
era acusado de comunista y subversivo. Licurgo ya había estado preso y
consiguió su libertad provisional, sin embargo, el Consejo Supremo de Justicia
Militar ordenó su recaptura y éste se alojó en la universidad amparado en la
autonomía universitaria, desde el mes de febrero hasta agosto, fecha en que fue
capturado. El rector y médico Dr. San Martín Frayssinet y el Consejo
Universitario, decidieron apoyar a Pinto y a Donato Ibarra quien estaba en la
misma condición. Esta actitud le valió al Dr. San Martín ser acusado de
brindarles asilo a los comunistas (69) y una vez más, haciendo realidad la
violación de la autonomía universitaria, la policía ingresó en San Marcos y
Pinto fue llevado a Seguridad del Estado el 9 de agosto de 1966 (70).
Más adelante,
la promulgación de la Ley Sánchez por Belaúnde, trajo como consecuencia una
serie de disturbios dentro y fuera del campus universitario. Esta confrontación
también se daba en el plano estudiantil entre algunos estudiantes apristas
contra estudiantes progresistas. El 12 de diciembre de 1968 los estudiantes
apristas realizaron una manifestación de respaldo al rector, Dr. Luis Alberto
Sánchez, que derivó en un violento choque entre estudiantes, dejando un
lamentable herido de bala. Al respecto,
un diario capitalino de conocida tendencia derechista menciona: “Los apristas se disponían a iniciar una
marcha por las calles de Lima para apoyar a Sánchez, cuando fueron atacados por
estudiantes comunistas. Los dos grupos empezaron, entonces, una batalla a
pedradas en la Ciudad Universitaria, ante la expectante vigilancia de la
guardia de asalto. En el clima de la beligerante contienda el estudiante Jorge
Sifuentes, del primer año de la Facultad de Educación recibió un balazo en el
brazo izquierdo. Los apristas manifestaron que Sifuentes pertenece a sus filas
y acusaron a un estudiante comunista apodado “Dino” de haber hecho el balazo.
Los comunistas lanzaron tal ofensiva contra los apristas que obligaron a éstos
a dejar la Ciudad Universitaria. Los apristas comenzaron a marchar hacia el
local del Rectorado de San Marcos (Av. República de Chile) con los comunistas
siguiéndoles de cerca” (207). A raíz de estos sucesos, el 3 de enero de
1969 el rector, Dr. Luis Alberto Sánchez, hizo declaraciones calumniosas ante
la prensa argumentando que el comunismo chino había encontrado un buen caldo de
cultivo al tener un estudiantado más romántico y más permeable a la propaganda.
Declaraba también, que los estudiantes a nivel nacional, opuestos a su
política, tenían un plan de subversión total cuyo objetivo final era apoderarse
de las universidades y que además, tenían ambiciones y alcances
internacionales, tal como se había podido apreciar en México y Venezuela (194).
Las luchas en la UNCP
La FEUNCP
también contrajo un compromiso real con la causa nacional. En ocasión de
haberse producido la expulsión de Gustavo Peñaloza de la Escuela Normal La
Cantuta, la FEUNCP anunció iniciar una huelga indefinida en defensa del
mencionado alumno. Julio Seminario Wensel, presidente de la FEUNCP, alertó a la
FEP que era probable que: “Si la
federación nacional no ordenaba un paro general indefinido, los huancaínos lo
harían por su propia cuenta” (145). En el plano regional la represión a la
universidad no cesaba, el 6 de octubre de 1968, el Comando Político y Militar
de la Sierra Central, informaba: “Durante
el día fueron detenidos los estudiantes Juan Yépez Hidalgo y Javier Cabrera
Rocha, asimismo en la madrugada de hoy fueron detenidos Ángel Ávila Mendoza (23)
y José Eduardo Ávila Mariño (21), por habérseles encontrado dedicados a
distribuir volantes subversivos, los mismos que fueron entregados personalmente
al señor rector de la UNCP, Nilo Arroba Niño” (183).
Otra forma de
represión al estudiantado consistió en el receso de la universidad y desamparo
oficial de la interrupción académica. El 2 de abril de 1966, durante el
gobierno belaundista, fue recesada la filial de la UNCP en Huacho y frente a
este suceso, Oswaldo Obando, presidente de la FEP, solicitó al CIU la renuncia
de Nilo Arroba Niño (136). El gobierno velasquista tampoco estuvo ajeno a este
modelo de represión, pues el 24 de marzo de 1975, se recesó la UNCP.
