Antecedentes
La década de 1990 comienza con la elección del gobierno rectoral en reemplazo del saliente Arq. Gustavo Ramírez Pizá. La UNCP atravesaba desde hacía muy pocos años la experiencia desagradable de ser el fuego cruzado entre la subversión y el terrorismo de Estado. El Estado trazó la política de satanización de las universidades, pero en especial en las provincianas. Sendero Luminoso quería hacer de la UNCP un bastión político e ideológico hegemónico y se enfrentaba en grescas contra el MRTA, éste último a la vez, servía de soporte paralelo al gobierno, pues en múltiples ocasiones había delatado a sus enemigos políticos, y en el extremo de su servilismo llegó a publicar una lista de cerca de 60 estudiantes y profesores acusándolos de senderistas. Esto generó condiciones subjetivas para que las FFAA tracen un plan de aniquilamiento selectivo a los miembros de la comunidad universitaria.
Había unos cuantos rectorables, sin embargo, el decano de la Facultad de Pedagogía y Humanidades, Jaime Cerrón, era el que reunía la mayoría de los requisitos. Muchas serán las interrogantes del porqué no aceptó la propuesta al rectorado y se quedara en el vicerrectorado académico. Suponemos que al estar la universidad enfrentando una campaña nacional de satanización, la llegada al rectorado de personalidades identificadas con la ideología izquierdista, cualquiera que fuera, podría haberlo hecho más censurable. Cerrón daba un paso al costado para no exponer a la universidad a mayor represión de la que ya era víctima. Pero a pesar de todo, el gobierno no cambió su política, y tras el asesinato de Cerrón, la UNCP fue la entidad estatal más masacrada en la historia universitaria de Latinoamérica.
Al darse esta coyuntura, cobraría fuerza una interrogante: ¿quién sería el rector? Los estamentos estudiantiles y docentes afines a Cerrón decidieron consultarle al respecto. Cerrón propuso al Dr. Jesús Manuel Baquerizo Baldeón, pues cumplía con todos los requisitos, era una personalidad progresista y tenía la experiencia suficiente. Cuando Baquerizo fue consultado, inicialmente su respuesta fue positiva, pero al día siguiente, en un acto por demás sorpresivo, solicitó su cese de la universidad. Había decidido no hacer frente a un deber social, quizá intuyó los finales fatales que tuvieron los que asumieron la responsabilidad histórica de no dejarle el camino fácil a la derecha que buscaba recesar la universidad.
Rodolfo Vizcardo Arce
Ante este escenario, un profesor principal vio la oportunidad de hacerse de este espacio, el Antrop. Rodolfo Ángel Vizcardo Arce, pues como dicen algunos docentes, el rectorado le fue caído del cielo y como era de esperarse, enfrentó el rectorado en la etapa más dura de la represión universitaria. Estudió y fue presidente de la Federación de Estudiantes y docente de la Facultad de Antropología de la UNSCH, la cual abandonó al igual que otros docentes, como los hermanos Chaud, huyendo de algunas presiones marxistas de la época. Vizcardo tuvo mala suerte, pues en la UNCP, a diferencia de la UNSCH, las fuerzas beligerantes daban lucha no solo fuera, sino también, dentro del campus. Fue en su rectorado que secuestran y asesinan al vicerrector académico, cerca de una decena de docentes e innumerables estudiantes que bordean las dos centenas. Su rectorado enfrentó una universidad en crisis ideológica, política, económica y social. Vizcardo optó por una actitud pasiva y temerosa en el cargo, ante el asesinato de la comunidad universitaria que dirigía, sus declaraciones y reclamos ante el Comando Conjunto de las FFAA fueron irrelevantes y permitió con su actitud que la violencia continuara.
Tal era la crisis, que el rector, luego de la asamblea histórica del 27 de septiembre de 1990, declarada así por él mismo, decidió suspender las ulteriores asambleas. Esta actitud fue justificada de diferentes maneras, entre ellas, la de salvaguardar la vida de los alumnos delegados, principales víctimas de la represión estatal, sin embargo, ésto en ningún sentido detuvo los asesinatos a los miembros de la comunidad universitaria, como lo demuestran la relación de ejecutados extrajudicialmente, secuestrados y desaparecidos los años de 1990 a 1993. Estos sucesos permitieron que los profesores progresistas abandonaran la universidad y dejaran el camino libre para los gobiernos rectorales de derecha.
Fueron cuatro años que la universidad recesó a su máxima autoridad, la Asamblea Universitaria, con lo que la entidad perdió institucionalidad. La reactivación de la misma solo pudo ser precipitada por la necesidad de constituir el comité electoral que debió proclamar la elección de las nuevas autoridades universitarias, y es así como, el día 15 de abril de 1994 se reanuda esta importante actividad.
Paradójicamente, el gobierno de Vizcardo no sólo puede recordarse como el trabajo a la defensiva, se puede rescatar importantes logros y casualmente, son productos de una Asamblea Universitaria de carácter histórico, la misma que fue detallada capítulos atrás. Finalmente, ante la orfandad de docentes progresistas y una FEUNCP débilmente constituida, el rector Rodolfo Vizcardo legaría el cargo por elecciones en Asamblea Universitaria al Ing. Esaú Tiberio Caro Meza y con ello, al espíritu que habían dejado latente el tristemente célebre Nilo Arroba y el Trío Reveca.
El marco legal de la corrupción
El gobierno de Alberto Fujimori necesitaba de rectores serviles para llevar a cabo su política antiuniversitaria. Sabía de la fragilidad ideológica, política, ética y moral en que caían algunos rectores, decanos y docentes rectorables, no en vano había sido rector de la Universidad Agraria La Molina, sabía además, los puntos vulnerables de la Ley Universitaria y se propuso un plan, que basado en la creación de un marco jurídico, le garantice burlar la autonomía universitaria sin necesidad de reintervenirla militarmente hasta donde sea posible. Indujo a que los rectores y decanos hagan méritos y que sean “bien vistos” por su gobierno para garantizárseles la reelección inmediata que hasta entonces estaba prohibida.
Con este fin modificó la Ley Universitaria 23733, mediante la Ley 26302 en 1994, que permitió la reelección del rector; la Ley 26554 en 1995, que permitió la reelección del decano; Ley 26490 en 1995, que otorga poderes amplios a la ANR para intervenir a las universidades privadas; y finalmente, Alejandro Toledo, adecuándose al sistema, promulgó la Ley 27602 en 2001, permitiendo intervenir a la ANR en las universidades públicas (370, 371,372,373). Así nació una nueva élite de gobierno universitario: los rectores fujimoristas.
Tanto el CIU, CONUP, CONAI y la ANR, fueron instituciones orientadas a ejercer el control gubernamental central sobre las universidades. La historia lo demuestra, el CONUP, como la ANR, fueron herramientas de intervención universitaria del velasquismo y el fujimorismo, respectivamente, ambas atentaron contra la autonomía universitaria, acorde a sus propios intereses.
LEY
Nº 26302
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR
CUANTO:
EL
CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
Ha
dado la Ley siguiente:
Artículo
1°.- Sustitúyase los Artículos 35, 36 y 37 de la Ley Universitaria Nº 23733 con
los textos siguientes:
"Artículo 35°.- El Rector es elegido por un
período de 5 años, Puede ser reelegido. El cargo de rector exige dedicación
exclusiva y es incompatible con el desempeño de cualquier otra función o
actividad pública o privada."
"Artículo
36°.- Hay uno o dos vicerrectores, cuyas funciones señala el Estatuto de la
Universidad. Reúnen los mismos requisitos que se exige para el cargo de Rector.
Son elegidos para un período de cinco años. Pueden ser reelegidos."
"Artículo
37°.- El Gobierno de la Facultad corresponde al Consejo de Facultad y al
Decano, de acuerdo con las atribuciones que señala el Estatuto. El decano
representa a la Facultad ante el Consejo Universitario y la Asamblea
Universitaria, es elegido por el Consejo de Facultad entre los profesores
principales de ella que tengan diez años de antigüedad en la docencia, de los
cuales tres deben serlo en la categoría y debe tener el grado de Doctor o el
más alto título profesional cuando en el país no se otorgue dicho grado en la
especialidad. El Decano es elegido por un período de tres años mediante voto de
los dos tercios del Consejo de la Facultad. Puede ser reelegido."
Artículo
2°. Modifícase o suspéndase, según el caso, todos los dispositivos legales que
se opongan a la presente Ley, la misma que entrará en vigencia al día siguiente
de su publicación.
