Represión aprista y fujimorista
Las décadas de
1980 y 1990 fueron épocas trágicas que enfrentó la UNCP al perder el mayor
número de sus docentes y estudiantes por la represión gubernamental. El domingo
24 de junio de 1990, el diario nacional La República refiere al respecto: “Una ola de asesinatos y desapariciones
convulsiona la comunidad universitaria. La última víctima de esta escala –
atribuida a comandos especializados del Ejército y la Policía – fue el
catedrático Jaime Cerrón, vicerrector de la Universidad Nacional del Centro. En
los primeros cinco meses de este año, cuatro han sido los estudiantes
asesinados y otros nueve figuran como desaparecidos desde que fueron
ilegalmente detenidos por agentes del orden. El fenómeno se extiende por la
mayoría de centros de enseñanza superior amenazando a todo aquel que porte una
credencial universitaria, pero, sobre todo, a quienes intervienen en política”.
Continúa: “Javier Sota Nadal, Rector
de la UNI y presidente de la Asamblea Nacional de Rectores: los hechos de
violencia contra la Universidad lo sitúan en un campo inerme, indefensa en
medio del fuego cruzado entre la subversión y el aparato represivo. Para Wilson
Reátegui, Rector de la UNMSM, las detenciones, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales,
ponen en evidencia un plan de profilaxis política que incluye la eliminación
física de las personas. Es un plan implementado por el gobierno en contra de la
Universidad como institución. Ser miembro de la comunidad universitaria es un
riesgo en estos momentos” (320).
A mediados de
1989 se realizó una intervención militar al campus de la UNCP reteniendo a
todos los estamentos presentes. En el acto se procedió a realizar un “censo”,
fotografiándolos y asignándole un número a cada miembro de la comunidad. A
partir de este acto, las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron
una constante y en aumento. Una de las estrategias de inteligencia empleada por
las FFAA en su lucha contra la subversión fue promover actividades culturales
con contenido ideológico. Ésto puede inferirse porque a mediados de 1990 fue
invitada Martina Portocarrero a un recital en pleno campus y cantó desde un
balcón de la Facultad de Economía; detrás de ella se encontraban los dirigentes
de la FEUNCP, muchos de ellos en la inocencia y otros, en el desafío, dando la
cara sin medir las consecuencias reales del suceso. Con toda seguridad, estas
imágenes debieron ser captadas por los servicios de inteligencia. Este dato es
corroborado por el informe final de la CVR (359). En efecto, al cabo de pocos
días, la gran mayoría de dirigentes estudiantiles fueron secuestrados,
torturados, ejecutados extrajudicialmente y otros, hasta hoy, desaparecidos.
Sin embargo, uno de ellos, quien conducía todo el acto y fue el promotor principal
del espectáculo, nunca corrió la misma suerte que sus colegas, y ahora lejos de
la nebulosa y la duda que te envuelve en esos momentos, nos atreveríamos a
decir que era un infiltrado. Este sujeto vino a la UNCP producto de un traslado
externo procedente de la UNSCH, había sufrido una detención en Ayacucho, pero
al tener vínculos familiares con militares habría “canjeado su vida” a cambio
del trabajo encomendado. Hoy es docente en la UNCP.
Al respecto del título de este
capítulo, rescatamos lo manifestado por el Dr. Salomón Lerner Febres,
presidente de la CVR: “Huancayo bien
puede ser el emblema de la tragedia vivida por nuestras Universidades durante
los veinte años de violencia política sufrida por nuestro país”.
Marco legal de la represión
- Ley Nº 24150 (7 de junio de 1985), las fuerzas
armadas asumen el control interno.
- Se decreta el Estado de Emergencia en Junín (30
de diciembre de 1988).
- Manual del Ejército Peruano Guerra No
Convencional – Contrasubversión ME 41-7 (junio de 1989), destinada a eliminar
mandos y líderes, incluyendo ideólogos y para lo cual requieren gran
concentración de esfuerzos, abundantes recursos y numeroso personal.
- Directiva 017 del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas para la Defensa Interior (diciembre de 1989), por la que se
creaban los Frentes Contrasubversivos. Junín y Pasco formaron el Frente
Mantaro.
- Decreto Legislativo Nº 726 que modificaba la Ley
Universitaria 23733, que permitió la violación de la autonomía
universitaria y el control total del claustro.
- Decreto Legislativo Nº 743 Ley del Sistema de
Defensa Nacional (1991). Se pone en vigencia con el golpe de Estado de
1992. Esta ley amplía las facultades al Ministerio de Defensa.
- Decreto Legislativo Nº 749 (8 de noviembre de
1991), sustituye el gobierno civil por el gobierno militar, es decir,
convirtió al Jefe Político Militar en Jefe de Gobierno Regional,
disponiendo todos los recursos de la región orientados a la lucha
contrasubversiva.
- Ley Nº 25416 (febrero de 1992), que facultaba al
Presidente de la República disponer la intervención de las FF AA en el
campus universitario.
No eran casos aislados ni excesos de las fuerzas
armadas
A la gran
mayoría de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos ejecutados, se
les impuso el mismo patrón criminal consistente en:
- Detención de la víctima (s) por agentes militares
en uniforme o vestidos de civil.
- Los secuestradores eran identificables por la
logística empleada (camionetas, armas, municiones, lugares de detención,
etc.).
- Una posición oficial de las FF AA con negación de
responsabilidad por tales desapariciones, pese a la existencia de
testigos.
- Falta o pusilanimidad en la investigación por
parte de las autoridades judiciales sobre la situación de las víctimas e
ineficacia de los recursos interpuestos.
- Tortura y ejecución arbitraria de las víctimas.
- Extorsión económica, a familiares de la víctima,
implementada por las fuerzas militares o paramilitares.
- Impunidad absoluta y amnistía.