En el mes de
junio de 1965 se iniciaron las guerrillas del MIR al mando de disidentes
apristas, entre ellos, Luis de la Puente Uceda, Rubén Tupayachi, Paúl Escobar, Edmundo Cuzquén,
José Parisini, Hugo Soto Ponce y Benjamín Quispe, entre otros. Más adelante
(1966 o 1967), el gobierno de Belaúnde, tomando en cuenta una calumnia aprista
en contra de los estudiantes, mediante el Consejo de Guerra,
solicitó la detención de Fernando Romero Villanes, expresidente de la FEUNCP y
en ese instante dirigente magisterial de la provincia de Jauja, siendo detenido
por espacio de más de un mes al ser involucrado con las guerrillas de Pucutá y
Andamarca en el departamento de Junín. Junto a Romero fueron detenidos Justino
Bullón Mateo y Raúl Mandujano Aguirre (57).
El general
Juan Velasco Alvarado, ajustado a su sistema de represión universitaria, a escasos
meses de producido el golpe militar, reprimió duramente a los estudiantes
apristas en la UNCP, miembros de la Facultad de Agronomía, pues sabían que era
bastión aprista y ésta contaba con un internado
y un comedor en la planta experimental El Mantaro, donde se alojaban un
considerable número de sus militantes, lo que condujo a un operativo, que a
continuación describimos:“El Internado
tenía un guardián de apellido Monteblanco, ex miembro del ejército peruano
quien trabajaba en el área de Contabilidad. El día 15 de diciembre de 1968, en
horas de la noche, la planta fue intervenida por efectivos del ejército y
Monteblanco se prestó para dirigir a los intrusos, los mismos que entraron y
dispararon a matar. Pero, como la distancia desde la carretera hasta la planta
era aproximadamente 500
metros logramos huir y no capturaron a nadie excepto a
los guardianes. Destruyeron los laboratorios y en su ignorancia los militares
al ver los matraces y tubos de ensayo, pensarían que eran los instrumentos con
los que se confeccionarían las bombas y barrieron con todo. Aunque el diario
dice que fue la PIP, estoy seguro que fue el Ejército” (364).
Más
adelante, otra jornada nacional involucró a la UNCP en 1984, la lucha contra la
Ley Universitaria Nº 23733 conocida como Ley Alayza-Sánchez, que no era más que el preámbulo para el inicio de la
privatización de la enseñanza universitaria, que hasta hoy en día busca
insaciablemente la ideología de la derecha. La UNCP participó decididamente,
perdiendo la vida el estudiante de la Facultad de Agronomía, Isaías Marlon
Bravo Flores.
Las luchas en la UNSCH
La UNSCH fue
responsabilizada por el gobierno belaundista, por el accionar de las guerrillas
del MIR y el ELN (quienes desarrollaron acciones armadas en Ayacucho),
considerándola como el foco ideológico y militar de la subversión, motivo por
el que trató de asfixiarla económicamente. Amenazaron con cerrarla con el
pretexto de la falta de rentas y ante este suceso su rector convocó a las
fuerzas vivas del departamento lo que se tradujo en una protesta que involucró
a la gran mayoría del pueblo ayacuchano y sus comunidades, logrando la
reposición de las mismas (313). En esta etapa la UNSCH contaba en sus aulas con
alumnos procedentes de las comunidades campesinas, quienes al habérseles dotado
de ciertos conocimientos que la universidad brindaba, habían pasado a ser
líderes indiscutibles en cada uno de sus pueblos. Lo mismo ocurría en otras
universidades estatales, quienes en su seno albergaban a los sectores
desposeídos, cuyos miembros habían sido atraídos por la lucha política.
El día 26 de
octubre de 1963, con motivo del IX Congreso Nacional de Estudiantes del Perú,
el entonces rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Dr.
Efraín Morote Best, daba la bienvenida a las diferentes delegaciones
estudiantiles, a la vez que hacía un llamado al trabajo perseverante cimentado
sobre ideales libertarios: “La
Universidad es una aglutinación de esfuerzos que busca el bienestar del Hombre;
es una familia bullente y creadora en la que todos sus miembros, sea cual fuere
el lugar de su procedencia y de su destino, persiguen ideales comunes que se
hallan por encima de nombres distintivos. Deseamos, en fin, que este Congreso
constituya un baño de frescuras en la inmensa batalla que libra el Hombre por
su liberación definitiva. Ustedes se levantarán cotidianamente cansados del
trabajo, pero ese cansancio debe ser útil, como es útil el cansancio del
campesino que siembre las semillas que encierran el secreto del porvenir, o el
del constructor de los muros de aquella casa en la que germinará la vida”.