Comuníquese
al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a
los 20 días del mes de abril de 1994.
JAIME
YOSHIYAMA
Presidente
del Congreso Constituyente Democrático
CARLOS
TORRES Y TORRES LARA
Primer
Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático
AL SEÑOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se
publique y cumpla.
Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima el 3 de mayo de 1994.
ALBERTO
FURIMORI FUJIMORI
Presidente
Constitucional de la República
LEY Nº
26554
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA;
POR CUANTO:
EL CONGRESO
DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la
ley siguiente:
Artículo
Único. Sustitúyase el último párrafo del Artículo 37° de la Ley Nº 23733, Ley
Universitaria, modificado por el Artículo 1 de la Ley 26302, por el texto
siguiente: “El Decano es elegido por un período de tres años. Pudiendo ser
reelegido con el voto de los dos tercios del Consejo de Facultad”.
Comuníquese
al Señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, 1
de diciembre de 1995.
MARTHA
CHÁVEZ COSSIO de OCAMPO
Presidenta
del Congreso de la República
VÍCTOR
JOYWAY ROJAS
Primer
Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se
publique y cumpla.
Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima el 14 de diciembre de 1995.
ALBERTO
FUJIMORI FUJIMORI
Presidente
Constitucional de la República
LEY
Nº 26490
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR
CUANTO:
EL
CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
Ha
dado la Ley siguiente:
Artículo
1°.- Incorpórase al texto de la Ley Universitaria la siguiente norma:
Norma
Transitoria:
Sustitúyase
los Artículo 35, 36 y 37 de la Ley Universitaria Nº 23733 con los textos
siguientes:
Artículo 1°.- Cuando se presenten
graves irregularidades académicas, administrativas, normativas y económicas en
una universidad privada, la Asamblea Nacional de Rectores podrá, de oficio,
intervenir y adoptar las medidas necesarias, las que pueden llegar hasta la
reorganización total de la Universidad y el cese de sus autoridades.
Artículo 2°.- Las Universidades
privadas declaradas en reorganización por leyes anteriores, continuarán en
reorganización, ampliándose este estado por un año adicional que incluye el
mandato de sus comisiones por el mismo período y en los términos expresados en
sus leyes de creación. Precísase que la Ley Nº 26313 esta referida a la
Universidad de San Martín de Porres”.
Comuníquese
al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a
los 13 días del mes de junio de 1995.
JAIME
YOSHIYAMA
Presidente
del Congreso Constituyente Democrático
CARLOS
TORRES Y TORRES LARA
Primer
Vicepresidente del Congreso Constituyente Democrático
AL SEÑOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se
publique y cumpla.
Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima el 28 de junio 1995.
ALBERTO
FURIMORI FUJIMORI
Presidente
Constitucional de la República
LEY
Nº 27602
EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR
CUANTO:
EL
CONGRESO CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO
Ha
dado la Ley siguiente:
Artículo
Único.- Objeto de la ley
Ampliase
los alcances de la Norma Transitoria incorporada a la Ley Universitaria
mediante Ley Nº 26490, al ámbito de las Universidades Públicas.
Comuníquese
al Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a
los 13 días del mes de diciembre del 2001.
CARLOS
FERRERO
Presidente
del Congreso de la República
HENRY PEASE
GARCÍA
Primer
Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se
publique y cumpla.
Dado en la
Casa de Gobierno, en Lima el 18 de diciembre del 2001.
ALEJANDRO
TOLEDO
Presidente
Constitucional de la República
Esaú Tiberio Caro Meza
Antes de ser
rector de la UNCP, el Ing. Esaú Caro Meza había ocupado cargos importantes
dentro de la institución, fue jefe de personal, director del CEPRE, decano de
la Facultad de Ingeniería Química y vicerrector administrativo, ocupaciones que
le significaron adquirir experiencia en la conducción de la universidad. En
1994 fue elegido rector para el período quinquenal de 1994-1999, reemplazando
al Antrop. Rodolfo Vizcardo Arce. Sus vicerrectores académico y administrativo
fueron el Ing. Hugo Ayala Sínchez y el Prof. Kruger Sarapura Yupanqui,
respectivamente. Apoyados en las leyes
fujimoristas Nº 26302, 26554,
26490 y la ley toledista Nº 27602, se trazaron
planes a largo plazo como perpetuarse en el poder conjuntamente con algunos
decanos y en casos de ver peligrado su poder, recurrir al amparo de la ANR
fujimorista. Largo, como corrupto, devino este gobierno, conllevando a la
degeneración del profesorado y la propia FEUNCP, que le permitió una reelección
consuetudinaria. Desde la forma como se mantuvo en el cargo, hasta la forma
como tuvo que abandonarlo, la historia de Arroba ha sido muy semejante.
Aunque Esaú
Caro no tenía una filiación política oficial conocida, en el rectorado
respondió a los intereses del fujimorismo, pues su encumbramiento y posterior
expulsión del puesto, coinciden con el ascenso y ocaso del gobierno de Alberto
Fujimori. Aunque es fácil de colegir que Esaú Caro siempre fue un instrumento
del aprismo, si consideramos que fue el director de personal en el gobierno del
Trío Reveca, docente en la Universidad Católica de Huancayo, promovida por el
Apra, y finalmente, cuando fue expulsado de la universidad, el Apra lo cobijó
como rector de la particular Universidad Continental, propiedad de Fernando
Barrios Ipenza, exministro del Interior de Alan García.
Según el Dr.
Guillermo Rejas Castillo, docente de la Facultad de Derecho de la UPLA, el
rectorado del Ing. Caro no debiera pasar desapercibido de la crítica histórica
porque, al devenir en el otro Arroba, la UNCP volvió a la esclavitud y mediocridad
intelectual, bajo el yugo de la corrupción y del amparo gubernamental central.
La FEUNCP de aquellos años, también tiene una responsabilidad aún no saldada
con nuestro pueblo, pues se pusieron descaradamente al servicio de la
corrupción, al estar en peores condiciones morales y éticas que las autoridades
universitarias.
Su política rectoral
Su primer
gobierno estuvo lleno de procesos judiciales ocasionados por el despido de
profesores y trabajadores administrativos. Muchos de ellos fueron repuestos por
el Poder Judicial y otros no, como el caso de Alejandro Espejo Camayo despedido
intempestivamente. Espejo era el relacionista público de la UNCP y cuando se
crea la Oficina de Cooperación Internacional (OCI), fue removido a ésta por un
corto plazo, al término del cual fue despedido de la universidad. Para el Rector
o algunos de sus funcionarios, Espejo era un obstáculo en ambos puestos, pues
ideológicamente nunca comulgó con Caro y en ambos puestos se necesitaba
personal de alta confianza por lo que veremos más adelante. Espejo dejó de
existir en el transcurso del proceso judicial, reclamando su reincorporación.
Caro había
visto en la OCI un instrumento de dominio sobre los académicos, era desde ahí
que podía ofrecer becas al extranjero a los alumnos de la FEUNCP y docentes
para mantenerlos bajo su poder. Era desde la OCI que se podían promover
cooperaciones de dudoso beneficio como el caso Nigeria. Era una especie de
Oficina de Desarrollo y Promoción Comunal montada por Arroba en la década de
1960.
Otros
escándalos enlodaron su gestión como el robo de la camioneta de la universidad
y dentro de ella, una suma de miles de dólares; los viajes al extranjero con
escasos o nulos beneficios para la UNCP; desacato a la autoridad (pese a tener
una prohibición judicial para salir de Huancayo viajó a Japón, en el mes agosto
de 1999); malversación de fondos; la compra de casas en Lima y Huancayo.
Algunos de sus incondicionales decanos que integraban el Consejo Universitario se
vieron copartícipes de la corrupción, tal es así, que el gobierno rectoral
entrante no fueron capaz de apertura le proceso administrativo alguno por el
caso Nigeria.
Fue el
gobierno de Caro quien le daría la estocada final a los cursos de Materialismo
Dialéctico e Histórico, Corrientes Filosóficas, Economía Política, etc., cuyo
final había sido emprendido tibiamente por el Antrop. Rodolfo Vizcardo,
cambiando el plan de estudios en la UNCP que regía desde la década de 1970. Lo
mismo que hizo la Inquisición en las universidades de declarar a la química, la
física, la astrología, la biología, las teorías evolucionistas, etc., obras de
Satán y a sus mentores tildarlos como herejes (395), la UNCP prefirió eliminar
estos cursos, satanizando indirectamente a sus docentes, pues con esta acción
justificaba una “razón” por la que el Estado dictatorial había emprendido una
brutal represión.