Todo ésto
refleja que no se trataron de hechos aislados, ni excesos de las FFAA, sino que
se trató de un plan sistemático de violación de derechos humanos, implementado
por los altos niveles del gobierno, desde la estructura del poder (autor
mediato), donde los autores inmediatos de la ejecución no tienen la capacidad
de disponer de estos recursos ni la facultad de decidir. Estos autores
inmediatos tenían la posibilidad de no cumplir la orden, amparados por la
Convención Interamericana que declara: “no
se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones
superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda
persona que reciba órdenes tiene el derecho y el deber de no obedecerlas”,
sin embargo, no lo hicieron. “El Estado
no hizo nada frente a estas denuncias, ni dispuso acciones que llevaran a
deslindar la responsabilidad por las desapariciones o muertes. Por el
contrario, se dispusieron acciones, pero para obstaculizar las investigaciones
de la autoridad civil… La mayor cantidad de víctimas se concentró en el propio
departamento de Junín, en la ciudad de Huancayo, específicamente en la
Universidad Nacional del Centro” (421).
Alumnos y docentes asesinados y desaparecidos en la
UNCP
La región
asignada al Frente Mantaro (Pasco, Junín y tres provincias del departamento de
Huancavelica) fue el escenario de la mayor cantidad de violaciones a los
derechos humanos registrados en el Perú durante la violencia política. Los
casos de desaparición forzada denunciados en el departamento de Junín registra
un total de 249, pero la CVR demostró que dicha cifra no representa ni el 20%
de los casos, pues la cifra real asciende a un total de 2659 casos. Además
reportó un total de 580 casos de tortura y un alto número de actos de violencia
sexual en agravio de mujeres (422).
De todos estos
casos, la cúspide violenta en la UNCP se registra desde el año 1987 hasta 1993,
intervalo de tiempo que coincide con la singular emisión de leyes
antiterroristas y el alto número de profesores y estudiantes universitarios
secuestrados, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Para contar con la
impunidad respectiva, el gobierno decretó el 30 de diciembre de 1988 el estado
de emergencia en el departamento de Junín. El Informe Final de la CVR admite lo
planteado por nosotros: “Ante el
incremento de las acciones subversivas en la Universidad, los miembros de las
fuerzas del orden comenzaron a implementar una política de detenciones,
secuestros y asesinatos, que comenzó a intensificarse en 1990 y alcanzó su
punto más alto en 1992” (359). En
1990 el ejército incursionó en horas de la tarde la Ciudad Universitaria y
procedió a “fichar” a todos los profesores, alumnos y trabajadores no docentes
del recinto. Desde aquel entonces comenzaron las detenciones-desapariciones: “Entre julio y octubre de 1992, la CVR
reportó más de 30 casos de universitarios desaparecidos. Como por arte de
magia, todo un salón con una treintena de alumnos se hizo humo. Muchos fueron
asesinados” (394).
Contribuyen a
la fatídica lista, entre ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos
forzadamente (la gran mayoría asesinados previa tortura), solamente los años
1984-1993, según el Informe Final de la CVR y la formalización de la denuncia
penal Nº 02-2010 (328,411), las siguientes víctimas:
Isaías Bravo Flores, ejecutado extrajudicialmente en
1984.
William Zenteno Escobar, ejecutado extrajudicialmente
en 1986.
Humberto Vidal Porras, desaparecido forzadamente el 5
de julio de 1989.
Rubén Ponce Aquino, ejecutado extrajudicialmente el 1
de noviembre de 1989.
Leoncio Clemente Quispe, desaparecido forzadamente el
10 de enero de 1990.
Simmerman Antonio Navarro, ejecutado
extrajudicialmente el 7 de marzo de 1990.
Ever Lijarza Carrillo, ejecutado extrajudicialmente el
4 de abril de 1990.
Víctor Lavado Olivera, desaparecido forzadamente el 6
de abril de 1990.
Jaime Cerrón Palomino, ejecutado extrajudicialmente el
8 de junio de 1990.
Armando Tapia Gutiérrez, ejecutado extrajudicialmente
el 8 de junio de 1990.
Odilón Espinoza Jaime, ejecutado extrajudicialmente el
13 de septiembre de 1990.
Eddyson Vásquez Garay, ejecutado extrajudicialmente el
14 de septiembre de 1990.
Dedicación Tocasca Gutiérrez, ejecutado
extrajudicialmente el 25 de septiembre de 1990.
Rubén Sullca Pérez, ejecutado extrajudicialmente el 30
de septiembre de 1990.
Raúl Solano Meza, ejecutado extrajudicialmente en
septiembre de 1990.
Fortunato Aguirre Palomino, ejecutado
extrajudicialmente el 15 de octubre de 1990.
Ángel Huaynate Solórzano, ejecutado extrajudicialmente
el 24 de octubre de 1990.
Edson Espinoza Tueros, ejecutado extrajudicialmente el
26 de octubre de 1990.
Ángel Tenazoa Sánchez, ejecutado extrajudicialmente el
4 de noviembre de 1990.
Víctor Tintaya Flores, ejecutado extrajudicialmente el
12 de diciembre de 1990.
Francisco Fernández Gálvez, 24 años, desaparecido
forzadamente en 1990.
Dora Marín Aire, desaparecida forzadamente en 1990.
Alcides Coppa Taype, 24 años, desaparecido
forzadamente en 1990.
Guido Landa Rosales, desaparecido forzadamente el 1 de
marzo de 1991.
Dante Landa Rosales, desaparecido forzadamente el 1 de
marzo de 1991.
Griselda Palomino Fuentes, desaparecida forzadamente
el 5 de abril de 1991.
Juan Salomé Adauto, desaparecido forzadamente en abril
de 1991.
Víctor Cárdenas Córdova, desaparecido forzadamente el
22 de mayo de 1991.
César Vílchez Simeón, desaparecido forzadamente el 25
de mayo de 1991.