Así, la UNSCH
se había constituido como el principal y gran problema para las aspiraciones
hegemónicas del Apra en la universidad peruana. Para contrarrestar dicho
avance, recurrieron a una vieja infamia de acusar de comunistas a sus
principales dirigentes, pero no en el sentido propio de la palabra, sino en la
semejanza de comunismo y terrorismo. El 23 de noviembre de 1968, un diario
local denuncia un supuesto complot contra la UNCP, acusando al FER de coordinar
actividades antidemocráticas con su homólogo en Ayacucho, cuyo nexo principal
era el profesor Augusto Cruzatt Añaños (26). Caso similar fue el ataque al Dr.
Morote, el 23 de febrero de 1971, cuando la Asociación de Profesores de la UNCP
en las personas de César Gaviño Mendieta, Luis Miranda Esquerre y Humberto
Rodríguez Pastor, lanzaron acusaciones contra Efraín Morote de ser un individuo
dictatorial y haber ratificado en la docencia, durante el proceso de
reorganización, a sus paisanos Augusto Cruzatt, Víctor de la Barra y los
empleados Grimaldo Collantes y Wierich Vicente Alvarado (234,241). Tanto el
gobierno belaundista, aprista como el fujimorista, desataron una represión en
contra de esta universidad, pues continuando a la UNCP, fue una de las más
reprimidas en la historia universitaria del país.
Jornada nacional contra la Ley Alayza-Sánchez.
La famosa Ley Alayza-Sánchez
conllevó a una protesta de carácter nacional donde participaron miles de
estudiantes de todas las universidades del país. Esta ley una vez más era dada
por el aprismo en complicidad con el belaundismo. Las universidades de la
capital lideraron la lucha al encontrar mayor eco de sus actividades en la
prensa nacional. Esto no quiere decir que la lucha en el interior del país no
haya sido ejemplar, por el contrario, no solo eso, sino que además estuvo
teñida de sangre.
La UNMSM protestó contra el
asesinato del estudiante de la UNCP, Isaías Marlon Bravo Flores, en la ciudad
de Huancayo el 25 de enero de 1984. En esta protesta la Guardia Civil le
perforó el esternón de un balazo a Oscar Cárdenas Santiago, estudiante de la
Facultad de Derecho de la UNMSM. Como respuesta a este vil atentado que
respondía a una política de gobierno, la FEP anunció una serie de
movilizaciones a nivel nacional.
El presidente de la FUSM, Alberto Mendieta, al hacer un balance de los días de heroica lucha de los estudiantes universitarios, por el alza de pasajes y la Ley Alayza-Sánchez, censuró duramente la actitud del rector Gustavo Pons Muzzo quien se puso contra los estudiantes y al lado del gobierno (384). En efecto, Pons Muzzo condenó los desmanes estudiantiles que conmocionaron Lima, y afirmó que no se puede mejorar una ley universitaria: “Destruyendo la propiedad privada, sembrando el caos y enfrentando peruanos contra peruanos… Condeno, como profesor, como maestro universitario, los desmanes, la destrucción, el apedreamiento entre alumnos; así no se puede llegar a ninguna parte y menos pretender mejorar una ley que ha sido dictada por un Parlamento elegido legítimamente… Nada hay perfecto, esta ley tampoco lo es, pero lo dable, lo acertado era aportar soluciones, aportar ideas en vez de volcarse a las calles y apedrear todo lo que se encuentra a su paso… de ninguna manera el “alma mater” sanmarquina se solidariza con los malos elementos que originaron los desórdenes… Nosotros, hemos pedido a las autoridades policiales la libertad de las alumnas y alumnos que no hayan participado en la violencia, pero de ninguna manera vamos a defender o interceder por quienes hayan sido sorprendidos con las manos en la masa… Los rectores, los profesores universitarios no hemos hecho la ley, solo hemos aportado las bases fundamentales. El Congreso la ha sancionado, si la ley tiene que mejorar, pues aportemos lo mejor y esperemos el mes de abril y que en el inicio de la legislatura se pueda encontrar solución… Los dirigentes estudiantiles a los que considero buenas personas, gente bien intencionada, han caído inocentemente en la celada tendida por elementos que tratan de crear el caos total en los centros de estudios superiores… Ahora es el momento de la reflexión, de sentarse a dialogar, a encontrar un camino positivo. Y confió que los estudiantes estarán representados en la Asamblea, que participarán en el gobierno de las universidades… Hemos apreciado con pena y dolor, cómo se ha destruido la propiedad particular y estoy seguro que no han sido sólo los universitarios los que han lanzado el asalto y destrucción. Eso de ninguna manera lo podemos convalidar” (385).