El gobierno de
Caro tuvo como estrategia, para mantenerse perpetuamente en el poder, la
privatización de los órganos de gobierno y la apropiación de los recursos
económicos de la universidad (ingresos por tasas educacionales, centro
preuniversitario y exámenes de admisión), cuyo capital fue empleado para pagar
los favores y obtener votos en las elecciones (408). Los centros de
experimentación (Yauris, Satipo, etc.) dejaron de ser centros de investigación,
convirtiéndose en centros empresariales de producción, con fines económicos,
obviando los objetivos para los cuales habían sido creados.
Informe de Examen Especial Nº 0812000-CG/SHU
Contraloría General de la República
Observaciones
más significativas (405):
- Contratación irregular del Consultor, José
Cassana Carhuamaca, al favorecérsele en la elaboración de las
liquidaciones técnicas y financieras de obras ejecutadas bajo la modalidad
de administración directa por la UNCP, determinándose su inutilidad, lo
cual ha ocasionado un perjuicio económico de 29 300.00 nuevos soles; por
cuyo mérito se ha determinado la existencia de indicios razonables de
Delito de Concusión.
- Los fondos recaudados por implementación de
Facultades durante los períodos examinados, ascendentes a 1 596 775.01 no
fueron incorporados al Presupuesto Institucional…
- Durante los años 1997,1998 y 1999 se efectuaron
pagos por conceptos varios al personal docente y administrativo de la Universidad
por la suma de 3 435 281.77 sin haberse incluido en la Planilla Única de
Pago…
- En la aplicación de los Ingresos Propios, se
determinó pagos indebidos por concepto subsidios otorgados a seis
funcionarios de la Universidad (Jorge Culquichicón Cáceres, Cristina
Quezada Carhuamaca, Max Vargas Lozada, Pablo Balvín Sánchez, Fredi
Gutiérrez Martínez e Ismael Huamán Sánchez), cuya suma en total es 14
500.00, irregularidad que ha sido comunicada a los funcionarios
comprendidos en el hecho observado, quienes en sus aclaraciones alcanzaron
al Acta de Autorización de Descuento de Haberes, en el cual se comprometen
a devolver lo indebidamente cobrado y resarcir al Estado…
- La Administración de la UNCP, efectuó
transferencias a Nigeria por el importe de 85 558.06 Nuevos Soles, a fin
de recibir una donación, lo cual no se concretó; por cuyo motivo y como
producto de la comunicación cursada por la Comisión de Contraloría General
a los funcionarios responsables del hecho observado, el señor Rector de la
UNCP emitió la Resolución Nº 0516-2000-R de 07.NOV.2000, mediante la cual
se dispuso el recupero de las transferencias efectuadas mediante descuento
por planilla a partir del mes de noviembre del año
- A los pensionistas de la Universidad examinada se
efectuaron pagos en exceso por conceptos de Bonificación Especial,
Aguinaldo y Escolaridad, pese a que eran beneficiarios de pensión por
concepto de Viudez, recibiendo así doble beneficio económico del Estado,
motivo por el cual, como producto de la comunicación efectuada por la
Comisión de Contraloría, a las personas involucradas en el hecho
observado, el señor Rector emitió el Proveído Nº 1649 de 13.NOV.2000,
disponiendo el recupero de los referidos pagos, y asimismo, mediante
Memoramdum Nº 310-2000-DUOGP/UNCP de 14.NOV.2000, se efectivice el
descuento de 250.00 nuevos soles a partir del mes de diciembre del
- La Administración de la Universidad bajo examen
realizó pagos indebidos por concepto de subsidios de Sepelio y Luto,
durante los ejercicios económicos de 1997, 1998 y 1999 por un total de 271
652.36 Nuevos Soles…
Caso Nigeria
De la
Contraloría General de la República-Sede Regional de Auditoría Huancayo:
Informe Examen Especial Nº 0812000-CG/SHU, extraemos la información más
relevante:
“TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NO PRESUPUESTADOS AL
EXTERIOR, POR 85 558.06 EN EL EJERCICIO 1998, ORIENTADO A OBTENER UNA DONACIÓN
DE NIGERIA, LA CUAL NO SE CONCRETÓ.
En Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de
fecha 26.NOV.97, entre otros puntos, se dio lectura a una comunicación de
príncipe Mike Mwaro del país de Nigeria, en la que señalaba que han acordado
remitir 35 millones de dólares y que han acordado destinar para la Universidad
Nacional del Centro del Perú el 30% de dichos fondos, motivo por el cual se
recomienda al Rector para que realice las gestiones necesarias y contactos
necesarios a fin de constatar la veracidad de la comunicación.
Posteriormente en Sesión Ordinaria del Consejo
Universitario de fecha 12.ENE.98, se acordó transferir el importe de US. 5
700.00 (cinco mil setecientos Dólares Americanos) por concepto de impuestos al
Banco de Nigeria, a efectos de poder recibir el importe de US. 10 500 000.00.
El acuerdo fue aprobado por todos los Decanos.
En Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario de
fecha 08.ABR.98 en la cual estuvieron presentes los señores: Ing. Esaú Caro
Meza; Ing. Hugo Ayala Sínchez, Vice-Rector Académico; Ing. Kruger Sarapura
Yupanqui, Vice-Rector Administrativo; Dr. Pablo Mosombite Pinedo, Director de
la Escuela de Post Grado; Andrés Ildefonso Suárez, Glicerio López Orihuela,
Decano, Ing. Julio Barrera Yupanqui, Arq. Felipe Arias Matos, CPC. Hernando
Payano Rojas, Eco. Manuel Larrauri Rojas, Lic. Héctor Zapata Rivera, Ing. Libia
Gutiérrez Anccasi, Ing. Raúl Mayco Chávez, Ing. Orison Delzo Salomé, Ing.
Antonio Cochachi Guadalupe, Lic. Carlos Gamboa del Carpio, Dr. Juan Rondán
Sánchez, Lic. Lidia Lagones Miranda, Ing. Humberto Rodríguez Landeo, alumnos
del Consejo Universitario y como Secretario General el Antrop. Fernando Chaud
Gutiérrez, en la cual el Rector manifestó que continuando con las tratativas
entre el Príncipe Mike Nwaro, el Banco Central de Nigeria y la Universidad
Nacional del Centro del Perú, sobre la donación a favor de la Universidad del
30% de 35.5 millones de Dólares Americanos, era necesario efectuar un giro de
0.1% de los 35.5 millones, es decir US 35 500.00 Dólares Americanos por
concepto de impuesto adicional (UAT) como último requisito para que la
Universidad acceda a la donación de US 10 500 000.00 Dólares Americanos, motivo
por el cual el señor Rector Ing. Esaú Caro Meza, propuso al Consejo
Universitario si se aceptaba o no el referido pago.
Cabe señalar que, en la referida Sesión, el Decano,
Andrés Ildefonso, indicó que los documentos aparentemente oficiales han sido
obtenidos a través de Internet. Finalmente, se acordó en que la Universidad
transfiera los US 35 500.00 Dólares Americanos como requisito para ser sujeto
de donación de US 10 500 000.00 Dólares Americanos por parte del Príncipe MIKE
NWARO a través del Banco Central de Nigeria. Asimismo, se acordó que en caso la
operación resulte negativa para la Universidad, las Autoridades, Decanos y
Funcionarios asumirán el pago proporcional del monto girado al Banco Central de
Nigeria.
Asimismo, mediante Acuerdo de fecha 08.ABR.98, los
Directores y Funcionarios, se comprometieron solidariamente a devolver en forma
proporcional el dinero transferido a la empresa Nigerian Nacional Petroleum
Corporation, en caso que resulten negativas las negociaciones; los referidos
Directores y Funcionarios que firmaron el acuerdo son: Max Vargas Lozada, Fritz
Ayarza Lozano, Freddy Camacho, Fernando Chaud Gutiérrez, Cristina Quezada Carhuamaca,
José Culquichicón Cáceres, Lucio Salva Ricaldi, Fredi Gutiérrez, Ismael Huamán
Sinche, Carmen Morales Carrión, Edgar Rojas Zacarías, José Artica Maraví, César
Ortiz Jhan, Agilberto Quispe Limaylla, Orlando Solórzano Laureano, Lucho Ávila
Pichiule y Ana Manrique C.