Juan Pérez Matamoros, desaparecido forzadamente el 10
de junio de 1991.
José Carrasco Huiza, desaparecido forzadamente el 15
de junio de 1991.
Rolando Yauri Galván, desaparecido forzadamente el 20
de enero de 1992.
Freddy Gaspar Otaróla, 23 años, desaparecido
forzadamente en febrero de 1992.
Yolanda Yauri Arias, desaparecido forzadamente el 11
de marzo de 1992.
Alida Francisca Pérez Valle, 25 años, desaparecida
forzadamente el 25 de abril de 1992.
Fidel Castro Granados, 27 años, desaparecido
forzadamente el 30 de mayo de 1992.
Flaviano Sáenz Chuquivilla, 23 años, desaparecido
forzadamente el 6 de junio de 1992.
Edinson Canchari Sierra, 20 años, desaparecido
forzadamente el 10 de junio de 1992.
Mida Lila Gozar Ortega, 22 años, desaparecida
forzadamente el 23 de junio de 1992.
Edwin Ramos Calderón, 24 años, ejecutado
extrajudicialmente el 26 de julio de 1992.
Fernando Sáenz Munárriz, 25 años, ejecutado
extrajudicialmente el 8 de agosto de 1992.
Luis Cahuaya Choque, ejecutado extrajudicialmente el
12 de agosto de 1992.
Iris Camposano Medina, 17 años, ejecutada
extrajudicialmente el 12 de agosto de 1992.
Wilson Esteban Barzola, 29 años, desaparecido
forzadamente el 18 de agosto de 1992.
Edgar Chahuayo Quispe, 23 años, desaparecido forzadamente
el 25 de agosto de 1992.
Miriam Navarro Concha, 21 años, ejecutada
extrajudicialmente el 25 de agosto de 1992.
Hugo Ponce Vega, 25 años, ejecutado extrajudicialmente
el 26 de agosto de 1992.
Flor Salvatierra Soto, 17 años, ejecutada extrajudicialmente
el 26 de agosto de 1992.
Juana Ñahui Vilca, ejecutada extrajudicialmente el 27
de agosto de 1992.
Zózimo Curasma Sulla, 25 años, ejecutado
extrajudicialmente el 27 de agosto de 1992.
Luis Ñaupari Toralva, 24 años, ejecutado
extrajudicialmente el 27 de agosto de 1992.
Santiago Aliaga Quinto, desaparecido forzadamente el
28 de agosto de 1992.
Gladys Espinoza León, 22 años, ejecutada
extrajudicialmente el 6 de septiembre de 1992.
Justiniano Vicente Rivera, 22 años, ejecutado
extrajudicialmente el 7 de septiembre de 1992.
Augusto Galindo Peña, 26 años, ejecutado
extrajudicialmente el 7 de septiembre de 1992.
Peter Cosme Ureta, 21 años, ejecutado
extrajudicialmente el 9 de septiembre de 1992.
Javier Gómez Gaspar, 21 años, desaparecido
forzadamente el 21 de septiembre de 1992.
María Sánchez Retamozo, 25 años, ejecutada
extrajudicialmente el 22 de septiembre de 1992.
Eugenio Curasma Sulla, 28 años, ejecutado
extrajudicialmente el 22 de septiembre de 1992.
Edgar Granados Gómez, 30 años, ejecutado extrajudicialmente
el 23 de septiembre de 1992.
Alejandro Tunque Lizama, 25 años, ejecutado
extrajudicialmente el 24 de septiembre de 1992.
Rolando Ricse Colonio, 19 años, ejecutado
extrajudicialmente el 25 de septiembre de 1992.
Roberto Santiago Bravo, desaparecido forzadamente el
28 de septiembre de 1992.
Luis Alberto Tocas Villanueva, 24 años, ejecutado
extrajudicialmente el 29 de septiembre de 1992.
Marcelino Choque Huincho, desaparecido forzadamente el
2 de octubre de 1992.
Cori Tenicela Tello, desaparecida forzadamente el 2 de
octubre de 1992.
Jessica José Marín, desaparecida forzadamente el 5 de
octubre de 1992.
Janeth Vílchez Gutarrra, 23 años, ejecutada
extrajudicialmente el 18 de octubre de 1992.
Juan Pérez Matamoros, 22 años, desaparecido forzadamente
en 1992.
Marlon Huamán Adauto, 26 años, desaparecido
forzadamente en 1992.
Vladimir Jumpa Carrillo, 22 años, desaparecido
forzadamente en 1992.
Gladys Salinas, 17 años, desaparecida forzadamente en
1992.
María Solís Zambrano, 24 años, desaparecida forzadamente
en 1992.
Rony Guerra Blancas, desaparecido forzadamente el 11
de febrero de 1993.
Milagros Túpac Gonzáles, 22 años, desaparecida
forzadamente el 12 de febrero de 1993.
Héctor Riveros Izarra, desaparecido forzadamente el 7
de agosto de 1993.
Miguel Cieza Galván, desaparecido forzadamente el 29
de agosto de 1993.
Eliu Muñoz Ríos, desaparecido forzadamente el 11 de
septiembre de 1993.
Rubén Ayllón Espinoza, 24 años, desaparecido
forzadamente en septiembre de 1993.
Luis Córdova Vilcapoma, desaparecido forzadamente el
25 de octubre de 1993.
Haydeé Calaina Colqui, 21 años, desaparecida
forzadamente en 1993.
Roger Cahuamán Flores, 18 años, desaparecido
forzadamente en 1993.
Miguel Ángel Campos Aliaga, 16 años, desaparecido
forzadamente en 1993.
Carlos Benito López Granados, 27 años, ejecutado
extrajudicialmente en 1993.
Humberto Carasma Valdés, desaparecido forzadamente en
1993.
Zenón Alvarado Chulluncuy, 22 años, desaparecido
forzadamente en 1993.