Contrariamente
a esta postura el exrector de la UNMSM Campos Rey de Castro manifestó: “Finalmente, después de mucho trajinar con
diferentes proyectos aprobados en una Cámara y desaprobados en la otra, el
llamado proyecto Alayza-Sánchez, devino en Ley Universitaria. Nadie está
contento con ella. El Senado, que fue donde se gestó el último proyecto, lo
envió al Ejecutivo para su promulgación, declarando explícitamente su
insatisfacción y señalando los defectos anticonstitucionales que contiene, pero
que la Cámara no fue capaz de corregir. La comunidad universitaria, salvo el
sector privado, tampoco está satisfecha con la Ley 23733. Organismos
estudiantiles representativos como la FEP, FUSM y el Comando Universitario
Aprista, han expresado públicamente su rechazo y han convocado movilizaciones
de protesta. El senador Ulloa, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia
y Cultura de su Cámara, anunció el mismo día en que se promulgó la Ley 23733 su
intención de presentar un nuevo proyecto de ley para cambiar varios artículos
del flamante instrumento al que él mismo acaba de dar pase.
Cada árbol produce los mejores frutos de que es capaz y si al olmo no se puede pedir que produzca peras, a este régimen no se le puede pedir una ley mejor; en tanto subsista tendremos que actuar dentro de este marco legal, sin declinar nuestra crítica ni cejar en plantear alternativas. Pese a todas las opiniones, la ley está vigente y el cronograma que ella fija a través de sus disposiciones transitorias, ha empezado a correr implacablemente. La instalación de la Comisión Electoral, la convocatoria a elecciones para conformar la Asamblea Estatutaria, la redacción, aprobación y promulgación del estatuto de cada universidad y luego la elección de las nuevas autoridades son tareas trascendentes cuya cronología fija la propia ley. Cada una de estas acciones, obviamente requiere una estrategia determinada en función de objetivos que es indispensable discutir y fijar con lucidez, al margen de la opinión de crítica y del cuestionamiento que se haga a la ley, porque tenemos que ser conscientes que pese a sus defectos y al rechazo que ha provocado, este instrumento legal tiene vigencia y obliga a cada universidad a elaborar su propio Estatuto, si lo hace con habilidad y acierto, podrá amortiguar en cierto modo los aspectos negativos que tiene la ley. De no hacerlo así, se corre el riesgo que el estatuto empeore la ley. En otras palabras, más vale una mala ley con un buen estatuto que una mala ley con un mal estatuto. Si bien es verdad que en algunos aspectos la Ley 23733 es excesivamente detallista y no deja posibilidades al estatuto para desarrollar las características propias de las distintas y muy diferentes universidades del país, en otros, el articulado de la ley es lo suficiente general como para permitir que mediante el estatuto se logre avanzar en la dirección que cada universidad considere adecuado a sus propios objetivos. Por ejemplo, en el campo de la investigación, en el de extensión y proyección universitaria, en el número y estructura de facultades, en las atribuciones y funciones de los consejos de facultad, para sólo citar algunos ejemplos, el estatuto debe alcanzar las precisiones que convenga y que la ley no menciona” (386).
Cada árbol produce los mejores frutos de que es capaz y si al olmo no se puede pedir que produzca peras, a este régimen no se le puede pedir una ley mejor; en tanto subsista tendremos que actuar dentro de este marco legal, sin declinar nuestra crítica ni cejar en plantear alternativas. Pese a todas las opiniones, la ley está vigente y el cronograma que ella fija a través de sus disposiciones transitorias, ha empezado a correr implacablemente. La instalación de la Comisión Electoral, la convocatoria a elecciones para conformar la Asamblea Estatutaria, la redacción, aprobación y promulgación del estatuto de cada universidad y luego la elección de las nuevas autoridades son tareas trascendentes cuya cronología fija la propia ley. Cada una de estas acciones, obviamente requiere una estrategia determinada en función de objetivos que es indispensable discutir y fijar con lucidez, al margen de la opinión de crítica y del cuestionamiento que se haga a la ley, porque tenemos que ser conscientes que pese a sus defectos y al rechazo que ha provocado, este instrumento legal tiene vigencia y obliga a cada universidad a elaborar su propio Estatuto, si lo hace con habilidad y acierto, podrá amortiguar en cierto modo los aspectos negativos que tiene la ley. De no hacerlo así, se corre el riesgo que el estatuto empeore la ley. En otras palabras, más vale una mala ley con un buen estatuto que una mala ley con un mal estatuto. Si bien es verdad que en algunos aspectos la Ley 23733 es excesivamente detallista y no deja posibilidades al estatuto para desarrollar las características propias de las distintas y muy diferentes universidades del país, en otros, el articulado de la ley es lo suficiente general como para permitir que mediante el estatuto se logre avanzar en la dirección que cada universidad considere adecuado a sus propios objetivos. Por ejemplo, en el campo de la investigación, en el de extensión y proyección universitaria, en el número y estructura de facultades, en las atribuciones y funciones de los consejos de facultad, para sólo citar algunos ejemplos, el estatuto debe alcanzar las precisiones que convenga y que la ley no menciona” (386).