Al respecto, se ha establecido que los aparentes
depósitos efectuados por concepto de recupero de las transferencias efectuadas
al exterior, no fueron motivados por reales devoluciones, dado que de la
revisión efectuada a dichas papeletas de depósito, se apreció lo siguiente… Tal
como se aprecia, los depósitos corresponden a las cuentas de la misma
Universidad, es decir, efectuaron solamente transferencias a nivel de las
propias cuentas de la citada entidad; por lo tanto, el recupero a que hace
mención al CPC. Max Vargas Lozada, no fue una real devolución.
Mediante Actas de Manifestación de fechas 03 y 04 de
octubre del 2000, los señores: CPC. Norma Mayela Mendoza Casas, Jefa (e) de la
Unidad de Ejecución Presupuestal y el Eco. Agilberto Quispe Limaylla, Jefe de
la Oficina de Presupuesto, manifestaron que no tenían conocimiento de las
transferencias efectuadas al exterior toda vez que no le alcanzaron
documentación alguna. Asimismo, dijeron que las referidas transferencias no
estaban presupuestadas en los ejercicios 1998, 1999, hasta la fecha. De igual
forma indicaron que no tienen conocimiento que se haya recibido donación alguna
por parte de Nigeria.
Eco. Manuel Larrauri Rojas, ex Decano, mediante Carta
s/n de 15.NOV.2000, manifestó que respecto a la Sesión de Consejo Universitario
del 12.ABR.98, considera que es falso que todos los Decanos manifestaron su
conformidad, y que en la referida Sesión dijo que el referido dinero puede ser
una evasión de impuestos, lavado de dinero y que la documentación de dicha
gestión eran solamente copias. Respecto a la Sesión de Consejo del 08.ABR.98 el
Acuerdo del envío de 35 500 Dólares Americanos, tampoco fue por unanimidad,
debido a que dijo que ese dinero por enviarse se deduzca del dinero que les estaban
donando a la Universidad. Agregó que, no recibió el dinero de la planilla a
pesar de haber firmado la misma… de la revisión efectuada a las Sesiones de
Consejo de fechas 12.ENE.98 y 08.ABR.98 no consta en las referidas Sesiones que
haya efectuado objeción o comentario alguno de las trasferencias que se iban a
efectuar al exterior, por lo tanto la afirmación de que no estuvo de acuerdo y
que consta en el libro de actas no es tal”.
El Caso
Nigeria tuvo una repercusión nacional e internacional, el 11 de abril de 2002
Rubén Rivera Arana escribía desde Zurich, en una revista de probada seriedad en
nuestro país: “Me he enterado de cómo han
sido estafados los directivos de la Universidad Nacional del Centro, bajo la
modalidad del cuento nigeriano. Vía e-mail los estafadores se contactaron con
el entonces Rector Esaú Caro Meza, en noviembre del 1997, y le dijeron que
"un príncipe nigeriano" llamado Mike Nawaro quería transferir US$ 35
millones a la Universidad, con la presunta ganancia del 10% para los destinatarios.
Para ello la UNCP tenía que enviar US$ 32,000 para diversas gestiones. Así lo
hizo entre el 21 de enero y el 17 de abril de 1998, a una cuenta de los africanos.
El rector Caro tuvo más de mes y medio para pensarlo e informarse sobre
Nigeria, un país que tiene una tasa de analfabetismo del 43%, pero estafadores
ya universalmente conocidos. ¿Es posible que una universidad se dejara engañar
por embustes tan crudos?” (350).
Una vez
depuesto Caro, el nuevo gobierno rectoral entrante, que se instaló en febrero
del 2002, conformó una comisión investigadora ad hoc integrada por el Arq.
Alfredo Quispe Salas, CPC. Eleazar Mendoza Ruiz, Ing. Rosa Zárate Quiñónez,
Eco. Efraín Campos Flores, Leonidas Gutiérrez Jurado y Sharmely Medina Moreno.
Esta comisión luego de instalada, a los dos meses, presentó el informe completo
desde el primer contacto con los nigerianos hasta el descubrimiento de la
“estafa”.
Según el Ing.
Víctor Cerrón, éste fue un caso de extrema ingenuidad o una estafa común y
corriente, desde un simple contacto por Internet, documentos de copia, dinero
girado, sucesivamente, bajo la amenaza de perder la cuota inicial si no se
completaba la suma pactada. La próxima reunión fue en el extranjero donde se
entregó otra parte y le otorgaron un falso documento y que la cancelación final
sería en la India o España. Según Caro, ahí es donde reflexiona y se da cuenta de
que se trataba de una gran estafa. Regresa a Huancayo y pone en conocimiento a
sus asesores y al Consejo Universitario. Se filtra la información y comienza el
escándalo. Los decanos (la mayoría puestos por Caro) le dan su voto de
confianza que ha sido una estafa.
En la
desesperación, Caro trató de cubrir el forado económico con otros fondos y
frente al cuestionamiento, alegó en su defensa: “Sí fuimos víctimas de una
estafa y lo reconozco. Pero no con intención de dolo o en beneficio propio. Mi
único afán fue levantar el nivel educativo y la imagen de la Universidad. Nadie
tocó un real de ese pago extra por alta productividad. Lo que se quiso hacer es
cubrir lo enviado a Nigeria, y como teníamos un fondo que era de ingresos
propios de la Universidad, se tomó el dinero. Teníamos la esperanza que nos
mandaran el dinero para reponerlo” (358).
La comisión
investigadora informó a la Asamblea Universitaria los detalles del suceso, la
misma que recomendó al rector Juan Camargo Palacios interponer la denuncia
inmediata ante el Poder Judicial. Caro alegó que esta comisión estaba
constituida por docentes y estudiantes, los mismos que no eran autoridades ni
sus pares, que por tanto, no podían investigarlo. Recurrió al Tribunal
Constitucional demandando la vulneración de sus derechos constitucionales, pero
el 26 de junio del 2003, el Tribunal Constitucional fallaba infundada su
demanda (406).
Pero lo cierto
es, que el rector sólo, no puede tocar los fondos de la universidad, tiene que
hacerlo con el consentimiento del Consejo Universitario, y ahí están incluidos
los decanos y el estamento estudiantil, que también son tan responsables como
Caro. Quizá esa fue la razón de ponerle paños tibios al proceso.
Esta
complicidad e impunidad puede ponerse en evidencia en el caso del robo de la
camioneta de la UNCP en la ciudad de Lima. Un testigo relata: “Una comisión
va a recoger dos motores de los ómnibus
que habían mandado arreglar a la ciudad de Lima y de paso comprar otros dos
nuevos. Caro viajó junto al CPC. Max Vargas Lozada, contador de la Universidad
y el jefe de la oficina de abastecimientos, llevando el dinero tanto en dólares
como en moneda nacional, todo sumaba un promedio de 50 mil soles. Cuando
llegaron a Lima entraron a un restaurante para desayunar y dejaron fuera la
camioneta doble cabina que lo habían adquirido en Chile. Al salir del
restaurante se dieron con la sorpresa que les habían robado la camioneta y con
ella el dinero que estaba detrás del asiento. Al respecto no hubo ninguna
sanción ni responsabilidad, no devolvieron por partes, nada de nada”. Todo esto
ocurría medio año antes de su reelección, motivo por el que se especula que el
dinero lo habrían utilizado para el soborno de algunos miembros de la Asamblea
Universitaria, fundamentalmente, alumnos delegados.
Su reelección
Tres meses
antes de las elecciones para elegir nuevas autoridades universitarias, al ser
interrogado por la prensa acerca de su reelección, sostuvo: “No me anima ir a
la reelección, el espíritu que me anima es dejar reestructuradas académicamente
las facultades, que por estructuras mentales y paradigmas de grupos no hemos
podido avanzar, sino en los dos primeros niveles de la acreditación” (360).
Contra todo
pronóstico, se reeligió como rector el 6 de diciembre de 1999, en un proceso
marcado por el fraude, durante la Asamblea Universitaria, derrotando a su
contendor el Dr. Efraín Uribe Correa. Así lo sostiene Meza: “Es necesario remarcar que las autoridades
universitarias de mediados de los noventa no fueron elegidas voluntariamente
por consenso de los miembros de la Asamblea Universitaria. Su elección fue
producto de un fraude, cuya maniobra lo realizó el candidato al rectorado”
(408).
En la campaña
hacia su reelección en sesión de la Asamblea Universitaria, el Lic. Carlos
Gamboa del Carpio defendió a capa y espada a Caro, manifestando que no había
ningún otro rector mejor que él y que por tanto, había que apoyarlo en su
pretensión. Esta actitud fue vista como una traición porque Gamboa ostentaba el
cargo de secretario general del Sindicato de Docentes de la UNCP. Esta
identificación con el gobierno rectoral corrupto hizo que la esposa de Gamboa,
Mag. Luz Buendía Sotelo, fuera favorecida como directora de Investigación de la
UNCP y posteriormente, sería la vicerrectora de Jesús Sánchez Marín, ambos
allegados al grupo de Caro.