Raúl Yupanqui Barboza, 25 años, desaparecido forzadamente
en 1993.
Ejemplo anual de una represión
Enero 1989:
Comando Rodrigo Franco (CRF) asesina a Luis Guerrero, estudiante de la UNSCH.
CRF deja explosivo en casa de Decano de la UNDAC.
Febrero 1989:
Ejército reprime marcha pacífica y allana la UNCP, 30 detenidos (2 de febrero).
Allanan vivienda de decano de la UNCP, Jaime Cerrón Palomino y lo detienen
junto a sus dos alumnos y su hijo menor (2 de febrero). Ejército y policía
asesinan a seis estudiantes de la UNCP y de la UPLA (1 de febrero).
Marzo de 1989:
Policía asesina a Zenón Yaranga y David Churampi, estudiantes de la UNCP (1 de
marzo). Ejército y policía allanan la UNCP, en la madrugada, destrozando sus
instalaciones (8 de marzo).
Abril 1989:
CRF atenta contra la vida de Alfredo Torero, vicerrector de la UNMSM (13 de
abril). Ejército y policía allanan UNMSM y UNE-La Cantuta y detienen a 508
estudiantes y profesores (19 de abril). Policía allana UNDAC; 20 detenidos (22
de abril). Ejército allana UNSAA; 500 detenidos (25 de abril).
Mayo 1989:
Ejército y policía allanan dos veces la UNCP; 128 detenidos (7 de mayo).
Desaparece estudiante de UNE (9 de mayo). Estudiantes de UNMSM rechazan
prepotencia de SL (10 de mayo). Rector de la UNSCH denuncia haber sido
amenazado de muerte por SL (29 de mayo).
Junio 1989:
Ejército allana UNCP; 149 detenidos, entre ellos, tres decanos (7 de
junio).Tres docentes y cincuenta estudiantes de la UNCP prosiguen detenidos en
el cuartel de Huancayo (15 de junio).UNCP denuncia violaciones al claustro
universitario y exige libertad de los detenidos (21 de junio).
Julio 1989:
Asesinan a Luis Aguilar Romaní, docente de la UNCP (18 de julio).Ejército
allana UNCP; 50 detenidos (21 de julio). Policía asesina extrajudicialmente a 2
estudiantes universitarias y 3 subversivos del MRTA (25 de julio). CRF dinamita
a Abel Malpartida, estudiante de la PUCP (27 de julio).
Septiembre
1989: SL hiere a 13 estudiantes de UNMSM (7 de septiembre). Ejército allana
UNMSM; 200 estudiantes detenidos (7 de septiembre).
Octubre 1989:
SL destruye ambientes de residencia estudiantil UNMSM (14 de octubre). Ejército
allana UNSCH; 50 detenidos (28 de octubre). DIRCOTE detiene y desaparece a José
Aznarán, docente de la UNI (26 de octubre).
Noviembre
1989: Ejército allana UNSCH (1 de noviembre). Ejército y policía allanan UNMSM:
100 detenidos (6 de noviembre). Ejército y policía allanan Facultad de Medicina
de UNMSM; 600 detenidos (8 de noviembre). Ejército y policía allanan UTC; 25
detenidos (9 de noviembre).
Una justicia que asoma lentamente
La investigación preliminar acerca de los delitos de lesa humanidad
cometidos contra los estudiantes, catedráticos y trabajadores no docentes de la
UNCP concluye en la denuncia penal Nº 02-2010 del Ministerio Público (421), la
misma que inculpa al ex general Manuel Jesús Delgado Rojas (enero de 1989 a diciembre de 1990)
como autor mediato de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la
modalidad de homicidio con gran crueldad y contra la libertad individual; al ex
coronel Elías Fernando Espinoza de Valle (período 1990) como autor mediato de
los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio
con gran crueldad y contra la libertad individual; al exgeneral Luis Augusto
Pérez Documet (enero 1991 a
diciembre de 1991) como autor mediato del delito contra la libertad individual
en la modalidad de secuestro agravado; al exteniente coronel Danilo Nicolás
Gonzáles Campana (enero de 1991
a diciembre de 1992) como autor mediato del delito
contra la libertad individual en la modalidad de secuestro agravado y homicidio
calificado; al teniente jefe de la Base de Acción Cívica de la UNCP del
Ejército Peruano Boris Adolfo Rosas Esquivel (febrero de 1992 a febrero de 1993) como
autor de los delitos contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de
homicidio calificado y secuestro agravado; y al ex general Roboan David Jaime
Sobrevilla (enero de 1993 a
diciembre de 1994) como autor mediato de los delitos contra la vida, el cuerpo
y la salud en las modalidades de homicidio calificado y secuestro agravado.
Como puede
advertirse, el mayor número de víctimas se dio en el gobierno de Alan García y
Alberto Fujimori. Pero existen personajes, en la sombra, que actuaron
decidiendo o coadyuvando estos crímenes en el primer gobierno aprista, como
son: Agustín Mantilla (ministro del Interior), Velásquez Giaccarini (ministro
de Defensa), Abdón Vílchez Melo (Comando Paramilitar Rodrigo Franco), y el
comando paramilitar Escorpio, que luego, en el gobierno fujimorista, tomara la
denominación de comando paramilitar Colina.
El centralismo en los derechos humanos
El carácter de clase de la justicia y el centralismo, aún nos afecta
intensamente en materia de derechos humanos. Frente al asesinato de nueve
estudiantes y un profesor de la limeña UNE La Cantuta, se realizó una campaña
solidaria a nivel nacional e internacional, contó con el apoyo de la prensa a
estos niveles, se sancionó a los asesinos, se extraditó y condenó a un expresidente
de la República. Sin embargo, cerca de una decena de profesores, otra de
trabajadores no docentes y 220 estudiantes asesinados en la provinciana UNCP,
pasaron desapercibidos de los entes de la justicia peruana y de los organismos
no gubernamentales de Derechos Humanos. Igual suerte han corrido los
estudiantes asesinados de la UNSCH y de otras universidades provincianas.