El día 12 de enero de 1984, en
la ciudad de Lima, alrededor de 50 mil estudiantes de la UNMSM, UNE La Cantuta,
UNI, Universidad Técnica del Callao, UNFV y delegaciones de las universidades
provincianas, tomaron la Plaza de Armas, la Plaza San Martín y las principales
avenidas, capturando vehículos y reclamando contra el alza de pasajes. Esta
jornada fue reprimida por la policía dejando un saldo de 300 detenidos y 30
heridos (386).
Luchando
contra la categorización de las universidades
Las
universidades del país siempre han tenido como característica un desarrollo
heterogéneo en los aspectos económico, administrativo, académico, profesional,
político, social, etc., respondiendo a una política tradicional que ha
mantenido el Estado en contra de algunas y en favor de otras. El gobierno del
general Velasco Alvarado, al igual que la administración belaundista, era otra
administración antiuniversitaria más, redujo el presupuesto económico dejado
por Belaúnde, del 30% al 19,6%, según Carlos Malpica. Implementó una reforma
universitaria que atentaba contra la supervivencia del tercio estudiantil,
entre otros derechos. El 18 de febrero de 1969 promulgó el Decreto Ley Nº
17437, aprobando la Nueva Ley Orgánica de la Universidad Peruana, en cuyo
artículo Nº 15 disponía la categorización de las universidades estatales. Esta
ley clasificaba a las universidades en tipos A, B, C y D, dando un privilegio,
sobre todo de carácter económico, a las universidades que poseían las mejores
categorías (A y B).
La
categorización de la universidad fue un atentado contra la comunidad
universitaria nacional, pues impedía el intercambio docente, así los profesores
que laboraban en universidades tipo A no vendrían a dictar clases a una
universidad tipo B o C, porque esto significaría ir en contra de su prestigio.
Los alumnos que egresaran de las universidades tipo A o B tendrían mayor
oportunidad de conseguir empleo antes que los del tipo C o D. Las universidades
tipo A recibirían mayor presupuesto que las universidades del tipo C o D y por
ende, sus estudiantes tendrían mejor preparación. Las universidades tipo A,
generalmente, se encontraban en la capital o eran universidades antiguas con
prestigio ganado y las universidades C o D eran provincianas y nuevas. En fin,
una ley altamente discriminatoria por las razones expuestas.
Esta ley
provocó una airada reacción nacional de los estudiantes y algunos profesores,
sobre todo de los sectores universitarios provincianos, a finales del mes de
diciembre de 1969 y comienzos de 1970. El alumnado de la UNCP no fue
indiferente al atropello que se venía cometiendo y realizó sendas protestas
callejeras, tomas de locales, barricadas, huelgas de hambre, etc., los días 7 y
8 de enero, motivo por el que se registra la detención de profesores y alumnos.
Los profesores detenidos fueron: Danilo Álvarez, Luis Miranda Esquerre, Benito
García, Zenobio Vásquez Mateo, César
Gaviño Mendieta, Guillermo Ñahui Palomino, Humberto Rodríguez y Oliverio Ramos
(206). Los estudiantes se enfrentaron con piedras y palos a las FFPP, que
armados con bombas y varas disolvieron los grupos en rebeldía.
Según un
diario local: “Los estudiantes al
dispersarse arrojaron botellas con líquido incendiario en el Cine Tambo y en un
ómnibus de la Empresa Soria. Voltearon una camioneta de la Guardia Republicana”.