Ante la
institucionalización de la corrupción en la universidad peruana y los numerosos
escándalos, como los de la UNCP, que de ella provenían amparados en la Ley
Universitaria, el Congreso de la República derogó la ley que permitía la
reelección inmediata del rector, vicerrectores y decanos en las universidades
estatales y privadas del país, en el mes de diciembre del 2005, terminando con
gobiernos rectorales largos.
Su expulsión
La expulsión
del Ing. Caro tenía que darse en algún momento, no había otro camino, pues
había logrado compactar una estructura corrupta y servil, incluyendo a las
mismas autoridades, docentes delegados, estudiantes dirigentes y personal
administrativo, para garantizar su reelección “perpetua”. Entre las principales
causales de su expulsión con máscara de renuncia, podemos citar, aparte del
Caso Nigeria, juicios por abuso de autoridad contra docentes y personal
administrativo. Los ascensos docentes fueron parametrados y fueron en escasas
oportunidades. En la otra orilla, Caro contrató en los puestos claves a quienes
se declaraban sus más cercanos colaboradores y se orientaba a ejercer un tercer
gobierno rectoral por reelección inmediata.
El
encarecimiento de la educación universitaria y el camino hacia su
privatización, se plasmó al subir las tasas educativas (admisión, centro
médico, examen de aplazados, no gratuidad a los que llevan un curso a cargo,
etc.). Ésta fue la detonante, aunque para otros solo el pretexto para que los
alumnos, el 19 de diciembre (razón por la que el estudiantil comando de asalto
se denominó M-19), tomaran el Local Central y la Ciudad Universitaria,
exigiendo la renuncia del rector, los vicerrectores y los dirigentes
estudiantiles. El local se mantuvo tomado hasta principios de enero, días antes
de la toma de los locales, docentes, alumnos y personal administrativo habían
realizado una contundente marcha de protesta exigiendo la renuncia rectoral.
Ante esta
afrenta, Caro llevaba a cabo sus “consejos” universitarios fuera del campus,
hasta cierto día, pues sus aliados se iban reblandeciendo y lo abandonaban ante
la presión de los estamentos y las críticas de la opinión pública. En un
intento por llegar a un acuerdo con la comisión de la toma del local, se
reunieron en el restaurante Olímpico, docentes, administrativos y profesores.
En esa reunión Caro había citado al Consejo Universitario para llegar a un
acuerdo, sin embargo, la discusión se acaloró y el rector comprendió que su
salida era inminente. Pese a estos sucesos, los vicerrectores se negaron a
tomar el mismo camino de Caro, existía la huérfana esperanza del ascenso
inmediato frente a la ausencia del titular.
Una vez
producida la “renuncia” de Caro, que no era otra cosa más que su expulsión, los
estudiantes se negaron a dejar los locales si no renunciaban los vicerrectores.
A la semana renunció el vicerrector administrativo Ing. Juan Solórzano, pero
pese a estos acontecimientos, quien se aferraba sólidamente al cargo fue el
vicerrector académico Dr. Rigoberto Zúñiga Mera, el mismo que frente a la
orfandad terminó renunciando a los tres días. Estos acontecimientos llevaron a
reunirse al Consejo Universitario en el local del Colegio de Ingenieros del
Perú y determinaron el rectorado interino del profesor principal más antiguo,
recayendo en la persona del Ing. Juan Camargo Palacios, quien posteriormente se
sometió a la Asamblea Universitaria y fuera declarado rector.
El manto de la impunidad
Caro nunca
pagó estos delitos, que como se ha expuesto, fueron totalmente demostrados por
las investigaciones administrativas y la Contraloría. A la caída de Fujimori, y
los efímeros 5 años del toledismo, el Apra volvió al poder y por su histórica influencia
sobre algunos magistrados en el Poder Judicial, sus juicios fueron dilatándose
y algunos extinguiéndose. Así, el 22 de enero del 2010, Esaú Caro Meza
desvergonzadamente postuló al Consejo Nacional de la Magistratura en
representación de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta, cuya
propuesta fue hecha en el rectorado del Dr. Juan Tutuy Aspauza (419), a quien
hace poco Jesús Sánchez Marín entregó una distinción Doctor Honoris Causa,
posiblemente por sugerencia de Esaú Caro. En tal caso, cómo explicar que una
universidad tan progresista como La Cantuta, proponga como su representante
ante una institución tan importante, donde la ética es el fundamental
requisito, a un elemento expulsado de una universidad por actos de corrupción.
Esta vil actitud no lo haría ni la propia UNCP.
Decadencia moral e ideológica de la FEUNCP
Los jóvenes
dirigentes y estudiantes eran ejemplos de lucha, unidad, compromiso, identidad,
decisión, acción, ética e ideal de cambio para el bien común. En las
condiciones de los años 60 y 70, la polémica, el debate, el control estudiantil
y los valores eran transparentes. Los estudiantes y sus dirigentes no tenían
cargos en el gobierno (por eso se luchaba por el cogobierno), no cobraban un
solo cobre de la universidad por ningún concepto, ni se cobraba por cuidar
exámenes de admisión, es decir, no eran mercenarios.
En estos
últimos años, la FEUNCP, que debía fiscalizar al gobierno rectoral, no se portó
al nivel que reclamaba la dignidad del cargo, fue un ente altamente mediocre y
pusilánime, fueron víctimas, socios y títeres de la corrupción. Prefirieron la
prebenda, la conciliación y la media tinta. Aunque quisiera justificarse este
fenómeno como una consecuencia de la represión estudiantil sufrida en los años
anteriores, no los exime de la responsabilidad individual de cada uno de sus
miembros, eran alumnos manipulables, sin formación ideológica, política, ni
siquiera académica, habían perdido el interés por la autodisciplina, la moral y
la ética, y en esas condiciones nada se podía esperar de ellos. Cualquiera
podía ser presidente de la FEUNCP, como hasta ahora, pues desde la gloriosa
federación de los años de la nacionalización y reorganización, no se vislumbró
relevo digno.
Los dirigentes
fueron presa fácil de las pretensiones caristas y ellos mismos le pusieron
precio a sus cabezas, a cambio de lo que aquella vez era novedoso, los
teléfonos celulares, las computadoras laptops, las becas de postgrado en las
universidades del extranjero o nacionales, participación en eventos culturales
fuera de la ciudad de Huancayo con viáticos pagados, las dietas por consejos
universitarios, las mismas que cobraban cual regidor de una municipalidad o
exámenes de admisión, los sobornos para la reelección de autoridades, la
titulación fácil, la contratación inmediata, reuniones sociales de supuesto
alto nivel, entre otras. En su justificación introspectiva quisieron verlo como
un reconocimiento a la “esforzada” labor de representación estudiantil, cuando
en realidad, estos presentes, no eran más que un medio que iniciaba su
incorporación a la mafia.
Esta
decadencia tiene como factor coadyuvante al tipo de ideología que asume el
actual docente universitario, al manifestar frecuentemente en su cátedra que la
política no es buena, invitar a la no participación del estudiantado en
política (de izquierda o derecha), que la plena democracia es solamente una
utopía, que toda lucha política es una lucha por el botín y que deben abocarse
enteramente a su preparación técnica y profesional, olvidándose de lo demás. No
generaron la capacidad de vergüenza en cada uno de sus pupilos.
El gobierno de
Caro violó la Ley Universitaria Nº 23733, pues en su Artículo Nº 61 señala que:
“Los representantes de los estudiantes en los organismos de gobierno de la
Universidad y de la Facultad están impedidos de tener cargo o actividad rentada
en ellas durante su mandato y hasta un año después de terminado éste”. Muchos estudiantes fueron remunerados como lo
detallamos anteriormente. La FEUNCP se comportó como un vulgar cómplice,
sucumbieron a la tentación monetaria en sus responsabilidades, no repararon que
esos pagos indebidos salían del humilde padre de familia que apuesta una
consideración de suerte en el ingreso de su hijo.