Pese a que la gran mayoría de universitarios en el Perú, sin excepción,
fueron sometidos a un patrón criminal que emanaba de las altas esferas del
Estado, los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos se han
restringido a las investigaciones en la capital, mas no en provincias. Pues es
sabido que estos asesinatos fueron ordenados desde la administración más alta
del Estado en complicidad con la alta oficialidad de las FFAA. Así lo refiere el juez César San Martín,
magistrado que tuvo el valor de condenar a 25 años de prisión a Alberto
Fujimori por crímenes de lesa humanidad: “los
análisis nos llevaron a la conclusión de que los crímenes habían sido ordenados
por el número uno del Estado… Si a él, que es la máxima autoridad, que tiene un
control absoluto del Estado, no se le impone la pena más grave del sistema, ¿a
quién? ”. San Martín se dio cuenta que los asesinatos de civiles no era un
tema de militares, sino que tenía que ver con el poder civil (424).
Por todos estos
acontecimientos, la UNCP, al igual que otras universidades públicas
provincianas, fue discriminada en cuanto a las oportunidades laborales y
profesionales de sus egresados. En el gobierno rectoral del Mg. Juan Camargo
Palacios se realizaron las audiencias públicas de la CVR, en la utopía de
encontrar la verdad, a raíz de la cual manifestara el 14 de diciembre del 2003:
“El Estado peruano nos marginó, nuestros
egresados no eran aceptados en los centros de trabajo, los estudiantes eran
rechazados de las instituciones para realizar prácticas pre profesionales, y
los docentes no eran admitidos en las entidades públicas y privadas, por ello
pedimos al gobierno que nos reivindique el honor, el prestigio y la reparación
física al que tenemos derecho”.
El valioso testimonio de un
sobreviviente
Este es el testimonio vivo del estudiante de la
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la UNCP, Miguel Ángel Cieza
Galván, secuestrado por miembros del ejército peruano, torturado en las
instalaciones del Cuartel 9 de Diciembre de Huancayo y puesto en libertad
debido a las presiones dentro del mismo ámbito castrense. Luego de ser
liberado, Cieza fue refugiado en la República de Uruguay donde realizó una declaración notarial para presentarla a los
organismos de Derechos Humanos, protocolizada en la ciudad de Montevideo, el 17
de julio del 2002, bajo la fe de la notaria Esc. Estela Rosa Helguero Soares
Netto (436), la misma que mantiene el original en su poder.
Cieza era dirigente estudiantil de su Facultad y
era comensal universitario, fue secuestrado el martes 25 de agosto de 1992, en
la calle Ayacucho de la ciudad de Huancayo, a las 10 a.m., por dos individuos
que lo introdujeron violentamente en un automóvil: “abrió la puerta trasera del auto, inclinó mi cabeza, luego me hizo
entrar inclinándome boca abajo en el asiento y puso una campera en mi cabeza
que tapó a medias mi visión, luego puso su pierna sobre mi cabeza y el arma
cerca de mi cuello que lo tuvo presionando en todo momento, luego exclamó en
voz fuerte: lo tenemos… me colocaban una venda que me cubría toda la cara y en
especial los ojos, luego se me puso una bola de esponja en la boca sujetada por
una cinta fuertemente atada a mi cabeza”. Luego fue conducido al cuartel y
encerrado en una habitación donde fue vilmente torturado e interrogado: “¿qué sabes de las pintas de la Universidad?,
¿qué sabes de los demás dirigentes de la U?, ¿qué carajo sabes de los terrucos
de la U?, habla – esta voz repetía y repetía esta frase. Esto sucedía mientras
las esposas me rasgaban la piel de las muñecas… me inclinaron en una tina de
metal que estaba llena de agua y me sumergieron toda la cabeza a tal punto que
aspiré agua… hasta el punto que decidí morir… alguien tomó un madero de forma
cuadrada y con ella golpeó mis plantas de los pies, mis pies literalmente se
partieron por la mitad” (436).
Cieza presenció, al día siguiente a las 2 de la
madrugada del miércoles 26, la captura y tortura de Edgar Chahuayo Quispe,
quien fue llevado a las mismas instalaciones a quien conocía porque también era
dirigente del Tercio Estudiantil de la academia preuniversitaria. Según la CVR,
Chahuayo desapareció el 25 de agosto de 1992, fecha que coincide con la captura
de Cieza. Este último fue trasladado hacia otra habitación con los ojos
vendados todo el tiempo y pudo reconocer a un individuo que los militares lo
llamaban “Guarano”, cuyo nombre real es Héctor Riveros Izarra, quien había
desaparecido en una intervención a la universidad, su familia lo buscó en todas
las dependencias policiales y militares sin obtener respuesta. Cuando Cieza se
refiere al “Guarano” manifiesta: “del
lado derecho al frente había un camarote en donde en la parte superior estaba
alguien uniformado de soldado, uniforme totalmente completo”, también
sintió la presencia de más personas en esa habitación. Uno de los que se
percató de que Cieza iba reconociendo el espacio le hizo una seña: “me movió la cabeza e hizo un signo de
silencio y apuntó hacia el camarote en la parte superior donde estaba el
uniformado, entendí por esto que me estaba advirtiendo que estaba vigilado por
ese individuo” (436).