Por su parte el Padre Rea trataba de justificar y conciliar la protesta,
manifestando que la categorización de la UNCP corresponde al período de 1960 y
1969 y que sobre la categorización actual se conocerá a fines de 1970 (223). El
clero además de su carácter conciliador y servil hacia los gobiernos, fue
drástico con los alumnos. Ésto puede inferirse de las declaraciones del Padre
Rea, secretario general interino de la UNCP, el 9 de enero de 1970, donde
anuncia severas sanciones contra los estudiantes (206).
En la
Universidad Nacional del Altiplano (Puno), reaperturada escasamente ocho años
antes de estos conflictos, la protesta llegó a límites criminales. En un
enfrentamiento estudiantil contra las FFPP el 14 de enero de 1970, de un
disparo en el abdomen fue herido de muerte el estudiante René Gonzáles Quezada.
En la actualidad el comedor universitario de esta universidad lleva el nombre
del citado mártir.
La Asociación
de Docentes de la UNCP, no fue ajena a la protesta nacional, emitiendo el 16 de
enero de 1970, el siguiente comunicado: “Que
el artículo 15 inciso “i” del Decreto Ley 17437 establece la Categorización de
las Universidades del país. Entorpece el intercambio entre profesores dentro
del sistema, restringe la implementación para las Universidades menos
desarrolladas. La categorización favorece el centralismo y la desaparición de
las Universidades de baja categoría, porque, determinará el éxodo hacia las
Universidades de alta categoría, determinara el éxodo de los alumnos hacia el
extranjero, afecta a los egresados de la Universidades de baja categoría,
tiende a la desaparición de las Universidades de baja categoría”. Firman
Oliverio Llanos Pajares y Carlos Urdánegui Mesía (170).
No solo los
entes universitarios repudiaban la categorización universitaria, sino también
sindicatos como la Federación Departamental de Trabajadores de Junín, que no
fue ajena al fenómeno, realizando un pronunciamiento para la lucha, el 23 de
enero de 1970 mediante su dirigente José Suárez Terrones (209). La UNCP había
sido categorizada en cuarto lugar, juntamente con la Universidad Nacional
Federico Villarreal de Lima y otras que estaban en proceso de reorganización y
crisis. La comunidad universitaria responsabilizó de su situación irregular y
de la baja categoría a quienes habían gobernado la universidad desde 1962 hasta
1969 en que cayó Nilo Arroba (2003) y puntualizó que la categorización
respondía mayormente a intereses económicos y no académicos, denunciando a la
vez que la UNCP estaba en la categoría D (2004).
La UNSCH había
sido declarada de primera categoría (A), al igual que la UNMSM, la Universidad
Nacional de Trujillo y la Universidad Nacional San Luis de Gonzaga (212). La
diferencia cualitativa radicaba que a pesar de ostentar esa categoría, la UNSCH
era frontal y solidaria con las demás universidades, llegando a criticar no
solamente la categorización, sino el poder rectoral, con las que se les podría
haber acallado. La Asociación de Docentes de la UNSCH, en el mes de marzo de
1969, lanzó sus duras críticas al gobierno revolucionario, mencionando: “La bandera de aparente tinte popular y
nacionalista del Gobierno Revolucionario de la Junta Militar, sustentada en el
asunto del petróleo, se ha visto favorecida con la gran publicidad desplegada
en torno a la nacionalización de la IPC. Sin embargo, otros son los hechos que
definen con elocuencia inobjetable el carácter del régimen actual: la masacre
de campesinos en Cajamarca, la represión contra los mineros en Mala, los
recortes en el presupuesto de las Universidades y la persecución de los
dirigentes universitarios. A todo ésto se suma ahora la Ley Orgánica de la Universidad
Peruana, cuya esencia destruye los principios básicos de la vida universitaria
nacional. Los alcances de la Ley van más allá aún: vulneran los inalienables
derechos de libertad de expresión y de criterio, esencia y fundamento de la
libertad de cátedra, aniquila el sistema democrático de la Universidad: el
Rector se convierte en una autoridad de poder omnímodo que ciertamente no lo
dignifica, la escala de pensiones niega la gratuidad de la enseñanza, propicia
distinciones sociales repudiables” (317).
Finalmente,
las luchas desatadas valientemente por los estudiantes universitarios y la
sangre de los mártires no fueron en vano. El gobierno de Velasco tuvo que
suprimir la categorización de las universidades, mediante Decreto Nº 18102 del
21 de enero de 1970 (2002). El 23 de enero de 1970 se había programado un mitin
repudiando la categorización de las universidades, el cual fue realizado de
todas maneras (209).
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