Es altamente
vergonzoso enfrentar comentarios al respecto de nuestra universidad por
personalidades en el campo de las ciencias de la educación, como el que
transcribo a continuación: “En una Universidad nacional de provincia, un rector
impopular pagó S/. 1000 a cada uno de los integrantes de la representación
estudiantil ante la Asamblea Universitaria para que voten por su reelección
como rector, como que así se hizo” (325). Esta sospecha de que se refieran a
nuestra universidad puede colegirse por las declaraciones hechas por el
entonces presidente de la FEUNCP Fredy Valencia, quien pese a los duros
cuestionamientos morales, éticos, administrativos y jurídicos que tuvo el
rectorado carista manifestó en clara intención de apoyo: “No importa que el
candidato sea el actual rector. Si se compromete con lo que vamos a plantear,
lo apoyaremos” (360).
La crisis de
la FEUNCP era tan evidente que un 29 de noviembre del 2004 cientos de
estudiantes universitarios tomaron el Local Central y la Ciudad Universitaria
por dos días, en contra de un fallo judicial que ordenaba la reposición de
Emilio Angulo Cárdenas como presidente de la FEUNCP. Angulo tenía en sus antecedentes haber sido
asambleísta y en ella haber reelegido a Caro y según los estudiantes, algunos
indicios de corrupción lo habrían comprometido (348). Angulo había olvidado
algo esencial que al liderazgo se llega por elección y no por imposición.
Juan Camargo Palacios
Expulsado Esaú
Caro del rectorado, el Ing. Juan Camargo Palacios se hizo cargo a fin de
completar el período de su antecesor. En el mismo acto se eligieron a los
vicerrectores académico y administrativo, Victoria Anccasi Concha y Venancio
Víctor Cerrón Villaverde, respectivamente. Esta terna estuvo en el gobierno
desde el 2002 hasta el 2004.
Camargo, una
vez presentado el informe sobre el Caso Nigeria, no hizo la denuncia inmediata
como había recomendado la Asamblea Universitaria, demoró casi medio año, se
presentó casi extemporáneo. La fiscalía abrió instrucción a Caro, pero la UNCP,
que era la entidad más interesada en resolver este problema, no hizo nada por
ello, mostró su indiferencia frente al proceso judicial, no hubo la exigencia
necesaria y prácticamente la abandonó. Quizás habría algún nexo entre ellos.
El desconocimiento de la historia
Uno de los
problemas más grandes que han tenido y tienen las autoridades universitarias,
docentes e inclusive alumnos, es el desconocimiento de la historia de la
institución que los cobija y gobiernan. Inclusive las facultades ajenas a las
ciencias sociales rechazan al unísono cuando se quiere implementar un curso de
historia o humanidades, argumentando que nada tiene que ver con su
especialidad. Ésto último condiciona que una vez egresados hagan papelones ante
la historia, así es como el rector Camargo condecoró públicamente ante la
comunidad universitaria, el 16 de diciembre del 2002, a Jesús Véliz Lizárraga,
personaje cuestionado por actos de corrupción ya mencionados, en medio de la
indignación de quienes sí conocían la historia de la UNCP y habían luchado por
moralizarla. Igual o peor papel hizo el rector Jesús Sánchez Marín, el 16 de
diciembre del 2009, al condecorar con un doctorado honoris causa a Jesús Véliz
Lizárraga y a Esaú Caro Meza.
Informe de fiscalización sobre el terreno del CEPRE
El día 12 de noviembre de 2003, el Lic. Edgar López
Quilca, en su calidad de director del CEPRE, solicitó al rector Juan Camargo
Palacios, la compra de un inmueble en Saños Chico para el CEPRE y solicitó
además un adelanto de $ 10 000.00 con la “finalidad de celebrar el contrato de
compra venta de un terreno” valorizado en un total de $ 500 000.00 (medio
millón de dólares americanos). El día 14 de septiembre, el rector, el
vicerrector administrativo Víctor Cerrón Villaverde y el contador general CPC.
Nicanor Egoávil Sarapura, autorizan y dan trámite a la petición inicial,
sorprendentemente el mismo día. El 16 de noviembre, el asesor legal José
Velásquez Lazo opina a favor de este proceder contraviniendo la ley, es más, se
observa que la fecha de dicho informe y de su recepción, fue domingo, día no
laborable en la UNCP y en todas las dependencias públicas. Al día siguiente, el
vicerrector administrativo ordena el retiro del dinero solicitado y el asesor
legal suscribe y autoriza la Minuta “Contrato preparatorio: compromiso de
contratar compra venta de bien inmueble”. El mismo día el rector y el
vicerrector suscriben la Escritura Pública “Contrato preparatorio: compromiso
de contratar compra venta de bien inmueble”.
El día 1 de diciembre, el rector dirige al vicerrector
administrativo el documento Nº 6547 dictaminando lo siguiente: “Se sirva
autorizar a la oficina general de abastecimiento realice los procedimientos
técnicos para la posible adquisición del terreno solicitado”. Este documento
fue emitido luego de 10 días hábiles de haber suscrito, el rector y el
vicerrector, la Escritura Pública y al día siguiente se ordena designar un
Comité Especial para la formulación de un expediente técnico y adquisición del
mencionado terreno. Todas estas resoluciones proponen una irregular
retroactividad.
El día 30 de diciembre, el rector traslada a la
Oficina General de Planificación el “Expediente: s/n, Asunto: Proyecto de
Adquisición para la Construcción de Pabellones, para la Construcción del Centro
de Idiomas, Oficinas Administrativas y CEPREUNCP”. Este documento no registra
nombre, firma, ni sello del profesional responsable de su elaboración, por lo
que la comisión lo consideró apócrifo y que carecía de valor legal para
cualquier gestión administrativa dentro y fuera de la UNCP. Además, el proyecto
estaba elaborado a la medida del predio, cuya Escritura Pública fue suscrita el
17 de noviembre del 2003. El 6 de enero de 2004, el Econ. Agilberto Quispe
Limaylla, jefe de la Oficina General de Planificación, dispone: “Visto, pase a
la oficina de programación e inversiones, para revisión e informe”, dando
trámite a un expediente apócrifo. Sin embargo, el 8 de enero, la bachiller en
arquitectura Nelly Coca Palomino hace la siguiente observación: “En el presente
estudio (que no tiene firma de ningún
profesional ni de los interesados que avale la veracidad de la información
vertida aquí)… Según plano arancelario el valor para esa zona es de S/.
9.00/m2, 18,456.80 m2 x S/. 9.00/m2 = S/. 166,111.20”, por lo que la comisión
determinó que existía una sobrevaloración del predio.
El día 21 de enero de 2004, el vicerrector
administrativo Víctor Cerrón Villaverde ordena (Memoramdum Nº 016-2004-OGCYAF):
“De acuerdo a las conversaciones realizadas con el señor Rector; sírvase
otorgar la suma de $ 20,000.00 en calidad de préstamo al CEPREUNCP, para el
pago de adelanto de la compra de terreno, debiendo efectuar el presente en el
día bajo responsabilidad”. Fue así como el dueño del terreno Luis Francisco
Nieto Enríquez recibió de la UNCP un adelanto de $ 30 000.00. Pero el colmo, la
UNCP pagó la habilitación urbana del terreno (S/. 4,429.80) a la Municipalidad
Provincial de Huancayo a nombre del propietario, cuando no era deber de ella y
más aún, cuando no se había consumado la compraventa. Además, el Comité
Especial hizo la advertencia: “El Comité Especial a nombrarse debe tener
presente que el terreno en controversia está ubicado frente a un prostíbulo en
actividad”.
Con fines de evadir los controles del Estado y
legalizar estos ilícitos, el asesor legal opina, mediante Informe Nº
091-2004-UNCP-OAL-ALA, de fecha 11 de marzo de 2004: “Se declare en situación
de urgencia la adquisición de un terreno o inmueble para la construcción y
funcionamiento de aulas para el Pre Grado, Centro de Idiomas y oficinas
Administrativas de la UNCP”. Esta decisión fue tomada por la comisión como
absurda e inconsistente, ya que la compra del terreno, exonerada del proceso de
Licitación Pública, no resuelve la urgencia establecida. Sin embargo, el rector
Camargo, el 16 de marzo de 2004, mediante Resolución Nº 3303-R-2004, resuelve
declarar en situación de urgencia la compra del terreno.
Las denuncias frente a estas y otras irregularidades
fueron de conocimiento público que obligó al propietario Luis Nieto a devolver
la suma en adelanto ($ 30 000.00), sin haber hecho uso de derecho de retención
del 10% de la cuota inicial pactada y recibida, lo cual también indujo a
reafirmar las sospechas de la adquisición irregular. Este proceso irregular se
denuncia ante la Asamblea Universitaria, la misma que presiona al rector Ing.