Cieza nuevamente fue torturado. Otro detenido en
la habitación era un apodado “taxista” quien le refiere a Cieza al oír unos
gritos de tortura: “lo conoces, le dicen
agilito, lo están haciendo mierda, después de tiempo no golpean así como a un
tal Edwin Salazar y su mujer, a éste lo colgaron del techo toda la noche
(hablaba de Chahuayo)”. Una vez Cieza en la habitación, con las vendas en
los ojos, la misma que pudo retirarse parcialmente, grande fue su sorpresa al
reconocer a otro detenido el mismo día miércoles 26, era Hugo Ponce Vega, a
quien lo conocía del comedor universitario y lo habían secuestrado juntamente
con su enamorada. Vio otra muchacha a quien luego de preguntarle su nombre
respondió que se llamaba Flor Salvatierra Soto. Esa noche torturaron
físicamente a Hugo Ponce: “a duras penas
se arrastró hacia su novia y la besó, ambos lloraron y al ver ésto lloré
también… no pasó más que un par de minutos y los carceleros volvieron
agresivamente ingresaron fueron directamente hacia Hugo y se lo llevaron”.
Al día siguiente jueves 27: “mal presagio
para este día, pensé, luego a la chica que estaba a mi derecha (Flor) le
pidieron que se vistiera y recogiera todo lo que tenía, luego sentí que se la
llevaron”. Según la CVR, ambos fueron ejecutados extrajudicialmente el 26
de agosto.
Cieza continúa su relato: “luego trajeron a otra persona y por la voz deduje que era otra chica,
su voz era conocida y la pusieron donde estaba Flor, asimismo al Guarano le
hicieron lustrar sus botas y que se arreglase que iba a salir, luego de esto se
fueron, yo empecé a ver por la rendija de mi venda y observé a la que había
llegado, e inmediatamente la reconocí, es Miriam Navarro Concha, era la
secretaria de la preuniversitaria, ella me miró y no me reconoció, miró al Guarano,
éste no quiso mirarla, pero ella lo reconoció y le dijo – ¿cómo estás? – él le
respondió – bien, fue cuando las puertas de la reja comenzaron a sonar así como
la de madera, entraron y dijeron – Guarano vamos- y se empezaron a reir”.
Una vez que se fueron Miguel preguntó a Miriam: “viste al Guarano – sí respondió -, qué imaginas que hace – le dije -,
si sé lo que hace y está mal (se refería al hecho de identificar a los
dirigentes de la U. o a quien se le ocurra), dijo”. Según la CVR, Navarro
Concha fue ejecutada extrajudicialmente el 25 de agosto, es posible que esta
fecha sea un error porque el jueves 27 fue vista por el testimoniante. En una
habitación contigua interrogaban a una mujer que respondió al nombre de Ana
Ñahui: “yo la conocía también era
secretaria de la preuniversitaria de la UNCP, colega de trabajo de Miriam, ella
trataba de describir a alguien repetía frases como ahí está. Esto sólo
confirmaba que todo el círculo de dirigentes de la U. estaban siendo detenidos”
relata Cieza.
El viernes 28 y el sábado 29 pasaron con algo de
tortura física. El domingo 30, Cieza preguntó al Guarano por qué lo había apuntado
y él respondió: “Sólo sé que te estaban
siguiendo desde hace tiempo y no sé quién te apunto pero es alguien de aquí del
cuartel”. Luego a Cieza se le practicó una tortura psicológica: “era nada menos que la práctica de mi posible
asesinato, el primer gatillo me sorprendió, pero el segundo durante la recarga
pensé que era mi fin y cerré los ojos y esperé la bala, cuando sonó respiré
lentamente”. Luego fue torturado a culatazos hasta dejarlo inconsciente.
Posteriormente trajeron otra detenida, era Juana: “la traían de la otra habitación era colega de trabajo de Miriam a su
vez yo la conocí ahí, hablaba demasiado parecía indicar la ubicación de algo o
de alguien… Coordiné con Miriam suicidarnos si esto se complicaba, ella aceptó”.
El jueves 3 de septiembre, a Cieza lo llamaban
por su alias puesto por los militares “tombito”, porque confesó que su padre
era policía de la 7ma Comandancia de Huancayo con la esperanza de que lo
soltaran. Ese día, como todos, lo torturaron y llevaron a la primera habitación
donde fue golpeado, solo que estaba más húmeda: “es aquí donde me golpearon al principio, estaba el banco de madera, la
soga, la tina de lata, había sangre seca en el piso… había alguien maniatado y
con la boca tapada semidesnudo lo reconocí de inmediato Augusto Galindo de la
Facultad de Ing. Química a su vez más al otro lado, otra figura era de otro
colega de Augusto que por cierto andaban juntos, parecían marido y mujer, era
Justiniano Vicente ambos si no me equivoco eran tercios de Química… luego vinieron
por ellos y los comenzaron a golpear, no les preguntaban nada… la sesión duró
mucho tiempo, entre los gritos y el alarido tenebroso sólo podía atinar a no
moverme”. A las 11 p.m. trajeron a otro estudiante al que los militares
apodaron Trapizomba: “es una persona que
le es difícil pasar desapercibido lo conocí de vista ya que era comensal”. La
madrugada del viernes 4 de septiembre Trapizomba fue cruelmente torturado. Esa
misma noche se llevaron a Justiniano.
El sábado 5 de septiembre, encerrado y vendado
los ojos, Cieza percibió que trajeron más personas a la habitación. A Miriam le
preguntaron por Rony Guerra Blancas y por Milagros Túpac Gonzáles prometiéndole
que si los llevaba a su domicilio la iban a soltar, al parecer Miriam accedió.
Luego le preguntaron por Tunque Lizama y vio que en la habitación contigua
estaban golpeando a un tal Marlon Huamán Adauto. Según la CVR, Rony Guerra y
Milagros Túpac desaparecieron el 11 y 12 de febrero de 1993, respectivamente, y
en la misma lista a Cieza Galván lo consideran desaparecido el 29 de agosto de
1993. Esto pone en evidencia la poca seriedad de la CVR en cuanto a constatar
la fecha de los sucesos, tomando mayor importancia el testimonio de Cieza.
Acerca de Marlon Huamán menciona que fue desaparecido en 1992.
Al día siguiente, domingo 6, Cieza hace una
reflexión: “Solo el miedo a no comer me
aferró a la vida, así de ridículo se sostenía mi existencia… a Miriam le aferró
la vida las promesas que le hicieron los militares, por eso toleraba todo, el
hecho es que yo no confiaba en nadie ni en Miriam porque como se ponían las
cosas la desesperación haría que por vivir mintiesen y claro alguien de seguro
sería perjudicado”. Ese domingo, como todos, escuchaban desde la habitación
la misa que se ofrecía en el patio del cuartel: “el cura habló nuevamente de paz y amor, las cosas eran difíciles pero
el pueblo peruano estaba saliendo adelante”. El miércoles 9 por la mañana
trajeron a alguien: “observé que está
duramente golpeado y esposado con las manos hacia la espalda cubierto los ojos,
tenía unos zapatos de vestir color marrón, pantalones color claro gris y una
camisa manga larga, esta última se encontraba ensangrentada, me le acerqué y le
pregunté su nombre Zócimo Curasma, respondió, le levanté la venda y me miró así
mismo lo miré no lo conocía, pero dijo que estudiaba en la U… me duelen las
muñecas – respondió… lo habían colgado con las esposas por mucho tiempo y las
muñecas están prácticamente cortadas… le dije que no se moviese, busqué un
alambre pequeño y delgado fue cuando encontré un sujeta papeles o clip, lo
desglosé y a Zócimo le aflojé las esposas para que moviese las manos
libremente, éste me lo agradeció y le dije que se lo pondría más arriba… Más
tarde Miriam me decía que él era el marido de Juana y que ella lo hizo atrapar,
que además Juana dice haberse embarazado de un oficial y a esta altura creo yo
también, la miré, le dije – si eso es verdad y si les pasa algo, en la morgue
el ADN de ellos estará registrado y los conducirá en contra de ellos mismos, no
creo que sean estúpidos – ella me miró con susto, era obvio, le estaba diciendo
que la matarían hiciese lo que hiciese”. El jueves 10 de septiembre
trasladaron a Cieza a otra habitación donde estuvo cautivo con: “Juana, Guarano, Miriam, Augusto, Justiniano,
estos dos últimos seriamente dañados… se los llevaron al segundo cuarto donde
estaba el taxista y Zócimo a estos no los volví a ver… cerca de la medianoche,
se abrieron las puertas, sin mediar palabras se llevaron a Juana le decían que
la soltarían y que se fuese a casa que estaba todo arreglado y sobre todo que
se fuese de la ciudad y que no dijera nada de lo que sabe, que se portó muy
bien, dicho esto se llevaron a Miriam también… más tarde de madrugada
regresaron con Miriam, esta estaba callada luego que se retiraron los militares
nos habló y dijo que a Juana la mataron cerca de un río”. Para la CVR,
Zócimo Curasma Sulla y Juana Ñahui Vilca fueron ejecutados extrajudicialmente
el 27 de agosto de 1992, fecha dudosa según el testimonio de Cieza.
El sábado 12, después del desayuno, Cieza fue
trasladado hacia otra habitación: “me
cubrió con una manta y me tomó por el cuello, me sacó del cuarto y me introdujo
en la parte trasera del jeep militar, este se movió y zigzagueó luego se
detuvo, me bajaron del jeep y me metieron en una habitación… alguien se me
acercó: sabes tombito hay una estrella que te protege – dijo el primer oficial…
Mierda si sales de aquí, no sabes, no viste nada – dijo el segundo oficial, Si
oficial lo que Ud. diga – respondí, No mierda, aquí no hay oficiales, ni
soldados, ni nada entiendes – dijo el segundo oficial… murmuraron que se
trataba de un general de la policía que “estaba presionando al nuestro” esa fue
la frase que me animó y vitalizó”. Cieza logró ubicarse: “parecía un baño abandonado, pero en buenas
condiciones… se ubicaba frente a un campo de futbol cinco, pavimentado,
cursando este se encontraba el comedor de las tropas del ejército, en el cual
había una leyenda que decía Cuartel Nueve de Diciembre – Huancayo con letras
negras y la pared verde, la habitación donde estaba se encontraba debajo de una
tribuna… A partir de ese momento no me imaginaba lo que es estar solo
incomunicado sin saber siquiera lo que es un sonido, cualquier sonido”.
Todo este tiempo estuvo incomunicado, el viernes
18, continúa: “estaba listo para morir,
de tarde un oficial entró y me preguntó – conoces a Luis Tocas Villanueva y a
Javier Gómez Gaspar – los conoces, me suena ese nombre pero no lo ubico,
oficial, pero creo que son de la U., respondí”. Continuó en el aislamiento
hasta el lunes 21 de septiembre que: “recibí
la visita de nada menos que del General, hombre de contextura gruesa y poco
pelo”, quien se limitó a hacerle unas preguntas al cabo del cual se retiró.
El martes 22: “me subieron al jeep y me
trasladaron al primer cuarto donde me encontré con Miriam, el Guarano (Héctor
Riveros) y con una sorpresa con Javier Gómez Gaspar… pensé que esa noche me
iban a matar ya que no creía que me dejarían con vida… pero ese día no
importaba, la libertad al morir hacía más fuerte, no más hambre, no más miedo,
y que Dios bendiga a mi familia sería la frase que repetiré mientras las balas
me perforen el alma… me buscaron de noche cerca de las 10 p.m. creo luego de
reiteradas amenazas de que me matarían si me ven en Huancayo donde esté y donde
vaya que haga silencio, me decían, a la vez que me subieron en la parte trasera
del jeep y me llevaron de regreso al tercer lugar donde estaba solo, ahí me
dejaron y me dormí”. Según la CVR, Javier Gómez Gaspar fue desaparecido el
21 de septiembre de 1992 y Luis Alberto Tocas Villanueva fue ejecutado
extrajudicialmente el 29 de septiembre de 1992, estas aseveraciones coinciden
totalmente con lo planteado por Cieza.