Camargo Palacios aperturar la investigación y análisis por la Comisión
Permanente de Control y Fiscalización integrados por el Mg. Rubén Cortéz
Galindo, Lic. Walter Ayala Cárdenas, Lic. Amador Vilcatoma Sánchez, Ing.
Dilfredo Mallma Capcha, Ing. Luis Alberto Flores Ponce, Ing. Armando Delzo
Salomé y los estudiantes David Porras Córdova, Edgar Casavilca Cornejo y Wilder
Explana Izarra. Algunos asambleístas solicitaron la renuncia del rector y ante
este hecho, fue anulada la compra del terreno (349).
Conocido el caso, el Poder Judicial apertura
instrucción, mediante Exp. 2005-00524-0-1501-JR-PE-04, contra Juan Camargo
Palacios (ex rector), Víctor Cerrón Villaverde (ex vicerrector administrativo),
Victoria Ancasi Concha (ex vicerrectora académica), Edgar López Quilca (ex
director de la CEPRE), Olmedo Astohuamán Chinchilla (ex subdirector
administrativo), Julio Llallico Colca (ex subdirector académico), Nicanor
Egoávil Sarapura (ex contador general), José Velásquez Lazo (asesor legal),
Alberto Cerrón Lozano (secretario general), Agilberto Quispe Limaylla, Noe Soto
Salazar y Edgar Gago Inga (ex director de abastecimiento), por los delitos
contra la administración pública en la modalidad de peculado, malversación de fondos
y contra la tranquilidad pública en la modalidad de falsedad ideológica en
agravio de la UNCP.
Elecciones universales
A fines del
2004 el gobierno rectoral de Camargo planteó la necesidad de reformar el
Estatuto de la UNCP, donde fue considerada la elección de las autoridades
universitarias rectorales por voto universal y secreto. Este aspecto fue una
propuesta del estamento estudiantil y de algunos profesores, debido a la mafia
que había permitido la elección seguida de reelecciones.
El día 16 de diciembre
del 2004 se inauguró Radio Universitaria FM. 89.5, con motivo de un aniversario
más de la UNCP. Esta radio se instaló gracias a las gestiones del docente de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación, Lic. Rubén Vargas Condori, quien por encargo del Consejo
Universitario mediante Res. Nº 2970-CU-2003, realizó los trámites necesarios
para ganar un concurso de concesión de radiodifusión sonora y la emisora se
implementó con el FEDADOI (Fondo Especial de Administración de Dinero Obtenido
Ilícitamente en Perjuicio del Estado). Desde entonces se mantuvo en un local
presentable, enfrente del entonces Local Central de la UNCP. Hoy la tristeza
embarga, al saber que Radio Universitaria ha sido arrinconada en el ex Local
Central de la UNCP, en el segundo piso de los baños, en un área no acogedora,
menos aparente, a sus actividades. ¿Será el precio de la fiscalización a las
autoridades?
El polémico
vicerrector administrativo, Ing. Víctor Cerrón Villaverde, trajo avestruces
desde Arequipa para el Centro Experimental El Mantaro, donde aún moran. Este
intento de ganadería fue arduamente criticado aduciendo que las aves
significaban un gasto enorme para su mantenimiento, más aún cuando no se podía
incubar sus huevos. Al respecto Cerrón manifestó que la crianza de esta ave
gigante es económicamente rentable y para fines de exportación. Sin embargo,
una de las desventajas es que el medio no es adecuado, por lo que es necesario
el uso de la incubadora artificial que la universidad debiera adquirir.
Sin mayores
penas ni glorias, el 3 de enero del 2005, Camargo transfería el rectorado al
Econ. Jesús Sánchez Marín, mencionando los logros de su gestión como la
transferencia de la planta de Huari de parte del Ministerio de Energía y Minas
a favor de la UNCP; la implementación de aulas virtuales; la adquisición de dos
buses y la creación de Radio Universitaria. Pero, obvió en todo momento, en su
informe memoria, el caso del terreno de la CEPRE.
Jesús Sánchez Marín
Las elecciones
para el próximo rector fueron sometidas a elecciones universales, según el
nuevo Estatuto de la Universidad. Ésto conllevó a que de seis postulantes al rectorado,
entre los que se encontraban Efraín Uribe Correa, Jesús Sánchez Marín, Randolf
Loayza Guevara, Víctor Cerrón Villaverde, Victoria Ancassi Concha y Nelson
Román Mercado, solamente quedaran los tres primeros, para luego ser sometidos a
un segundo escrutinio en la Asamblea Universitaria.
El Mag. Jesús
Sánchez Marín fue elegido y proclamado rector de la UNCP el 23 de diciembre del
2004, derrotando en la Asamblea Universitaria al Dr. Efraín Pedro Uribe Correa
por una escasa diferencia de 6 votos. Como vicerrector académico fue elegida la
Mag. Luz Buendía Sotelo y como vicerrector administrativo, el Ing. Juan
Cristóbal Cairo Hurtado. El 3 de enero del 2005 asumieron el cargo
oficialmente.
Esta elección
fue impugnada por Uribe, quien argumentó que Sánchez no reunía los requisitos
para ser rector, al no tener el grado de Doctor que exige la Ley Universitaria.
Esta elección se realizó con el apoyo condicional del Lic. Sario Chamorro
Balvín, presidente del Comité Electoral Universitario, quien en todo momento
negó el reconocimiento de grado de Doctor a Efraín Uribe, a tal punto de
afirmar: “En nuestra primera casa
superior, no existen doctores, no hay candidatos que reúnan todos los
requisitos”. Chamorro mencionó que el grado de Doctor de Uribe estaba
revalidado sólo administrativamente por la ANR, pero no académicamente, como
menciona la Ley Universitaria (356), alegaba, además, que Uribe era un profesor
cesante que había reingresado a la UNCP.
Ante esta
irregularidad, el juez Augusto Gutiérrez declaró fundada la acción de amparo de
Uribe contra el Comité Electoral y ordenó efectuar nuevamente elecciones en un
plazo de 15 días. Uribe no aceptó someterse a nuevas elecciones y reclamaba que
el Juez lo nombre rector, pero no se percató que era un gran error, debido a
que la Ley Universitaria 23733 menciona en su Artículo 29: “La Asamblea
Universitaria representa a la comunidad universitaria y tiene como atribuciones
elegir al rector, al o a los vicerrectores, y declarar la vacancia de sus
cargos”.
Ante esta engorrosa
circunstancia, Chamorro se contradecía en sus declaraciones, llegando a
reconocer que Uribe sí tenía doctorado: “Habiendo
un solo candidato con el título de doctor, resultó imposible llevar a cabo un
proceso para las elecciones de rector” (357). Sánchez, por el contrario,
nunca se manifestó acerca del tema, pero una vez rector, sí lo hizo, el 6 de
septiembre del 2005: “Para ser profesor
principal se requiere como mínimo tener el grado de maestro, y para ser
autoridad universitaria se exige el doctorado” (353).
Ante el
alumnado y la opinión pública, la estrategia de Sánchez consistió en negar
alguna filiación política, en varias oportunidades, sin embargo, en el proceso
electoral del 3 de octubre del 2010 lo veremos elegido en el Concejo Municipal
de Huancayo como regidor del Apra. La personalidad soberbia de Uribe Correa en
el campus, cuando ejercía la docencia en la Facultad de Pedagogía y
Humanidades, habría sido un factor determinante para su pérdida, a criterio de
algunos asambleístas.
A mediados de
junio del 2005, los catedráticos se declararon en huelga nacional indefinida
reclamando la homologación de sus remuneraciones con la de los magistrados del
Poder Judicial y solicitando un presupuesto equivalente al 6% del presupuesto
del Estado (la UNCP recibía el 1,6%), contemplados en la Ley Universitaria Nº
23733. El 13 de julio bloquearon la carretera central, la misma actitud se
extendió hasta el 21 de agosto, fecha en que la UNCP enfrentó una brutal
represión policial. Los estudiantes que coadyuvaron a la protesta sufrieron la
misma suerte. El mes de noviembre del 2005, mientras el gremio docente mantenía
la huelga indefinida, la posición del rector fue claudicante y contraria a la
del secretario general del Sindicato de Docentes, Clemente Cahuana: “Considero que se debe abandonar la lucha
por conseguir la homologación de haberes, pero, para ello, se debe cambiar de
estrategia para ejercer presión, dado que existe en estos momentos una etapa de
negociación” (355). Frente a esta veleidad, el estamento estudiantil
retiraba del apoyo a los docentes el 15 de noviembre, reclamando más definición
en las acciones de lucha como en la UNMSM y dejar la huelga blanda, precisión
que lo hiciera su presidente Brusly Caballero Chávez.