El miércoles 23 de septiembre: “a la 1 o 2 a.m. tenía ganas de orinar y como
conocía el lugar me fui con dirección al baño, sorpresa cuando me acerqué vi en
el banco de madera ahí, que aplastaba a dos cuerpos hinchados, me acerqué era
Justiniano Vicente y Augusto Galindo, estaban muertos bañados con agua como si
los estarían limpiando, me repuse y me dirigí al baño y oriné, cuando regresé
alguien al fondo estaba atado golpeado pero vivo, era Tunque Lizama creo porque
se parecía a él tenía muchas mordazas pero vivía, al rato sentí los autos, yo
me fui a mi lugar, me hice el dormido, eran los militares que venían por los
cuerpos y por el que estaba vivo amarrado ahí, luego me buscaron”. Este
dato cobra mucha fuerza si consideramos que la CVR también asevera que
Alejandro Tunque Lizama fue ejecutado extrajudicialmente el 24 de septiembre de
1992. En cuanto a Justiniano Vicente Rivera y Augusto Galindo Peña, la CVR
asevera que fueron ejecutados extrajudicialmente el 7 de septiembre de 1992,
dato que contradice el testimonio de Cieza.
Ese mismo día Cieza fue cambiado de ropa, subido
a un jeep y conducido a alta velocidad, le quitaron las esposas: “aléjate me decía una voz, y cuenta hasta
cien después quítate la venda. Eso hice conté hasta cien y me quité la venda,
el auto verde petróleo con vidrios polarizados, un jeep cuatro por cuatro se
alejaba en dirección a la provincia de Concepción… como no tenía zapatos
improvisé, me puse pasto dentro de mis medias, y caminé hasta el puente que
comunica ambas márgenes del río Mantaro… pero ellos no contaban con que yo
tenía pariente por esa zona la cual la conocía perfectamente, una vez de la
otra márgen me dirigí al pueblo de San Luis que prácticamente era como caminar
5 km… llegué al poblado ahí un campesino me miró seriamente, pero cuando le
hablé cortésmente éste me miró más fijo y me reconoció, yo le había preguntado
por mi tío el asintió y se fue a buscarlo, a partir de ahí mi historia es
distinta, yo pesaba antes de mi secuestro 64 kg. Ese día de mi liberación solo
48 Kg. Me torturaron de las tres formas existentes 8 días de forma física,
luego 9 días de forma mental viendo las torturas de los otros, en el menor de
los casos sólo escuchaba a 1 m. de distancia sus gritos y lamentos, luego 11
días de aislamiento total que daña seriamente la parte psicológica”. Pero
Cieza no solamente presenció eso, sino los vejámenes sexuales más bajos que
hicieron con las prisioneras, que por razones de respeto a sus memorias no
sería bueno detallar. También constató que todos los que vio en el cuartel
fueron muertos, excepto Héctor Riveros Izarra, el Guarano.
Según el testimonio del padre de Cieza, en la Audiencia Pública – 2002
ante la CVR, manifestó: “Me dediqué a averiguar en el servicio de inteligencia de la
policía, con resultado negativo, entonces tuve que evocarme exclusivamente al
cuartel 9 de diciembre de Huancayo. Pero,
¿qué hacer?... señores, recibí el apoyo de mis compañeros de trabajo, recibí el
apoyo de mis jefes, amigos, familiares y así pudimos, señores, infiltrar a un
amigo al cuartel 9 de diciembre, fue el primero de setiembre. Ese mismo día a
las 10 de la mañana, tuvimos el resultado de que Miguel Ángel se encontraba
dentro del cuartel, inmediatamente, fuimos a la fiscalía y recurrimos al
cuartel, porque mi interés era certificar que estaba ahí presente físicamente
Miguel Ángel, pero en el cuartel no nos dejaron entrar, ni a mí, ni a la
fiscala, pese que yo decía que yo lo había visto… recurrí a donde yo mejor pensaba, entonces busqué amistades,
busqué instituciones titulares que me apoyaran, fui al comando de la policía
nacional de aquel entonces, fui al poder judicial, al clero; señores, moví
cielo y tierra, solamente quería que constate que mi hijo estaba ahí y los
muertos seguían apareciendo, a diario concurría a la morgue para buscar su
cadáver, pero al no encontrarlo... me
quedaba una luz de esperanza. Así pasaban los días, hasta que una vez, en una
reunión de autoridades me llevaron, me dijeron de que el chico sí se encontraba
en el cuartel… Los días transcurrían, la
violencia política señores, se acrecentaba más y más, hasta que un 23 de
setiembre, recibí una llamada telefónica que me dijeron «tu hijo se encuentra
abandonado en el paraje denominado La Huaycha, del distrito de Mito».
Inmediatamente, tomé un taxi y fui a buscarlo, también fue grande mi sorpresa
al llegar allí de encontrar gran cantidad de jóvenes que celebraban el día de
la juventud. Pero alguien me dijo «tu hijo se encuentra en el anexo de San Luis
de Yaico» y allí fui, y efectivamente allí estaba, y saben lo que encontré
señores, a un muchacho que pesaba 68 kilos, no más de 50 kilos con andrajos,
con los pies sangrantes, con visibles huellas de haber sido cruelmente
torturado, es lo que encontré. Lo abracé a
mi hijo y lo traje a Huancayo, pero yo, yo
sabía que lo buscaban, por eso es que lo
llevé a un lugar muy seguro, gracias a que
tenía apoyo, ahí lo tuve, no podía comer,
todas las noches se levantaba, gritaba, pedía que no lo maten. Señores, era un
cuadro muy doloroso, y hasta hoy lo sigo viviendo, ¡no acaba esto!”.
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