Las inmorales condecoraciones Doctor Honoris Causa
La distinción
Doctor Honoris Causa se creó con la finalidad de resaltar los grandes aportes
científicos, culturales, académicos o profesionales, preferentemente de
personalidades no licenciadas en una universidad, que hayan contribuido en
claro beneficio de la humanidad. Es la máxima condecoración que entrega una
universidad en el mundo a quienes se hagan merecedores en honor a la causa que
representan.
En la UNCP
esta condecoración constituyó ocasionalmente un anzuelo de beneficios
subalternos, fundamentalmente de carácter político, beneficiándose quienes
otorgaban tal distinción y encontrando la mediocridad un relleno al bache
intelectual de quien lo recibía. El caso que se menciona a continuación es la
muestra material de lo antes dicho.
El día 22 de
febrero del 2008 a
propuesta del decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Guido
Arauzo Gallardo, sin aprobación del Consejo de Facultad, según el Ing. Ovidio
Ascencio Castro, la UNCP representada por su rector Jesús Sánchez y sus
vicerrectores Luz Buendía y Juan Cairo, aprobaron en sesión de Consejo
Universitario, otorgarle la distinción Doctor Honoris Causa a Fernando Barrios
Ipenza.
En su
alocución el rector Sánchez mencionó los méritos por los cuales se le otorgaba
a Barrios la mencionada distinción. Mencionaba, entre ellos, el haber llegado
al cargo de presidente ejecutivo nacional de EsSalud, ser buen educador y haber
sido buen alcalde. Todas falacias, si consideramos que su cargo era por designación
política y no por méritos académicos ni científicos. Otro punto que debe quedar
claro es que Barrios no es educador, sino un empresario de la educación y
finalmente, ha sido el único alcalde que renunció a su cargo, irrenunciable por
ley, abandonando a Huancayo para ser promovido como presidente ejecutivo
nacional de EsSalud, que le deparaba una mejora económica. Esto último es un
caso sin precedentes en nuestra historia.
Este fenómeno
se condicionó por un facilitador, Esaú Caro Meza, actual rector de la
Universidad Continental y que gracias a sus influencias de exautoridad Sánchez
Marín llegara al rectorado. Tal distinción puede entenderse por dos razones.
Primero, Sánchez, durante el gobierno rectoral de Caro, fue becado a la
Universidad de Wageningen en Holanda para estudiar un doctorado, pagado por la
UNCP, además de disfrutar de una licencia de 20 meses con goce de haber,
doctorado que no culminó ni devolvió el dinero invertido (423), en resumen fue
perdonado por Caro sin sanción alguna. Esta vez Caro le pasaría la factura
obligándolo a que condecore a su patrón. Segundo, la distinción impuesta a
Barrios fue una negociación, pues es mucha la coincidencia que para conseguir
que EsSalud done algunas hectáreas del Fundo Porvenir (terreno de propiedad estatal)
y expandir territorialmente la UNCP, el rector Sánchez haya entregado una
condecoración de esa naturaleza. Así el terreno llegó a transferirse a la UNCP,
pese a que se encontraba en acción judicial por deudas tributarias de más de 15
millones de soles que tenía pendiente EsSalud con la Municipalidad Distrital de
El Tambo (332).
Barrios es
dueño de la particular Universidad Continental, quien lejos de buscar la
prosperidad de la UNCP, es alguien que por su mentalidad neoliberal, quisiera
eliminarla al ser franca competencia a su universidad. Algo similar como se
estableció la extinta Universidad Católica de Huancayo. No hacía mucho, cerca
de una quincena antes de su condecoración, un spot televisivo magnificaba a la
Universidad Continental, denigrando a la UNCP, al mencionar que la segunda
ofrecía carreras obsoletas, que las huelgas y los paros retrasaban al alumnado,
ilustrándolo, además, con imágenes donde la UNCP estaba paralizada por la
huelga de docentes.
En esta
desesperada y desenfrenada carrera política rectoral, se anunció el 24 de julio
del 2009 que el neoliberal peruano estadounidense Pedro Pablo Kuczynski
recibiría la condecoración Doctor Honoris Causa de las manos del mismo rector.
Para finalizar en el marco de estas inmoralidades, el aún rector Mg. Sáchez
Marín materializó el objetivo de condecorar Doctor Honoris Causa al Ing. Esaú
Caro Meza, el 21
de diciembre del 2009, con motivo del 50 aniversario de fundación de la UNCP,
aunque era conocido por la comunidad huancaína que Caro Meza fue expulsado por
el estudiantado de esta Casa Superior de Estudios por actos de corrupción.
Esta forma de
traficar con las condecoraciones se remonta a Víctor Raúl Haya de la Torre
cuando fue distinguido, en 1967, Doctor Honoris Causa, durante el gobierno rectoral
de Nilo Arroba Niño, un rector impuesto, por él y Prialé, a la UNCP, aspecto ya
comentado en capítulo anterior. Mantenemos la posición que estas distinciones
otorgadas a Barrios y Caro, tuvieron un objetivo netamente político, si
consideramos que el Dr. Javier Pulgar Vidal y el Dr. Waldemar Espinoza Soriano,
grandes intelectuales que pasaron por la UNCP, no fueron merecedores de esta
condecoración pese a su gran aporte científico a la humanidad, en el primer
caso por haber contradecido al Apra y en el segundo, por no ser aprista.
Además, la distinción de Barrios se dio un 22 de febrero, Día de la Fraternidad
Aprista, algo muy calculado con claro mensaje subliminal a la comunidad
universitaria: el Apra había vuelto al poder en la universidad.
La FEUNCP se
comportó ante estos eventos inmorales como era de esperarse, un ente ornamental
e inactivo. No fue capaz de pronunciarse al respecto, declararon haber sido
sorprendidos ante las críticas de la población, mediante la prensa hablada y
televisiva. Esta actitud indiferente no era más que la secuela del espíritu
carista.
En
septiembre del 2010, el entonces ministro del Interior, Fernando Barrios, se
vió implicado en un caso de corrupción al haber cobrado una liquidación de 190
mil nuevos soles y de esa cifra, 90 mil nuevos soles recibidos en calidad de
“indemnización por despido arbitrario”, cuando en realidad, el presidente de la
República, Alan García, lo había promovido de Presidente Ejecutivo de EsSalud
al cargo de Ministro del Interior (441,442). Al estallar el escándalo, el mismo
Alan García manifestó: “que esa clase de conductas representan un acto de
corrupción y una bajeza y una viveza criolla” (440).
Es
necesario mencionar ésto porque la UNCP debe reivindicar su honor revocando los
doctorados honoris causa otorgados a personajes corruptos, como lo hizo en junio del 2010 la Universidad Lincoln de Nueva
Zelanda, revocándole la distinción al expresidente Alberto Fujimori, otorgado
en 1998, al habérsele condenado por flagrante violación a los derechos humanos
en el Perú.
Los temores de Sánchez
Al rector se
le había abierto instrucción por abuso de autoridad contra Uribe Correa al
haberlo suspendido por cuatro meses sin goce de haber (Res. Nº 00556-R-2005) y
tenía las de perder. Frente a la posibilidad de ser sentenciado penalmente y
ser vacado del cargo, necesitaba el apoyo de las buenas relaciones. Barrios era
una persona de alta confianza del Presidente de la República, además, Sánchez
se aseguraba de no salir del rectorado y podía tener en el futuro aspiraciones
representativas dentro de la política o en último caso, el rectorado de la
Universidad Continental. Al parecer, así sucedió, a escasos 4 días de la
condecoración, el Primer Juzgado Penal de Huancayo absolvía al Rector del
delito de abuso de autoridad y lo hicieron público el 10 de marzo en dos medios
periodísticos de la región, inclusive con el mismo tenor (338,339).
En resumen, el
Apra tiene el control de gran parte del Poder Judicial. Esaú Caro debía
responder los juicios de corrupción, sobre todo del caso Nigeria y no lo hizo,
el rector Sánchez Marín estaba muy preocupado por el juicio entablado por Uribe
Correa y se vio en la necesidad de entregarse al Apra por consejo de Caro Meza
y como muestra de su gesto condecoró a su patrón Barrios Ipenza y
coincidentemente fue absuelto por el Poder Judicial. Barrios Ipenza blinda a
Esaú Caro y lo convierte en su empleado como rector de su universidad.
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